Bronca total en Salta por posible pena condicional al acusado por la muerte de Santiago Liquín

El juez pateó para la semana que viene la definición sobre el pedido de cambiar la carátula y la chance de un juicio abreviado en la causa por la muerte de Santiago Liquín.

La chance de que el imputado termine con una pena condicional encendió la bronca y el dolor en la familia de Santiago Liquín, el joven de 25 años que murió atropellado en la avenida del Carnaval, en la zona sur de la ciudad de Salta. El conflicto estalló tras la audiencia realizada este miércoles en la Ciudad Judicial, donde el juez de Garantías Nicolás Rodríguez Pipino escuchó a las partes, pero decidió postergar cualquier definición clave sobre la causa.

Al salir de la sala, el padre del muchacho, Saúl Liquín, no ocultó la angustia que les provoca la posibilidad de una condena en suspenso para el acusado. “Contemplar que ese sujeto pueda terminar con una condicional después de lo que hizo, es como una nueva puñalada al corazón para nosotros”, dijo, dejando en claro el rechazo absoluto de la familia a cualquier salida que no implique una pena efectiva.

La audiencia de este miércoles se transformó así en un nuevo capítulo cargado de tensión en el expediente, que tiene como imputado a Atilio Navor Rojas y que viene escalando en gravedad desde que se modificó la calificación legal, pasando de homicidio culposo a homicidio simple con dolo eventual, lo que cambió por completo el escenario penal.

Audiencia caliente, cuarto intermedio y temor por la pena condicional

Durante el debate llevado adelante ante el juez Rodríguez Pipino, la discusión giró principalmente en torno al pedido de la defensa de Rojas para bajar la calificación y avanzar hacia un posible juicio abreviado, que podría terminar, según temen los familiares, en una pena condicional sin cárcel efectiva para el imputado.

Testigos que estuvieron presentes dentro de la sala contaron que el magistrado no dictó ninguna resolución en el momento y, en cambio, pidió que las partes intenten llegar a algún tipo de entendimiento. Según esos relatos, el planteo habría sido que el acusado se haga responsable y que se analice una pena de tres años excarcelable, opción que despertó inmediatamente la alarma en el entorno de Santiago Liquín.

En lugar de cerrar la discusión, el juez decidió fijar un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, fecha en la que adelantó que se expedirá sobre todos los pedidos que están sobre la mesa, entre ellos el cambio de carátula y la viabilidad del juicio abreviado. Hasta que llegue ese día, el rumbo definitivo del expediente seguirá en suspenso y la familia del joven continuará con la incertidumbre sobre qué tipo de condena podría enfrentar el imputado.

Al terminar la audiencia principal, se organizó una reunión aparte entre el fiscal del caso, Gabriel González, la defensa de Rojas y el abogado querellante de la familia Liquín, Omar Sosa. En ese encuentro se analizó de lleno la opción de un juicio abreviado, pero tanto la Fiscalía como la querella rechazaron esa salida, por lo que quedó frenada cualquier clase de acuerdo en esos términos antes de que hable el juez.

Del homicidio culposo al dolo eventual: el giro que tensó todo

La disputa actual sobre la carátula penal arrancó dos semanas atrás, cuando el fiscal González pidió agravar la imputación contra Rojas. En un primer momento, el conductor había sido acusado de “homicidio culposo en accidente de tránsito”, con los agravantes de haberse fugado del lugar y conducir con alcohol en sangre, pero luego el expediente dio un giro fuerte.

Tras el pedido del representante del Ministerio Público, el juez de Garantías de turno dispuso cambiar la figura legal a “homicidio simple con dolo eventual”. Ese cambio implicó que el caso pasara a tener un marco de pena muchísimo más alto y dejó abierta la puerta a una condena que ya no sería compatible, en principio, con una pena condicional, lo que fue seguido de cerca por la familia de Santiago Liquín.

La calificación original de homicidio culposo preveía entre 3 y 6 años de prisión, además de una inhabilitación especial para manejar de 5 a 10 años, según los agravantes evaluados al momento de la sentencia. En cambio, el homicidio simple con dolo eventual contempla penas de 8 a 25 años de prisión, de acuerdo con el artículo 79 del Código Penal Argentino, lo que marcó un antes y un después en la causa.

Frente a este endurecimiento, la defensa de Rojas cuestionó el cambio y, en la audiencia de este miércoles, insistió en que se revierta la nueva calificación, a la que tildó de “exagerada”. Ese planteo encendió nuevamente las alarmas en los allegados a la víctima, que ven con preocupación la chance de que se retroceda en la acusación y se reabra la puerta a una condena de ejecución condicional.

El reclamo de la familia de Santiago Liquín y las pruebas de la causa

En declaraciones al medio Gente de Salta, Saúl Liquín volvió a dejar en claro que su familia no acepta un trámite abreviado para el expediente de Santiago Liquín. “Por supuesto que de nuestra parte no vamos a estar de acuerdo nunca en que se llegue a un juicio abreviado no solo porque no corresponde, queremos un juicio oral y público y que la sociedad conozca lo que hizo ese sujeto, y porque hay una cantidad de pruebas enorme entre videos, testigos y otras que expondrán lo que ocurrió aquella noche”, afirmó.

El padre también relató cómo les pegó anímicamente la jornada en la Ciudad Judicial. “Hoy fue un día gris, otro más, lleno de angustia, tener que volver a revivir la pérdida de nuestro hijo y el profundo dolor que eso singifica, y que pasen estas cosas”, sostuvo. En ese mismo contexto, consideró que, “al parecer y espero estar equivocado para el juez no es suficiente todo lo que se recabó en la investigación en materia de pruebas”.

El hecho que originó la causa ocurrió el 11 de noviembre, cuando Santiago Liquín fue atropellado sobre la avenida del Carnaval por un conductor que, según surge del expediente, manejaba alcoholizado. Después del siniestro fatal se dictó la prisión preventiva de Rojas y, en una audiencia anterior, ya se había rechazado el pedido de que el imputado pasara a arresto domiciliario, lo que había sido acompañado por familiares y amigos del joven.

En esa instancia previa, el entorno de la víctima se acercó a la Ciudad Judicial para respaldar el planteo de la querella y la Fiscalía a favor de que el acusado siguiera detenido, y celebraron la resolución con un abrazo colectivo en la puerta del edificio. Desde entonces, la defensa de Rojas viene insistiendo en flexibilizar su situación procesal y revisar la calificación que hoy lo tiene imputado por homicidio simple con dolo eventual.

Hasta ahora, el expediente acumula distintos elementos probatorios señalados por la familia Liquín, entre ellos registros de cámaras y declaraciones de testigos. Según contó el padre de Santiago Liquín, todo eso se mostrará de manera completa en un eventual juicio oral y público, instancia a la que apuntan tanto la querella como la Fiscalía para evitar cualquier desenlace con pena condicional.

El próximo paso quedó fijado para el miércoles siguiente a la audiencia, cuando el juez Rodríguez Pipino deberá resolver sobre el pedido de cambio de carátula, la posibilidad o no de un juicio abreviado y las otras cuestiones planteadas respecto de la situación procesal de Atilio Navor Rojas.

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