La Cámara Federal de Casación Penal anuló el cierre de la causa por la represión a jubilados durante una movilización frente al Congreso, ordenó nuevas medidas de prueba y resolvió investigar a todos los responsables del operativo. En la misma decisión, también apartó a los jueces federales Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens. El expediente había sido archivado tras un impulso del fiscal Eduardo Taiano, pero la Sala II del tribunal revisó ese criterio luego del recurso presentado por la querella de Adolfo Pérez Esquivel.
La resolución fue firmada por Alejandro W. Slokar, Angela E. Ledesma y Guillermo J. Yacobucci. Sin embargo, no hubo unanimidad completa, porque Yacobucci votó en disidencia al considerar que el recurso no era admisible. Aun así, la mayoría del tribunal dejó sin efecto el archivo y marcó que la investigación debía seguir adelante.
El caso se originó por el operativo de seguridad desplegado durante una protesta de jubilados frente al Congreso. Según surge del fallo, la Casación tomó en cuenta registros audiovisuales difundidos por TN, donde se observaba el accionar policial sobre manifestantes jubilados que, de acuerdo con lo señalado en la resolución, no ofrecían resistencia.
La Casación revirtió el archivo por la represión y ordenó nuevas pruebas
La decisión de la Sala II hizo lugar al planteo presentado por la querella de Adolfo Pérez Esquivel, con patrocinio de María del Carmen Verdú. A partir de eso, el tribunal anuló el cierre de la causa y dispuso avanzar con nuevas medidas para esclarecer lo ocurrido durante la movilización.
En el fallo, los camaristas señalaron que correspondía investigar a todos los responsables del operativo. De ese modo, la causa volvió a activarse después de que el expediente hubiera sido archivado en instancias anteriores.
Además, la resolución remarcó la importancia de revisar el accionar estatal cuando hay denuncias por uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos. Por eso, la mayoría de la Sala entendió que el caso no podía quedar cerrado sin profundizar la pesquisa.
Los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens fueron apartados del expediente
Junto con la reapertura, la Cámara de Casación resolvió apartar a los jueces federales Bruglia, Bertuzzi y Llorens. El tribunal consideró arbitrario el archivo que había sido promovido por el fiscal Eduardo Taiano y luego sostenido en esa instancia.
Angela E. Ledesma acompañó el voto de Slokar y también cuestionó la intervención del fiscal que actuó en el arranque del expediente. En cambio, Guillermo J. Yacobucci se expresó en disidencia y sostuvo que el recurso presentado no debía ser tratado.
Con esa mayoría, la resolución dejó sin efecto lo actuado hasta el cierre de la causa y cambió por completo el rumbo del expediente, que ahora deberá seguir con nuevas medidas de prueba.
Qué dijeron los camaristas sobre el operativo y el rol del Estado
En su voto, Slokar afirmó que el despliegue de seguridad, en vez de garantizar derechos constitucionales como la libertad de expresión y de reunión, funcionó como un obstáculo sin justificación para el uso de la fuerza. También advirtió sobre la existencia de un “paradigma de combate” en las fuerzas de seguridad.
El magistrado agregó que la violencia estatal ejercida contra sectores vulnerables produce un “efecto desaliento” sobre el debate público y la democracia. En esa línea, citó criterios de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la obligación de investigar hechos de violencia contra manifestantes pacíficos y evitar situaciones de impunidad.
El fallo también señaló que la falta de control judicial ante excesos represivos puede afectar el sistema democrático y desalentar la participación ciudadana. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la resolución tomó relevancia en un contexto de cuestionamientos internacionales sobre las libertades públicas en el país.


La causa por la represión a jubilados volvió a abrirse y apartaron a jueces federales