La Cámara de Diputados de Salta desató una fuerte conmoción política y social al aprobar un proyecto que mete de lleno a los padres en el centro de la escena cuando aparece el bullying en las escuelas. La reforma del Código Contravencional, avalada este martes en la Legislatura, permite aplicar multas, ordenar tareas comunitarias e incluso disponer hasta 30 días de arresto para los adultos responsables que se nieguen a colaborar con la Justicia y con las instituciones educativas cuando se denuncia acoso escolar. El texto fue girado al Poder Ejecutivo provincial para su promulgación, paso clave antes de que empiece a regir en toda la provincia.
La movida generó un intenso debate en el recinto y afuera, porque por primera vez se fija en una norma provincial la posibilidad concreta de que un padre o tutor termine sancionado penalmente si mira para otro lado ante una situación grave de hostigamiento entre chicos. Las discusiones se dispararon alrededor de esta pregunta: ¿hasta dónde llega la responsabilidad adulta cuando el conflicto irrumpe en el aula y se convierte en violencia?
Según expusieron los legisladores, la decisión no surgió de un día para el otro, sino luego de meses de análisis de casos de agresiones, amenazas y maltratos en escuelas de distintas partes del país, con especial atención en episodios extremos que terminaron en tragedia y que volvieron a poner el foco en lo que pasa dentro y fuera del horario de clases.
El proyecto apunta de lleno a los padres ante denuncias de acoso
La reforma aprobada introduce un cambio fuerte en el Código Contravencional: cuando se formalice una denuncia o notificación por acoso escolar o bullying dentro de un establecimiento educativo, los padres o tutores deberán presentarse ante el juez y cumplir sí o sí las medidas que se les impongan. No se trata solo de ir a firmar un acta, sino de acatar lo que establezca la autoridad judicial para frenar el conflicto.
Entre las herramientas que podrán aplicarse figuran el pago de multas económicas, la obligación de realizar tareas comunitarias y la asistencia obligatoria a tratamientos psicológicos o espacios de orientación. El texto también prevé el arresto por hasta 30 días como última instancia, para los casos en los que quede claro que el adulto se desentiende por completo, no aparece ante la Justicia o desacata todas las órdenes dictadas.
Durante la sesión se remarcó que la reforma busca llegar al punto donde el sistema escolar hoy no tiene respuesta: cuando una escuela realiza la comunicación formal a la familia por una situación de acoso, pero del otro lado no hay ni respuesta ni interés en cambiar la situación. Los diputados insistieron en que, si los adultos responsables no se involucran, los chicos que sufren hostigamiento quedan librados a la repetición del mismo esquema de violencia.
La diputada Socorro Villamayor fue una de las voces que defendió el proyecto en el recinto y se ocupó de despejar una de las principales dudas que circulaban en las redes y en los pasillos: explicó que la reforma no significa que automáticamente se va a meter presos a los padres cada vez que aparezca el término bullying en una denuncia. Aclaró que la línea central de la iniciativa pasa por garantizar un “compromiso efectivo” de las familias frente al acoso escolar, y no por llenar calabozos.
Cómo funcionará el nuevo esquema de sanciones para adultos
El articulado retocado del Código Contravencional fija un mecanismo concreto: si un establecimiento educativo genera una notificación o si ingresa una denuncia formal por acoso, el juez competente podrá citar a los padres o tutores, disponer medidas y exigir pruebas de cumplimiento. En cada caso, se evaluará el nivel de gravedad del conflicto y la actitud del adulto responsable frente a la situación planteada.
En ese marco, el pago de una multa no será la única opción. La norma menciona la posibilidad de ordenar tareas comunitarias vinculadas a la temática, asistencia obligatoria a espacios de orientación psicológica y otras acciones que apunten a modificar conductas y reforzar la contención adulta hacia los chicos. El arresto solo se contempla como el paso final, cuando quede demostrado que el tutor ignora deliberadamente las citaciones o se niega a cumplir las medidas impuestas.
Villamayor remarcó que uno de los problemas detectados en las escuelas es que muchas veces se cursan comunicaciones formales a los progenitores y, aun así, no hay cambios en la conducta del alumno involucrado ni en la actitud de los mayores. Según describió, con la reforma se intenta evitar que esas advertencias se pierdan en la nada y que el alumno acosado siga conviviendo todos los días con la misma agresión sin una reacción firme del mundo adulto.
De un tiroteo escolar en Santa Fe al debate por bullying en la Legislatura
Los discursos en el recinto no se quedaron solo en el plano local. Los diputados trajeron al debate el caso del tiroteo en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, donde un adolescente de 15 años entró armado al colegio y terminó con la vida de Ian Cabrera, de 13 años. Ese episodio, ocurrido hace dos semanas y difundido a nivel nacional, apareció una y otra vez como ejemplo extremo de lo que puede pasar cuando la violencia escolar se desmadra y no encuentra un freno a tiempo.
De acuerdo con lo que se comentó en base a información publicada por Infobae, hasta ahora no se pudo probar que el tirador y Cabrera tuvieran una relación previa o algún vínculo directo. Las primeras hipótesis indicaron que el chico asesinado no figuraba entre quienes habrían hostigado al agresor, lo que sumó aún más desconcierto a la investigación y al impacto social del hecho.
En el análisis parlamentario se mencionó que, tras el ataque, autoridades de Santa Fe comenzaron a revisar el entorno del adolescente, la dinámica familiar y su vínculo con los compañeros. Testimonios incorporados a la causa apuntan a que el joven habría sido víctima de bullying de manera sistemática, con episodios de maltrato que se repetían en el tiempo y que quedaron registrados en al menos un video difundido en la red social X, donde se observa cómo otro alumno le patea la silla mientras él aparece en primer plano.
Los datos que circulan en la investigación marcan también una fuerte tensión puertas adentro del hogar. Según lo reconstruido en la Legislatura a partir de esas fuentes, el padre, camionero, se habría ido de la casa dos años atrás para instalarse en la provincia de Entre Ríos, mientras que sobre la madre se informó que trabajó en el Ministerio de Educación santafesino y actualmente mantiene una licencia psiquiátrica. Un informe oficial citado en el debate describe un alto nivel de conflictividad familiar y señala la ausencia paterna como eje de esa situación.
Lo que dejó el debate y el paso siguiente del proyecto
En los discursos también se recordó que vecinos y conocidos del joven acusado lo describían como un chico “tranquilo” y “sin problemas”, aunque un padre de una alumna de 5° año de la Escuela N°40 declaró que, una semana antes del ataque, el adolescente habría dicho en voz alta que los iba a “matar a todos”. Ese tipo de advertencias, mencionaron varios diputados, apareció en el análisis como señal que no fue registrada a tiempo por el mundo adulto.
Se aprobó el proyecto que apunta a padres por casos de bullying en Salta
Mientras avanza la investigación en Santa Fe, la Legislatura salteña tomó ese y otros casos como marco de referencia para endurecer el esquema de sanciones en el Código Contravencional y para instalar una discusión incómoda: el rol de los padres cuando surge el bullying en las aulas. Con la aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto pasó ahora al Poder Ejecutivo provincial, que debe definir su promulgación para que la reforma entre en vigencia.