La prohibición de salida del país para Martín Insaurralde y Jesica Cirio quedó firme por decisión del juez federal Luis Armella, que además rechazó el pedido de detención presentado por el fiscal Sergio Mola. La medida fue dictada en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y también alcanzó, entre otros imputados, a Sofía Clérici. A la vez, el magistrado fijó restricciones de circulación, la obligación de informar desplazamientos y nuevas pautas de conducta mientras sigue la investigación. En la resolución, Armella sostuvo que esas medidas alcanzan para asegurar la presencia de los acusados en el expediente.
Según lo resuelto, Martín Insaurralde y Jesica Cirio no podrán salir del país y tampoco podrán alejarse a más de cincuenta kilómetros del domicilio denunciado sin autorización judicial previa. Si necesitan ausentarse por más de veinticuatro horas, deberán avisar al Tribunal con antelación suficiente. También se ordenó que actualicen su domicilio dentro de las 24 horas y lo mantengan vigente, además de asumir formalmente el compromiso de no obstaculizar la pesquisa.
El fallo se conoció en el marco del expediente FLP 38935/2023, donde se investiga a Insaurralde, entre otros, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La causa analiza hechos comprendidos entre 2009 y 2023, y en los últimos meses volvió a tomar impulso por la incorporación de videos, allanamientos y nuevas medidas de prueba sobre bienes, movimientos financieros y domicilios vinculados al exfuncionario y a personas de su entorno.
La prohibición de salida del país llegó con restricciones de movimiento y control judicial
En su resolución, el juez Luis Armella dispuso que la salida del país quede vedada para Martín Insaurralde y Jesica Cirio, con comunicación directa a la Dirección Nacional de Migraciones. Esa orden se sumó a un paquete de medidas que, según el magistrado, resultan “idóneas y proporcionales” para garantizar que los imputados sigan a disposición de la Justicia sin necesidad de avanzar con arrestos.
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La decisión no se limitó al viaje al exterior. También estableció la obligación de no ausentarse de un radio de cincuenta kilómetros del domicilio denunciado, salvo autorización judicial previa. Además, cualquier desplazamiento que implique estar fuera más de veinticuatro horas deberá ser comunicado al Tribunal con suficiente anticipación. Esa pauta rige mientras avanza la investigación y se completan distintas diligencias pendientes.
Junto con eso, el magistrado ordenó la actualización del domicilio dentro del plazo de 24 horas y la obligación de mantener esa información vigente. A la par, exigió una promesa formal de no entorpecer la investigación, de acuerdo con el artículo 210, inciso “a” del CPPF. La resolución también alcanzó, entre otros imputados, a Sofía Clérici, en el mismo marco de restricciones y control procesal.
por qué el juez rechazó el pedido de detención
El fiscal Sergio Mola había solicitado la detención al sostener que existía riesgo de manipulación, destrucción, ocultamiento o alteración de pruebas. Sin embargo, Armella descartó esa posibilidad y expuso cinco fundamentos centrales para no avanzar con una privación de la libertad. El primero estuvo vinculado al material audiovisual que dio nuevo impulso a la investigación.
Sobre ese punto, el juez señaló que el video en el que se observa a la conductora de TV con dinero en efectivo todavía no fue sometido a un peritaje por parte de la DATIP, dependencia del propio Ministerio Público. Por eso ordenó una pericia para determinar si las imágenes pudieron haber sido modificadas o adulteradas, incluso mediante inteligencia artificial. También dispuso que se establezca si el vestidor que aparece en esas secuencias corresponde a algún inmueble de los imputados.
Hasta que ese análisis no esté terminado, el magistrado entendió que el elemento principal invocado por la fiscalía no tiene validación comprobada. A eso agregó un segundo argumento: según el propio fiscal, el video dataría de 2023, posiblemente de un momento anterior al inicio de la causa y a los allanamientos realizados en la finca de San Vicente. Para Armella, esa secuencia temporal impide afirmar que exista un riesgo actual que justifique una detención.
La salida del país prohibida no fue el único punto que evaluó Armella en el expediente
Como tercer eje, el juez valoró la conducta procesal de los imputados. En la resolución indicó que se mantuvieron a disposición de la Justicia, respondieron a cada requerimiento y cumplieron con las restricciones que están vigentes desde octubre de 2023. Para el magistrado, ese comportamiento es un dato objetivo que aleja la hipótesis de fuga o de entorpecimiento del expediente.
El cuarto punto se centró en la situación de Jesica Cirio. “El juez advirtió que el Ministerio Público nunca identificó para Cirio un hecho concreto ni una calificación legal específica, incumpliendo el propio art. 283 del CPPN”. También remarcó que la fiscalía no pidió su indagatoria durante tres años, cuestión que interpretó como un reconocimiento implícito de que no había mérito suficiente para convocarla, en línea con lo planteado por las defensas.
El quinto fundamento apuntó de manera directa al dictamen fiscal. Armella entendió que la presentación contiene “graves defectos de fundamentación”, con una entidad que podría exponerla a una declaración de arbitrariedad o nulidad, con posible impacto sobre el desarrollo de toda la investigación. En esa misma línea, recordó que los informes de PROCELAC aclararon expresamente que no debían ser utilizados como prueba pericial.
La causa federal sigue con pericias, allanamientos y análisis sobre bienes y fondos
El expediente investiga posibles maniobras de lavado de dinero vinculadas a Martín Insaurralde. La pesquisa tomó impulso después de la difusión de fotos del exintendente navegando por el Mediterráneo en un yate junto a Sofía Clérici. Más tarde se sumaron videos grabados en 2023, donde aparecen fajos de dólares dentro del vestidor de la casa de Insaurralde ubicada en un barrio privado de San Vicente.
A partir de ese material, la Justicia ordenó allanamientos en domicilios vinculados con Jesica Cirio y con Elías Piccirillo. También dispuso el peritaje del teléfono celular que la modelo entregó en sede judicial. Una de las líneas abiertas dentro del expediente apunta a establecer el monto del dinero exhibido en las imágenes, que, según los investigadores, rondaría los diez millones de dólares.
Piccirillo, financista y expareja de Cirio tras el divorcio con Insaurralde, cumple prisión domiciliaria en otra causa. En ese expediente está acusado de haber montado un operativo para imputar falsamente por narcotráfico a un acreedor al que le debía dinero. Esa causa es distinta, pero su nombre aparece en las medidas que se fueron ordenando dentro de la investigación principal.
Además, el trámite judicial incluye análisis de cámaras de seguridad, peritajes sobre dispositivos secuestrados y el estudio de movimientos financieros. Entre las diligencias aparece una inspección ocular de la vivienda de San Vicente, que ocupa dos lotes en el barrio “Fincas de San Vicente Club de Chacras”, junto con un pedido de informes sobre ingresos y egresos al country desde 2022.
Jésica Cirio en la causa federal: el juez solicitó su celular
El objetivo de esas medidas es verificar si las imágenes de los videos corresponden efectivamente al inmueble investigado. En el mismo marco, el magistrado citó a declarar a dos ex empleadas domésticas y a Walter de la Fuente, contador de la empresa Sasaxa Libero SA, titular registral de la propiedad. El foco del expediente sigue puesto en el origen de los fondos detectados y en la titularidad de bienes atribuidos al exfuncionario y a personas de su entorno.