Dueños de fincas sobre la ruta nacional 86, cerca de Tartagal, llevan más de un año denunciando un robo sistemático de madera, ataques violentos, incendios intencionales y una estructura que seguiría operando de noche con motosierras, tractores y camiones rumbo a aserraderos de la zona, pese a los procedimientos policiales y las causas penales abiertas.
Propietarios rurales de la ruta nacional 86, a pocos kilómetros de Tartagal, aseguran que desde hace quince meses viven una pesadilla: robo de madera a toda hora, alambrados rotos, camiones cargados rumbo a aserraderos y hasta una casa incendiada con dos empleados adentro. Denuncian que, aunque hubo secuestro de vehículos, motosierras y varias detenciones, la banda que se dedicaría a la tala ilegal sigue entrando de noche a las fincas como si nada. La empresa Astillas de Plata, dueña de la finca Aliki, impulsó medidas judiciales que fueron rechazadas y sostiene que la situación se volvió “extremadamente peligrosa”.
Dueños denuncian robo de madera sin pausa y estructura forestal ilegal
Según los propietarios, la zona de fincas a la altura del kilómetro diez de la ruta nacional 86 está tomada por una red que se dedicaría al robo y extracción clandestina de madera. Relatan ingresos nocturnos de grupos numerosos, ruido constante de motosierras y movimiento de tractores y camiones hacia aserraderos cercanos, pese a que varios de esos rodados ya fueron fotografiados, filmados y mencionados en actuaciones policiales y judiciales previas.
La empresa Astillas de Plata, titular de la finca Aliki, intentó frenar el avance con presentaciones formales. Su apoderado legal, el abogado Víctor Hugo del Río, pidió medidas cautelares de protección ambiental y restricciones de acercamiento para resguardar al personal y a la propiedad frente a personas investigadas por robo de madera. También solicitó ser aceptado como querellante y actor civil y se opuso a liberaciones de detenidos vinculados a las causas.
Sin embargo, el 4 de diciembre Del Río fue notificado de que la Fiscalía Penal 2 de Tartagal rechazó su planteo, argumentando que faltaba un poder especial otorgado por escribano público y que el escrito estaba dirigido a una jueza de garantías. Mientras esas cuestiones formales se discutían en el expediente, los dueños de las fincas aseguran que la estructura delictiva siguió operando con normalidad en el monte.
Los testimonios hablan de un esquema repetido: rompían alambrados perimetrales, entraban con vehículos pesados y se llevaban madera sin ninguna autorización. Entre los rodados mencionados en distintas causas figuran un camión Mercedes Benz verde manzana, un Dodge rojo, un tractor Hanomag y dos acoplados. De acuerdo con los denunciantes, los mismos vehículos se seguirían viendo hoy en nuevos episodios, aun cuando ya habían sido identificados por personal policial en intervenciones pasadas.
Operativos, detenciones breves y una impunidad que envalentona a los taladores
Los propietarios relatan que efectivos de Infantería y de la Policía Rural participaron en varios procedimientos donde encontraron grupos numerosos cometiendo delitos en flagrancia dentro de los campos. Se concretaron algunas detenciones, pero muchas personas recuperaron la libertad pocas horas después. En paralelo, tractores, camiones y motosierras que habían sido secuestrados por orden judicial terminaron devolviéndose a sus dueños, lo que, según los rurales, permitió que el robo de madera continuara.
Dentro de este contexto, los denunciantes centran sus cuestionamientos en la Fiscalía Penal de Tartagal y mencionan al fiscal penal Rafael Medina. Afirman que perciben “un marco de impunidad que desalienta el accionar policial y empodera a quienes delinquen”. Sostienen que las liberaciones sucesivas, el uso de juicios abreviados con sanciones que consideran leves y la devolución de los elementos usados para la tala envían un mensaje de que invadir campos y destruir el monte no trae consecuencias reales.
Según la versión de los dueños de las fincas, esa sensación de impunidad habría disparado otro problema: un aumento fuerte en la agresividad de los grupos que entran a cortar madera. Aseguran que los efectivos policiales se encuentran con más resistencia cada vez, con episodios de enfrentamientos donde se habrían usado armas blancas e incluso armas de fuego.
En ese marco, describen “un escenario extremadamente peligroso, donde los grupos ilegales actúan con creciente violencia, convencidos de que cuentan con respaldo o tolerancia institucional”. Plantean que el personal policial se expone a ataques serios mientras los hechos de robo forestal se repiten y se expanden a lo largo de la ruta 86, con impactos ambientales, productivos y sociales amplios.
“Saqueo organizado del monte” y gestiones sin respuestas efectivas
Los propietarios rurales remarcan que lo que sucede no sería un simple robo aislado de troncos, sino una operatoria mucho más grande. Describen una estructura que requeriría logística, financiamiento, transporte, combustible y espacio en aserraderos para procesar la madera de alto valor. Según su mirada, esa red es alimentada por responsables de aserraderos de la zona, que aportarían camiones e insumos para mover la mercadería.
