Salta reclamó ante Nación aportes atrasados para el Fondo Especial del Tabaco

El sector tabacalero también presentó denuncias por presunta subfacturación de cigarrillos y una propuesta de control con código QR.

Representantes del sector del tabaco de Salta, Jujuy y Misiones llevaron ante organismos de la Nación reclamos por pagos atrasados vinculados al Fondo Especial del Tabaco (FET). Durante reuniones con autoridades nacionales, plantearon que determinados aportes de empresas cigarreras no habrían ingresado de forma mensual y señalaron que esos recursos son necesarios para los productores que atraviesan la etapa de trasplante.

El dirigente tabacalero y vicepresidente tercero del Senado provincial, Enrique Cornejo, participó de los encuentros junto a referentes de las provincias productoras. Además de pedir la regularización de los fondos, las gestiones incluyeron presentaciones por una presunta subfacturación en la venta de cigarrillos y una iniciativa para instalar una planta deshidratadora en General Güemes.

El reclamo por los aportes del Fondo Especial del Tabaco

Cornejo se reunió con el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, para abordar la situación de la producción tabacalera y la operatoria del FET. Del encuentro también participaron Luis Cevasco, asesor de la Cámara del Tabaco de Salta, e Isac Lenguaza, representante de los productores de Misiones.

En esa reunión, los asistentes expusieron la falta de pagos mensuales que atribuyeron a empresas cigarreras, entre ellas Espert SA y Cigarrillos y Tabaco, firma jujeña que produce la marca CJ. Según indicaron, los aportes deben llegar al Fondo Especial del Tabaco para acompañar a los productores durante las labores de la campaña.

Los representantes señalaron que la demora en el ingreso de esos recursos incide en los gastos que deben afrontar los productores para las labores culturales y el desarrollo de los cultivos. Por ese motivo, solicitaron que se normalicen los aportes periódicos al FET y mencionaron la posibilidad de impulsar acciones judiciales para reclamar fondos que no habrían sido ingresados mensualmente.

El pedido sumó a entidades de Jujuy y otras provincias

Las gestiones también incorporaron el planteo de regularización impulsado por Pedro Pascuttini, presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, junto con otras entidades relacionadas con la actividad. El pedido fue transmitido ante las autoridades nacionales por los representantes de Salta, Jujuy y Misiones.

Por otra parte, Cornejo informó sobre un proyecto legislativo presentado en el Congreso de la Nación. La iniciativa propone aplicar gravámenes a nuevas manufacturas de tabaco y elevar la recaudación destinada al Fondo Especial del Tabaco, con acompañamiento de referentes de las siete provincias productoras, según indicó el dirigente.

La denuncia ante ARCA por la venta de cigarrillos

Los representantes provinciales realizaron además presentaciones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por una presunta subfacturación en la comercialización de cigarrillos. El sector afirmó que cerca del 40% de las operaciones del país no estaría tributando sobre el precio real de venta de los productos.

De acuerdo con los cálculos expuestos durante las gestiones, esa situación representaría una pérdida superior a los 700 millones de dólares anuales para el Tesoro nacional. Cornejo sostuvo que se trata de recursos coparticipables y señaló que la falta de ingreso alcanza a las provincias y, en Salta, a sus 60 municipios.

Como mecanismo de control, los dirigentes propusieron colocar un código QR en los paquetes de cigarrillos. La herramienta permitiría consultar el precio declarado de cada producto y realizar denuncias por internet, con ubicación geográfica, contra comercios que vendan por encima de ese valor sin tributar los impuestos correspondientes.

También hubo una reunión con la subsecretaria de Seguridad Social de la Nación, Alexandra Biasutti. Allí advirtieron que la presunta subfacturación podría afectar la percepción del impuesto adicional de emergencia a los cigarrillos, vigente desde 1995.

Según el planteo presentado en ese encuentro, la menor recaudación de ese impuesto generaría un desfinanciamiento cercano a los 70 millones de dólares anuales en el área social. Además, Cornejo elevó una propuesta para instalar una planta deshidratadora de frutas y verduras en el Parque Industrial de General Güemes, con inversiones privadas, infraestructura y agregado de valor a la producción regional.

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