SAETA notificó a las empresas subconcesionarias del transporte público de Salta que deben mantener la circulación y regularidad de los colectivos, aun cuando denunciaron atrasos de pagos. La comunicación, fechada el 3 de septiembre de 2026, fue dirigida a las operadoras que integran el sistema y remarca que los contratos continúan vigentes.
El organismo requirió que las empresas adopten las medidas necesarias para evitar cambios que afecten a los usuarios. La nota fue firmada por el presidente de SAETA, Claudio Mohr, luego de una presentación realizada por las compañías el 1 de septiembre.
SAETA pidió continuidad en los servicios
En el documento oficial, SAETA señaló que las operadoras deben asegurar el funcionamiento adecuado de los corredores que tienen a su cargo. El requerimiento alcanza a Transporte Automotor del Valle, El Cóndor, Transporte San Ignacio, Transal, Ale Hermanos, Eduardo Ale, Alto Molino, Ahynarca y Eduardo Ale UTE, entre otras firmas.
La entidad indicó que la prestación debe sostenerse “evitando cualquier suspensión, reducción o alteración unilateral” en los servicios. También dejó asentado que las obligaciones establecidas en los contratos siguen en plena vigencia.
Según la nota, las empresas habían advertido que, si continuaban las condiciones económicas que describieron, podrían verse impedidas de garantizar las prestaciones bajo su responsabilidad.
Las empresas informaron fondos pendientes de julio
Las operadoras manifestaron que todavía tienen pendiente el cobro de cerca del 80% de los fondos correspondientes a julio. A esa situación sumaron los compromisos vinculados con agosto.
Entre las erogaciones mencionadas figuran la compra de combustible, el mantenimiento de las unidades, los repuestos y los compromisos con proveedores. La advertencia quedó incluida en la presentación citada por SAETA.
Los pagos no modifican las obligaciones contractuales
SAETA informó que realiza gestiones ante el Gobierno de la Provincia de Salta para obtener una “asistencia financiera extraordinaria”, destinada a afrontar el déficit operativo del transporte público.
Además, señaló que efectúa transferencias a las empresas “conforme a los recursos efectivamente disponibles”. Sin embargo, aclaró que esas gestiones y pagos no cambian las responsabilidades previstas para las subconcesionarias.
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El organismo precisó que cualquier incumplimiento será evaluado según los contratos vigentes y el marco jurídico aplicable. También sostuvo que las obligaciones de las empresas deben mantenerse sin suspensiones, reducciones ni alteraciones unilaterales.