Refacción por USD 245 mil: qué declaró el contratista ante la fiscalía en la causa de Adorni

El testigo aseguró que los pagos por la obra en Indio Cuá fueron hechos en efectivo y sin registración formal, según consta en la causa.

En la causa que investiga el patrimonio de Manuel Adorni, la refacción de su casa en el country Indio Cuá sumó un dato central: el contratista Matías Tabar declaró ante la fiscalía que cobró USD 245 mil por los trabajos. Según su testimonio, el pago lo hizo el propio Adorni, en efectivo, sin recibos y por fuera de una registración formal. La declaración fue realizada ayer en los tribunales federales de Comodoro Py, donde además entregó documentación, fotos y videos sobre la obra realizada en la vivienda ubicada en Exaltación de la Cruz.

Tabar compareció como testigo ante la fiscalía de Gerardo Pollicita. Al mismo tiempo, dejó su teléfono celular para que se haga una copia de sus conversaciones con el funcionario, después de explicar que había borrado mensajes y que el aparato debía ser peritado para intentar recuperar ese contenido. En la audiencia también estuvo el abogado defensor de Adorni, Matías Ledesma, quien revisó la documentación presentada.

De acuerdo con lo declarado por el contratista, una primera parte del dinero, USD 55 mil, fue abonada a fines de 2024 y el resto durante 2025. Tabar ubicó el período de trabajo entre octubre de 2024 y julio de 2025, y señaló que su intervención no se redujo a la obra en sí, sino que también incluyó tareas de renovación y mobiliario dentro del hogar.

La refacción quedó bajo la lupa por el testimonio de Matías Tabar

Al salir de la fiscalía, unas tres horas después de haber llegado, Tabar contó cómo empezó su vínculo con el funcionario. “Adorni me contactó por WhatsApp, por recomendaciones del barrio”, dijo en diálogo con Infobae. Además, ratificó que el entonces vocero presidencial fue quien afrontó los pagos por la obra.

Según surge del expediente, la casa tiene unos 400 metros cuadrados y fue sometida a una remodelación amplia. Entre los trabajos informados aparecen refacciones en la entrada, el garaje, la galería y las escaleras. También se hicieron pintura interior, enduido y reparación de paredes, además del recambio de pisos por porcelanato.

La documentación aportada incluyó además tareas de revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de la parrilla, remodelación de la pileta con cascada, trabajos en la cocina —sobre todo en mesadas, isla y desayunador— y ajustes de iluminación, junto con otras mejoras generales. Todo ese material fue entregado ante la fiscalía con detalle de compras e ítems vinculados a la renovación de la propiedad.

En su declaración, Tabar también afirmó que antes de presentarse fue contactado por Adorni, quien le dijo que necesitaba hablar con él. Bajo juramento, sostuvo que el jefe de Gabinete le ofreció “ayuda” o la posibilidad de que su equipo “lo contactara”, aunque finalmente decidió no seguir con ese intercambio después de asesorarse por su cuenta.

USD 245 mil por la obra y otros gastos que revisa la causa sobre Adorni

Mientras se hacían las refacciones, Adorni y su familia alquilaron otra casa dentro del mismo barrio privado. Por esa vivienda pagaron en total USD 13 mil, una cifra que, según reconstruyó Infobae, corresponde a 10 meses de alquiler. Ese gasto quedó incorporado al conjunto de movimientos inmobiliarios que revisa la Justicia.

El desembolso de USD 245 mil por la refacción de la casa de Exaltación de la Cruz, sumado a los USD 13 mil del alquiler en Indio Cuá, forma parte de una serie de movimientos patrimoniales examinados desde 2024. En ese listado también figuran USD 30 mil entregados como adelanto por un nuevo departamento en Caballito, otros USD 30 mil para devolver parte de un préstamo contraído con dos policías acreedoras, USD 25 mil por la casa de Indio Cuá y USD 10 mil en honorarios para la escribana Adriana Nechevenko.

Con ese detalle, el monto destinado por el funcionario a sus propiedades supera los USD 360 mil. A esa suma se agregan compromisos pendientes de pago que, según la reconstrucción de la investigación, ascienden a USD 335 mil y deben ser cancelados, en su mayoría, antes de noviembre.

Ese pasivo incluye USD 200 mil adeudados a dos jubiladas, USD 65 mil al hijo de una de ellas por las refacciones del departamento de Caballito y USD 70 mil a las dos policías acreedoras. La causa analiza esos números junto con el resto de los ingresos, gastos y deudas del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti.

La investigación también sumó viajes, préstamos y la compra de la vivienda

En paralelo, el expediente incorporó gastos por viajes y hospedajes. Según la reconstrucción citada por Infobae, se detectaron erogaciones superiores a USD 25 mil en una parte de los 18 viajes realizados por la familia, juntos o por separado, desde 2022. La investigación patrimonial, a cargo del fiscal Pollicita y del juez federal Ariel Lijo, contempla el análisis de esos traslados por Argentina y el exterior desde 2022 hasta la fecha.

Otro punto bajo revisión es la compra de la casa del matrimonio Adorni. La escritura se firmó en noviembre de 2024, el mismo día en que el jefe de Gabinete recibió un préstamo por USD 100 mil de dos mujeres policías. Esa propiedad no figura en su declaración jurada al cierre de ese año. Para obtener ese dinero, hipotecó su departamento de Parque Chacabuco, con el compromiso de devolverlo en dos años y una tasa anual del 11%, que se fue pagando en cuotas mensuales de entre USD 900 y USD 600.

De ese préstamo de USD 100 mil ya devolvió USD 30 mil. Además, para ingresar a Indio Cuá tuvo que pagar otros USD 5 mil en concepto de tasa de ingreso, aparte de los USD 120 mil que costó la casa.

Mientras avanza el expediente, Adorni habló primero en la Cámara de Diputados, después en una entrevista y finalmente esta mañana en conferencia de prensa. En esas intervenciones evitó responder las dudas sobre su evolución patrimonial y sostuvo: “Ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y la Cámara de Diputados, el miércoles pasado. Si tuviera que dar más explicaciones, las daré en el ámbito competente, que es la Justicia”. En el Congreso también había dicho: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la justicia”.

Para reconstruir el cuadro económico del funcionario y su esposa, el fiscal dispuso la intervención de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo de la Procuración General. La tarea consiste en analizar las pruebas ya incorporadas al expediente y sumar las nuevas evidencias a medida que se agreguen, según fuentes judiciales citadas por Infobae.

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