Raúl Eugenio Zaffaroni habló sobre la causa Cuadernos y aseguró que el tribunal oral que interviene en ese juicio debería ordenar una investigación por las coacciones denunciadas durante el debate. El exintegrante de la Corte Suprema sostuvo que, si los jueces no avanzan en ese sentido, podrían quedar alcanzados por figuras como encubrimiento, complicidad o incumplimiento de deberes de funcionario público. Además, vinculó ese expediente con la condena a Cristina Fernández de Kirchner, planteó la posibilidad de una amnistía aprobada por el Congreso y también se refirió al funcionamiento de la Justicia y a la integración de la Corte.
Las declaraciones fueron hechas al hablar del juicio conocido como Cuadernos, que está a cargo de Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. En ese marco, Zaffaroni puso el eje en las exposiciones de personas que dijeron haber declarado bajo presión. Según expresó, el tribunal ya tomó conocimiento de hechos que, a su entender, podrían constituir un delito y, por eso, remarcó que corresponde extraer testimonio e impulsar una investigación formal.
Zaffaroni dijo que en la causa Cuadernos el tribunal debe investigar las denuncias de coacción
El exjuez de la Corte fue directo al marcar qué espera de los magistrados que llevan adelante el juicio oral. “Los tres jueces de la causa Cuadernos deben extraer testimonio y mandar a investigar el delito de coacción. Son 27 personas que dicen ‘yo tuve que mentir porque si no voy preso’. Si los tres jueces no lo hacen estarían incurriendo en encubrimiento, complicidad o, como mínimo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y se abre la posibilidad de destituirlos”, sostuvo.
Después amplió esa idea al señalar que, según su criterio, los integrantes del tribunal oral ya conocen hechos que podrían ser delictivos, porque durante el debate hubo 27 personas que denunciaron haber sido apretadas para declarar. En esa misma línea, afirmó que varios de esos involucrados explicaron que incluso fueron ante un escribano para dejar asentado que iban a mentir. Por eso, insistió en que un funcionario público, cuando toma conocimiento de un posible delito, tiene la obligación de denunciarlo.
En una entrevista con el programa Rayos X de Radio 10, Zaffaroni señaló: “Estamos ante jueces (los del tribunal oral) que toman conocimiento de un delito. Son 27 personas que denuncian la coacción y varios de ellos explicaron que fueron a un escribano para dejar asentado que iban a mentir. Es un escándalo. Antes eso (la coacción) la hacían en las comisarías. Se me quedan varios tipos penales dando vueltas. De entrada, me parece que debería intervenir la Corte o la Cámara de Casación. Pero también el propio tribunal: la obligación de los funcionarios públicos que toman conocimiento de un delito es denunciarlo. Tienen delante un indicio alto, una prueba, de un delito. Corresponde sacar testimonio y, bueno, investíguenlo. No queda otra”.
Además, en ese mismo análisis, vinculó esa situación con una mirada más amplia sobre el uso del sistema judicial y afirmó: “Estamos ante una selectividad primitiva de la justicia llevada contra líderes políticos. El lawfare”.
El exmagistrado también señaló a Stornelli y Bonadío
Zaffaroni también apuntó contra quienes, a su entender, habrían tenido responsabilidad en esas supuestas coacciones. “Acá hay un delito contra la libertad, la coacción, cometido por un fiscal (Carlos Stornelli) y un juez (Claudio Bonadío) y luego prevaricato, porque permitieron que alguien se declare autor de un delito en base a la coacción”, afirmó.
Junto con eso, el exmagistrado repasó parte del origen documental del expediente. Una pericia determinó que la letra de Jorge Bacigaluppo aparece en modificaciones de nombres y direcciones asentadas en los cuadernos, en textos sobrescritos en centenares de ocasiones. A la vez, en una causa paralela impulsada por los empresarios Armando Loson y Gerardo Ferreyra, Bacigaluppo fue procesado por falsificación, aunque después recibió falta de mérito porque se entendió que esa cuestión debía resolverse en el juicio oral.
