Una ley recién aprobada en el Parlamento de Israel encendió todas las alarmas en el mundo: se abre la puerta a aplicar pena de muerte a palestinos acusados de matar israelíes en ataques señalados como terroristas, reforzando una escalada que vuelve a poner en el centro del conflicto a Israel y a los territorios ocupados. La votación se realizó este lunes en la Knesset, con fuerte apoyo del oficialismo y rechazo opositor, mientras gobiernos europeos, organismos de derechos humanos y autoridades palestinas salieron a cuestionar la movida casi de inmediato.
La nueva ley de pena de muerte que sacude a Israel y al mundo
Según el texto avalado este lunes en el Parlamento, la norma permite que se imponga la pena de muerte a palestinos condenados por matar israelíes en ataques definidos como actos terroristas o de tinte nacionalista. El alcance se limita a delitos que ocurran de ahora en adelante y la ley fija un plazo de 30 días para comenzar a regir, lo que deja una ventana corta antes de que empiece a aplicarse en los tribunales.
En la sesión plenaria, la iniciativa consiguió 62 votos a favor y 48 en contra, una diferencia ajustada que dejó expuesta una grieta política interna muy marcada. El proyecto fue impulsado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y contó con el respaldo explícito del primer ministro Benjamin Netanyahu, que se alineó con los sectores más duros del gobierno durante el debate legislativo.
Ben-Gvir fue tajante frente a los diputados al defender la reforma penal. En pleno recinto lanzó una frase que recorrió las redes y los noticieros del mundo: “Desde hoy, todo terrorista lo sabrá: quien quite una vida, el Estado de Israel le quitará la vida”. La declaración quedó asociada de inmediato al nuevo esquema de castigo que se prepara para los acusados de ataques mortales contra ciudadanos israelíes.
La norma también marca diferencias entre los distintos tipos de tribunales. En el caso de los tribunales militares que juzgan a residentes de Cisjordania, se establece que la sanción por defecto será el ahorcamiento, una modalidad de ejecución que quedó escrita de manera explícita en la legislación. En paralelo, los tribunales civiles de Israel tendrán la opción de elegir entre la pena capital o la prisión perpetua, siempre que se considere que el objetivo del crimen fue dañar la existencia del Estado.
Furia de la Autoridad Palestina y fuertes advertencias de organismos civiles
Apenas se conoció la aprobación de la ley, la reacción de la Autoridad Nacional Palestina llegó a través de un mensaje del Ministerio de Asuntos Exteriores difundido en la red social X. En esa comunicación oficial, la cartera diplomática sostuvo que “Israel no tiene soberanía sobre el territorio palestino”, apuntando directamente a la legitimidad de la norma para aplicarse en zonas ocupadas.
En la misma nota, el ministerio agregó que “esta ley revela una vez más la naturaleza del sistema colonial israelí, que busca legitimar las ejecuciones extrajudiciales bajo el amparo legislativo”. El texto circuló con fuerza en redes y medios internacionales, sumándose al clima de indignación que ya venían expresando organizaciones humanitarias y activistas de derechos humanos.
Desde dentro de Israel también aparecieron voces de alerta. La Asociación por los Derechos Civiles en Israel presentó un recurso ante el Tribunal Supremo cuestionando la norma. La organización planteó que la nueva herramienta penal es discriminatoria y pidió que se revise su constitucionalidad, apuntando al trato desigual que podría recibir la población palestina frente a otros grupos.
Denuncias de trato desigual y preocupación por los palestinos
En ese contexto, el investigador Amichai Cohen remarcó las diferencias que podría generar la aplicación selectiva de la ley. Al hablar sobre cómo se instrumentaría el castigo, advirtió sobre el riesgo de un sistema de justicia con dos varas y señaló de manera directa: “Los judíos no serán acusados en virtud de esta ley”. La frase se instaló como uno de los puntos más duros del debate público.
Este posible desequilibrio jurídico, con palestinos expuestos a la pena máxima y ciudadanos judíos fuera del alcance del mismo tipo de castigo, sumó combustible a la polémica en redes y foros internacionales. Distintos especialistas comenzaron a discutir cómo esta reforma podría agravar la brecha de trato entre comunidades dentro de Israel y en territorios como Cisjordania.
Las críticas no quedaron solo en la región. La iniciativa de pena de muerte para palestinos encendió alarmas entre varios aliados europeos de Israel. Representantes de Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña ya habían marcado de antemano su preocupación por el impacto que esta reforma podría tener sobre los compromisos democráticos asumidos por el país, sobre todo en materia de derechos humanos y garantías judiciales.
En el plano político interno, la aprobación abrió otro frente de conflicto. Sectores opositores advirtieron que esta herramienta punitiva podría complicar futuras negociaciones de rehenes, ya que la amenaza de ejecución podría endurecer respuestas y represalias. En ese mismo marco, recordaron que el servicio de seguridad interna Shin Bet había alertado sobre el riesgo de reacciones violentas a partir de la puesta en marcha de la nueva ley.