Esa dinámica fue bautizada por los denunciantes como un “saqueo organizado del monte”. La empresa Astillas de Plata asegura haber llevado el reclamo a distintas dependencias, con reuniones con autoridades de diferentes niveles. El titular de la firma, el ingeniero agrónomo Juan Kútulas, señaló que hubo acompañamiento en el plano verbal, pero que “no se han adoptado medidas concretas y eficaces”. En la misma declaración afirmó: “Mientras tanto, el robo continúa, la deforestación avanza y la situación se agrava noche tras noche”.
Kútulas describió que los propietarios de esa franja rural sobre la ruta nacional 86 se sienten en una situación de “absoluta vulnerabilidad, sin respuestas efectivas del sistema judicial y con un daño ambiental que crece día a día”. En ese pronunciamiento pidió la intervención de distintas instancias estatales, incluyendo niveles superiores del Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial, el Ejecutivo provincial y organismos ambientales, con el objetivo de frenar los robos y la deforestación ilegal y proteger a quienes viven y trabajan en la zona.
Incendio en la casa del cuidador de la finca Aliki: dos empleados se salvaron de milagro
Dentro de este cuadro general, la finca Aliki aparece como una de las más golpeadas. Además de la tala, arrastra un historial de incendios que los dueños vinculan a personas que entran a cortar especies nativas. En el establecimiento se registraron quemas deliberadas de rastrojos luego de roturas de alambrados y del ingreso no autorizado de grupos que extraen recursos del bosque, hechos que dieron lugar a numerosas denuncias formales.
La violencia habría escalado todavía más en los últimos meses. El 1 de noviembre, en pleno día, un grupo de personas aún no identificadas fue apuntado como posible responsable de un ataque contra la vivienda del cuidador de Aliki. Un informe del Destacamento Móvil 5 de Gendarmería Nacional, remitido el 2 de noviembre a superiores del Plan Güemes, indicó que se presume que los autores integrarían comunidades originarias de la zona.
De acuerdo con el relato incorporado a la causa, antes del incendio trabajadores de Astillas de Plata intentaron frenar a un grupo furtivo que buscaba internarse en sectores boscosos del establecimiento para talar cebil y quebracho blanco y colorado. Tras la resistencia de los empleados, la respuesta de los taladores ilegales habría sido incendiar la casa ubicada en la entrada de la finca, generando un fuego de gran magnitud.
La portería de Aliki quedó destruida por completo. Dos trabajadores que estaban adentro lograron salir a tiempo y salvar su vida. El episodio fue calificado como “demencial” por quienes hicieron la denuncia y originó una nueva causa penal por tentativa de homicidio, que se sumó a las múltiples actuaciones radicadas en la Fiscalía Penal 2 de Tartagal en los últimos quince meses.
En el parte elevado por Gendarmería se dejó asentado que autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación fueron informadas del incendio de inmediato. A partir de esa comunicación, desde la cartera nacional se dieron instrucciones al comando unificado del Plan Güemes para que interviniera en el terreno y esa misma noche se ordenó el envío de una dotación importante de efectivos a la finca.
En la madrugada posterior al ataque, una patrulla del Escuadrón de Gendarmería de Tartagal llegó a Aliki y encontró los restos carbonizados de la vivienda del cuidador. Los gendarmes realizaron tareas de constatación, relevaron la escena del siniestro y tomaron testimonios que fueron incorporados al informe remitido a sus superiores. Hasta el momento de la redacción de ese documento, no se había identificado a los responsables del hecho, que “por poco, no terminó con trágicas consecuencias”, según se consignó en la presentación de la empresa.
En la misma finca, el encargado dejó constancia en actas de otra preocupación: las picadas abiertas por los taladores dentro del monte podrían ser aprovechadas por grupos vinculados al narcotráfico para esquivar controles de seguridad con motos enduro. Ese planteo fue incorporado a las actuaciones que dieron cuenta de la presencia de Gendarmería y de las nuevas alertas en materia de seguridad en la zona.
La intervención de la fuerza federal en Aliki también dejó expuesto un límite de competencias jurisdiccionales. Los efectivos evitaron internarse a fondo en el establecimiento, circunscribiendo su accionar a sectores donde podían operar sin superponerse con la autoridad provincial. Esa decisión quedó registrada en los reportes elevados al comando del Plan Güemes.
En paralelo, los dueños de las fincas afectadas repiten que la operatoria de tala y transporte sigue activa en distintos puntos de la ruta nacional 86. De acuerdo con las denuncias, los camiones y tractores presuntamente ligados a este robo de madera continúan circulando entre los campos y los aserraderos. Sostienen que, aun cuando la Policía identificó varios rodados y labró actas en diferentes procedimientos, la dinámica de los delitos nunca se interrumpió.
Los testimonios recogidos mencionan también la presencia de integrantes de comunidades originarias articulados con madereros que comercializan la madera extraída. En distintos operativos de Infantería y Policía Rural se encontraron grupos numerosos dentro de los predios, dedicados a la tala de ejemplares de alto valor forestal, sin que los procesos penales posteriores hayan producido cambios visibles en la zona.
Según los propietarios rurales, la suma de todos estos episodios configura un cuadro de “daño ambiental que crece día a día” y de “absoluta vulnerabilidad” para quienes viven y trabajan en los campos ubicados sobre la ruta nacional 86.