El diputado provincial Juan Esteban Romero presentó un proyecto de ley que propone implementar el denominado Test Antidrogas en Salta como requisito de permanencia en la función pública. La iniciativa busca que los principales cargos del Estado se sometan a controles médicos obligatorios, con el objetivo de garantizar ética, integridad y confianza ciudadana en quienes ejercen responsabilidades institucionales.
Según el texto presentado, los análisis alcanzarían al gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes autárquicos y descentralizados, además de los legisladores provinciales. También se aplicaría a los integrantes de la Policía de la Provincia hasta el rango de subcomisario.
El proyecto establece que, de aprobarse, los funcionarios deberán realizarse el examen en un plazo de cuatro meses desde la entrada en vigencia de la ley, con una periodicidad anual para sostener la vigencia del requisito.
Alcance y características del Test Antidrogas
El Test Antidrogas en Salta contemplaría distintos métodos de detección del consumo de sustancias ilegales. Los procedimientos podrían incluir rinoscopías, análisis de orina, estudios de sangre u otras pruebas consideradas eficaces por la autoridad de aplicación.
El Ministerio de Salud Pública de la provincia sería el organismo responsable de llevar adelante los controles. Para ello, los estudios deberán realizarse en instituciones médicas provinciales, garantizando estándares de seguridad, rigor científico y confidencialidad.
Los resultados, tanto positivos como negativos, estarán protegidos bajo la Ley Nacional de Protección de Datos Personales. De este modo, se busca resguardar la privacidad de cada funcionario, evitando filtraciones o exposiciones indebidas.
En los fundamentos del proyecto, Romero argumenta que la propuesta responde a la necesidad de reforzar la ética pública y la transparencia en el ejercicio de la gestión estatal. El diputado enfatiza que “un funcionario no puede enfrentar al narcotráfico y ser consumidor al mismo tiempo”. A su vez, señala que este mecanismo también previene posibles vulnerabilidades en quienes ocupan cargos de alta responsabilidad.
Sanciones previstas en caso de resultados positivos
El texto legislativo contempla sanciones diferenciadas según la naturaleza del cargo. Para los funcionarios designados, un resultado positivo implicaría el cese inmediato de funciones. En cambio, para los funcionarios electos, se prevé la suspensión o revocación del mandato, siempre bajo los procedimientos constitucionales que rigen en la provincia.
De esta forma, la iniciativa busca establecer consecuencias claras y firmes para garantizar la integridad en el desempeño público.
La postura de la Comisión de Salud
La diputada Laura Cartuccia, presidenta de la Comisión de Salud, confirmó que el proyecto será tratado en el ámbito legislativo correspondiente. “Estamos a la espera de que, cuando le toque el turno al diputado Juan Esteban Romero, se coloque el proyecto en el acta. Cuando eso ocurra y la Comisión de Salud deba dictaminar, lo citaremos nuevamente para que nos explique el alcance de su propuesta, junto a especialistas en la materia“, explicó.
Cartuccia consideró que se trata de una propuesta con impacto relevante en la vida institucional de la provincia. “Es imprescindible que tanto los funcionarios como los legisladores tengamos la ficha limpia. No le veo nada de malo a que debamos someternos a un test, más aún teniendo en cuenta lo que pasa a nivel nacional con funcionarios o candidatos vinculados al narcotráfico”, expresó.
La legisladora también defendió la legalidad y los alcances de la medida. “Todo lo que mejore la confianza de la gente y la transparencia en la función pública es un aporte positivo. Además, contamos con la ley nacional de protección de datos, por lo que no puede vulnerar la privacidad de nadie. Hacerlo sería cometer un delito”.
Próximos pasos legislativos
Cartuccia anticipó que el proyecto de Test Antidrogas en Salta podría incorporarse al acta de la Comisión de Salud durante la primera semana de noviembre. A partir de ese momento, se abriría un debate con la participación de especialistas en la materia y con la exposición de Romero, autor de la iniciativa.
La diputada adelantó su apoyo al proyecto y planteó incluso la posibilidad de ampliar su alcance. “Me parece que somos los primeros que debemos dar el ejemplo. Incluso creo que, además del test, deberíamos incluir exámenes psicológicos y físicos para acceder o permanecer en un cargo público”, indicó.
El debate legislativo se presenta así como una oportunidad para fortalecer los estándares de control y transparencia en la función pública provincial, en un contexto donde las problemáticas vinculadas a las adicciones y al narcotráfico atraviesan de manera transversal a la sociedad.