El presupuesto educativo nacional quedó bajo la lupa tras un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que estimó una reducción real del 47,7% en el bienio 2024-2025, es decir, una baja cercana al 50%. Además, el trabajo advirtió que, si no se amplían las partidas vigentes, en 2026 podría repetirse la tendencia con otra caída real de 12,7%. El estudio también indicó que la función Educación y Cultura acumularía así tres años seguidos de retroceso en términos reales dentro del gasto nacional.
El reporte fue difundido mientras las universidades siguen esperando el cumplimiento de la ley de financiamiento aprobada en el Congreso y ratificada por la Corte Suprema. En ese marco, el documento repasó cómo evolucionaron las partidas educativas en los últimos dos años y qué rubros fueron los más afectados por el ajuste. Al mismo tiempo, incorporó una discusión más amplia sobre los distintos modelos de financiamiento educativo y sus posibles efectos en el sistema argentino.
Según el IIEP, durante 2024 la función Educación y Cultura tuvo una contracción real del 43,2% frente al año anterior. Junto con eso, su participación en el PBI cayó alrededor de 0,6 puntos porcentuales. Para el instituto, el recorte se dio dentro de una dinámica general de reducción del gasto público nacional, aunque en educación la baja fue proporcionalmente más fuerte que en otras áreas.
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La reducción del presupuesto educativo se profundizó entre 2024 y 2025
De acuerdo con el trabajo, una parte central de esa caída estuvo vinculada con la discontinuación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, conocido como FONID. Ese mecanismo funcionaba como un complemento de los salarios docentes en las provincias. Tras ese cambio, las jurisdicciones pasaron a cubrir una porción más grande del financiamiento, y el informe señaló que eso profundizó el perfil descentralizado del sistema educativo argentino.
El estudio remarcó que en 2025 se mantuvo la tendencia que había empezado el año anterior. En concreto, registró un descenso real adicional del 7,9%. El propio IIEP sostuvo: “El ajuste volvió a concentrarse en algunos de los principales componentes del gasto educativo nacional, particularmente las transferencias destinadas a universidades y provincias y a programas de apoyo a estudiantes”.
Dentro de los programas relevados, el financiamiento universitario por medio de Desarrollo de la Educación Superior mostró en 2025 una caída real interanual del 5,4%. A la vez, las becas estudiantiles tuvieron una reducción del 42,5%, mientras que el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas bajó 49,5%. Así, el informe marcó que los recortes alcanzaron tanto a instituciones como a líneas de acompañamiento para estudiantes.
La excepción mencionada en el documento fue el Plan Nacional de Alfabetización. Según el estudio, esa política aumentó su nivel de ejecución y pasó a ubicarse entre las principales líneas de acción de la Secretaría de Educación. Ese punto apareció como el único rubro destacado con una evolución distinta dentro del panorama general que describió el IIEP.
Qué puede pasar en 2026 si no cambian las partidas vigentes
En sus proyecciones para 2026, el instituto planteó que, si no se concretan nuevas ampliaciones presupuestarias, volvería a verificarse una contracción real del gasto educativo. La estimación incluida en el informe fue de una baja del 12,7%. De cumplirse ese escenario, Educación y Cultura sumaría tres años consecutivos de retroceso real.
El reporte agregó otro dato de peso: si esa proyección se concreta, la participación de Educación y Cultura tanto en el PBI como dentro del gasto total de la Administración Pública Nacional se ubicaría en los niveles más bajos desde el comienzo de la serie. De ese modo, el trabajo no solo midió la caída acumulada sino también el lugar cada vez más chico que ocuparía esta función dentro del presupuesto nacional.
La UBA analizó el impacto de la reducción y el debate sobre el financiamiento
Además de revisar las partidas, el informe se metió en una discusión de fondo sobre los esquemas posibles de financiamiento educativo. En primer lugar, recordó que históricamente el sistema argentino se organizó sobre un modelo orientado a la oferta. Bajo esa lógica, los recursos públicos se asignan a los sistemas provinciales y a las instituciones para garantizar infraestructura, cargos docentes y salarios, con el objetivo de sostener condiciones básicas de funcionamiento.
