La asociación de consumidores Protectora presentó una demanda colectiva en la Justicia de Salta contra Bazar Avenida por préstamos cuestionados, con tasas efectivas anuales que, según el expediente, habrían llegado hasta el 733%. La entidad pidió frenar de manera cautelar los juicios ejecutivos y los descuentos sobre salarios de trabajadores alcanzados por esas operaciones. Además, solicitó anular cláusulas vinculadas a los intereses, una indemnización por daños punitivos cercana a $1.000 millones y el análisis de una eventual intervención penal.
El pedido judicial por los préstamos cuestionados
Protectora solicitó que se suspendan temporalmente los procesos judiciales y los descuentos aplicados sobre haberes. La presentación tramita en el Juzgado en lo Civil y Comercial de Quinta Nominación y fue dirigida contra la firma Bazar Avenida.
La acción está relacionada principalmente con créditos otorgados a empleados públicos provinciales. De acuerdo con lo expuesto por la asociación en el expediente, las operaciones habrían sido realizadas bajo una modalidad contractual común y alcanzarían a una cantidad considerable de consumidores salteños.
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También se pidió que queden sin efecto las cláusulas de intereses señaladas en los contratos. A la vez, la entidad requirió una indemnización por daños punitivos cercana a los $1.000 millones.
Los registros incorporados a la demanda
La documentación presentada menciona 357 operaciones durante mayo de 2024 y otras 364 en junio de ese mismo año. Según la demanda, esos registros habrían sido presentados por la empresa ante la Dirección General de Rentas de Salta.
En las nóminas incorporadas aparecerían numerosos trabajadores provinciales identificados como deudores. Protectora sostuvo que existirían más de 700 préstamos con características similares y que parte de esas obligaciones ya es reclamada mediante causas que derivaron en embargos salariales.
Las tasas y los casos incluidos en el expediente
Uno de los antecedentes menciona un crédito de $450.000 y un pagaré posterior por $2.395.035. En ese caso, la documentación consignaría una Tasa Efectiva Anual del 733,50%, según surge de la acción judicial.
Otro expediente citado corresponde a una trabajadora provincial que habría recibido un crédito de $248.000. Luego, se habría emitido un pagaré por $1.319.930,40, con una TEA informada del 710,02%.
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El expediente fue puesto en conocimiento de la Procuración General de la Provincia. La Justicia deberá resolver sobre la validez de los contratos, las tasas aplicadas y la procedencia de los embargos salariales cuestionados, mientras que también se pidió analizar si los préstamos denunciados ameritan la intervención del fuero penal.