La XXIV Reunión del Consejo Federal para la lucha contra la trata y explotación de personas continúa en la ciudad de Salta con representantes de todas las jurisdicciones del país. En la jornada de mañana se presentarán las conclusiones de las comisiones permanentes, mientras que también se definirá la sede del próximo encuentro. La agenda incluye temas ligados a la prevención, la asistencia a víctimas, los mecanismos de rescate y la revisión de respuestas frente a nuevas modalidades del delito, en un espacio que reúne a organismos nacionales, provinciales, Poder Judicial y organizaciones especializadas.
El Consejo Federal sigue y mañana mostrará las conclusiones del trabajo
La reunión se desarrolla en modalidad híbrida y forma parte de la continuidad de la XXIV Reunión del Consejo Federal. Según se informó, participan consejeros, organismos nacionales y provinciales, integrantes del Poder Judicial y organizaciones vinculadas a la temática.
Durante estas jornadas se analizan distintos ejes, entre ellos el fortalecimiento institucional del Consejo Federal, la presentación del Informe Anual 2025, la implementación de programas de reparación integral para víctimas y los mecanismos de rescate, acompañamiento y restitución de derechos.
La actividad seguirá mañana con un plenario en el que se darán a conocer las conclusiones elaboradas por las comisiones permanentes de trabajo. Además, en esa instancia se definirá cuál será la sede de la próxima reunión del organismo federal.
La prevención apareció como uno de los puntos centrales por los cambios en el delito
Uno de los planteos que atravesó la convocatoria fue la necesidad de revisar las respuestas estatales frente a las nuevas modalidades de captación. En ese marco, el secretario de Justicia y Derechos Humanos de Salta, Javier Mónico, sostuvo que “Los delitos cambian con la sociedad. Y si el delito cambia, también debe cambiar la respuesta del Estado”.
Mónico señaló que las organizaciones criminales recurren cada vez más a herramientas digitales para captar víctimas mediante falsas ofertas laborales, propuestas de estudio o vínculos construidos a través de redes sociales. Por eso, planteó la importancia de reforzar la prevención en entornos digitales.
También remarcó el papel del Consejo Federal como un ámbito de articulación y coordinación institucional. En ese sentido, afirmó: “Frente a organizaciones criminales que no reconocen límites jurisdiccionales, la respuesta del Estado tampoco puede estar fragmentada”.
Funcionarios y organismos coincidieron en la necesidad de una respuesta articulada
La apertura estuvo encabezada por el secretario de Justicia de la Nación, Santiago Viola; el ministro de Gobierno y Justicia de Salta, Ignacio Jarsún; Javier Mónico; y la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero Cornejo. También participó el fiscal general Eduardo José Villalba, titular de la Unidad Fiscal Salta.
Durante el inicio de las actividades, Jarsún remarcó la necesidad de sostener el trabajo articulado entre jurisdicciones y destacó la función de los espacios federales de coordinación. “La trata de personas no se combate con un solo organismo, ni con una sola provincia. Se combate en red, o no se combate”, afirmó.
El funcionario provincial agregó que Salta conoce de cerca los desafíos vinculados con esta problemática por su ubicación geográfica y su condición de provincia de frontera. En ese marco, ratificó el compromiso de la provincia para seguir fortaleciendo herramientas de prevención, asistencia e investigación. “Cada acuerdo que alcancemos en estos días, cada protocolo que mejoremos, cada dato que compartamos, se traduce en una vida protegida”, expresó.
La trata y la asistencia a víctimas formaron parte del eje común entre Nación y provincias
Por su parte, Santiago Viola destacó la importancia de consolidar la tarea conjunta entre la Nación, las provincias y los distintos organismos involucrados. Según se informó, ese trabajo apunta a fortalecer los mecanismos de prevención, asistencia y protección de las víctimas en todo el territorio argentino.
La reunión federal fue presentada como un espacio de articulación interjurisdiccional orientado a reforzar estrategias de prevención, asistencia, protección y persecución de este delito. Además, el Consejo Federal fue señalado como una herramienta para coordinar acciones entre la Nación y las provincias y promover políticas públicas comunes.
En paralelo, participaron representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas ONGs nacionales e internacionales y fundaciones vinculadas a la temática. La provincia fue elegida una vez más como sede del organismo federal, hecho que Mónico valoró al referirse a la necesidad de adecuar las políticas públicas a las transformaciones del delito.