Frente a ese esquema, el IIEP describió el modelo de asignación por demanda como una lógica vinculada a los cuasi-mercados educativos. En ese caso, el financiamiento se separa de la provisión y el Estado sostiene el sistema con transferencias a familias o estudiantes, que luego eligen entre distintos prestadores educativos. Según ese enfoque, la competencia entre instituciones y la libertad de elección funcionarían como mecanismos para mejorar la eficiencia y la calidad.
Sin embargo, el instituto señaló que el análisis de esas herramientas no puede quedar limitado a su funcionamiento fiscal o administrativo. El documento sostuvo que también hay que mirar sus efectos sobre la equidad, la cohesión social y la distribución territorial de la oferta educativa. En ese punto, el informe explicó: “En contextos de fuerte desigualdad, los mecanismos de competencia pueden derivar en segmentación de la matrícula, debilitamiento de la oferta estatal y ampliación de brechas preexistentes”.
En ese marco, el estudio mencionó que el Gobierno impulsa la discusión sobre vouchers, becas o transferencias directas a familias, con eje en la libertad de elección y la competencia entre instituciones. Para la UBA, esas propuestas “plantean interrogantes respecto de sus posibles efectos sobre la segmentación social, la desigualdad territorial y la fragmentación del sistema educativo”.
El informe incluyó transferencias a privados y diferencias entre jurisdicciones
El reporte también evaluó que una eventual transición entre el financiamiento de la oferta y el financiamiento de la demanda no sería neutra en términos fiscales. Según el IIEP, el primer esquema permite distribuir recursos de acuerdo con criterios ligados a la cobertura territorial y al sostenimiento institucional. En cambio, el segundo desplaza una parte de las decisiones de asignación hacia las familias y los estudiantes. En esa redefinición, añadió el documento, el Estado reduce el respaldo a capacidades ya instaladas y aumenta el subsidio a elecciones individuales.
Dentro de ese análisis, el instituto recordó que desde 2024 se aplican transferencias para familias con hijos en escuelas privadas subvencionadas. Esos aportes alcanzaron a 830.000 estudiantes en 2024 y a 504.808 en 2025. El mismo informe precisó: “Esta iniciativa no constituyó un sistema generalizado, sino una transferencia focalizada y orientada a cubrir parcialmente el pago de cuotas”.
El IIEP indicó que esa política implicó un aumento de recursos nacionales dirigidos a la educación de gestión privada al mismo tiempo que se daba el desfinanciamiento de la educación estatal. En palabras del estudio: “La implementación del programa implicó un refuerzo a los recursos nacionales destinados a la educación de gestión privada, en un contexto de desfinanciamiento a la estatal”.
El trabajo agregó que en 2023 ya se había habilitado la deducción en Ganancias de gastos escolares privados, un beneficio fiscal que, según consignó, favorece a los sectores de mayores ingresos. También sumó entre los antecedentes el proyecto de “Libertad Educativa”, que propone transferencias a instituciones privadas.
Sobre ese punto, el informe indicó que la normativa vigente menciona el financiamiento en relación con la supervisión y, en ciertos casos, con subvenciones, aunque sin fijar un mandato de “regularidad”. En relación con la propuesta, el IIEP advirtió: “Si bien el objetivo es garantizar el derecho de los padres a optar por una educación acorde a sus valores, esto implicaría una nueva vía de refuerzo al financiamiento de las escuelas privadas en el marco de un retroceso de los recursos para la educación pública. Los cambios podrían profundizar la segmentación del sistema y tener efectos desigualadores en el acceso a la educación de calidad”.
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Por último, el reporte sumó otro elemento sobre el alcance de estas herramientas. Según indicó, se trata de políticas con cobertura acotada porque la matrícula se concentra mayoritariamente en las escuelas públicas, con la excepción de CABA. A partir de esa distribución, el instituto planteó que los efectos podrían ser desiguales entre jurisdicciones. “Podemos decir que estas políticas podrían contribuir a reforzar las desigualdades territoriales existentes en materia de capacidad de financiamiento, ya que algunas de las jurisdicciones donde se concentra la mayor parte de la matrícula de gestión privada son aquellas con mayor disponibilidad presupuestaria”, concluyó el IIEP.