Según lo expuesto sobre esa pericia, quedó planteada una sospecha fuerte sobre la autoría y la confección de buena parte de los textos. Los peritos concluyeron que numerosos pasajes pudieron haber sido dictados, debido al estilo de escritura y a la aparición de términos que no eran habituales ni en Oscar Centeno ni en Bacigaluppo. También se indicó que Diego Cabot entregó fotocopias de los cuadernos a Stornelli y que el fiscal impulsó el inicio de la causa eludiendo el sorteo que correspondía.
En relación con las audiencias de esta semana, se informó que declaran dos colaboradores de La Nación y, principalmente, el jueves, el expolicía Jorge Bacigaluppo, mencionado como uno de los protagonistas del expediente. De acuerdo con lo indicado, Bacigaluppo era amigo de Centeno, tuvo en su poder los cuadernos y se los entregó en un primer momento al periodista Diego Cabot.
La referencia a Cristina, la amnistía y los cambios que propuso para la Corte
Durante su exposición, Zaffaroni vinculó la metodología que describió en la causa Cuadernos con la condena a Cristina Fernández de Kirchner. En ese punto, planteó que la salida de fondo, según su postura, debería ser una ley de amnistía aprobada por el Congreso. “Con esta metodología -agregó el exjuez de la Corte- condenaron a Cristina. ¿Qué solución tiene? De fondo, una ley de amnistía. No sólo para ella. Hay una serie de condenados en condiciones de lawfare, o sea de uso de la justicia para la persecución política. Una ley de amnistía es perfectamente constitucional. Se puede empezar con un indulto, que tiene sus dudas. Pero de inmediato hay que mandar una ley al Congreso. Esa fue la solución con Perón y también Isabel. Hay que pasar por el Congreso sí o sí. Esa es la solución definitiva”.
Además, consideró que Cristina Fernández de Kirchner debería ser indultada, aunque aclaró que para darle sustento constitucional a esa decisión sería necesario avanzar luego con una ley de amnistía más amplia y no limitada a un solo expediente. Ese planteo lo ubicó dentro de una crítica general al funcionamiento del sistema judicial argentino.
Sobre ese punto, sostuvo que en la Argentina no existe un verdadero Poder Judicial por razones estructurales y atribuyó esa situación a un grupo reducido de jueces y fiscales ubicados en lugares clave. “Por supuesto que quienes están protagonizando este escándalo no son más que 30 o 40 jueces y fiscales -precisó Zaffaroni-. Todos, en posiciones claves, fundamentalmente en la justicia penal federal de la Ciudad de Buenos Aires, algo en Contencioso Administrativo y la Corte Suprema. En el resto, que son miles, hay gente que se puede decir que son más o menos conservadores, más o menos liberales, pero son personas normales. Y su nivel intelectual, no es malo, muchas veces. Lo que hace que no tengamos Poder Judicial es la cuestión estructural. No hay ningún poder judicial del mundo como el nuestro. Y, además, con una Corte que son tres tipos que se pelean entre ellos y ahora aparece hasta un intento de suicidio en el que se describen esas peleas”.
En esa misma línea, propuso ampliar la Corte Suprema hasta llegar a 24 integrantes, con un miembro por cada provincia y uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “En ese marco, aparece un tribunal que convalida la reforma laboral, que es claramente inconstitucional, y uno se pregunta qué clase de poder judicial tenemos. La respuesta es que no tenemos poder judicial. Desde ya que se necesita una Corte Suprema amplia, yo creo que de 24 integrantes, uno por cada provincia. Bien federal”.
Zaffaroni y la causa Cuadernos: el planteo que apunta al tribunal del juicio
Hacia el final, volvió sobre lo que, a su criterio, deben hacer los jueces del juicio oral frente a las denuncias hechas por imputados y acusados durante el debate. También incluyó una autocrítica dirigida al ámbito académico por la falta de control sobre el funcionamiento judicial. “Ojo, yo asumo las responsabilidades que le caben a la academia -concluyó el jurista-. No tenemos control de una justicia. Se presentan 27 personas y declararan en el juicio Cuadernos que los apretaron. ¡Y nadie hace nada! Estarían incurriendo en encubrimiento, complicidad. Un funcionario tiene el deber, cuando tiene noticia de un delito, de sacar testimonio y mandarlo a investigar a quien corresponda. Si no lo hacen serían cómplices, no sé, serían encubridores, o por lo menos incurren en incumplimiento de las funciones, lo que abre la posibilidad de un juicio político para removerlos”.