La investigación por la muerte de una paciente en la maternidad “Dra. Josefina Scaro” de Alto Comedero, en Jujuy, sigue en marcha y ya tiene a dos médicos imputados bajo la figura de homicidio culposo. El caso se abrió después de una denuncia presentada por la familia de la mujer fallecida, cuyo deceso ocurrió el 31 de mayo dentro del establecimiento de salud. La fiscalía busca reconstruir cómo sucedió el hecho y determinar si existen responsabilidades penales, mientras suma historia clínica, autopsia, testimonios, registros de cámaras y evidencia digital.
En las últimas horas, los dos profesionales comparecieron por separado ante la fiscalía. En esas audiencias se les informó cuál es el hecho que se les atribuye y también los elementos reunidos hasta ahora en la etapa preliminar. En representación de la madre de la mujer fallecida intervino la querella. Los imputados eligieron no declarar, aunque hicieron saber su disposición a colaborar con el expediente.
Según se informó, la causa quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas. Desde allí se ordenaron distintas medidas para revisar qué pasó dentro de la institución sanitaria y para sumar pruebas médicas, técnicas y documentales al expediente.
La muerte de la paciente abrió una causa penal en Jujuy
El expediente comenzó tras la denuncia realizada por la familia de la mujer. A partir de esa presentación, se dispuso el inicio formal de la investigación y, además, se pidió de manera inmediata la historia clínica, documentación complementaria y otros registros considerados relevantes.
El fallecimiento ocurrió dentro de las instalaciones de la Maternidad “Doctora Josefina Scaro”, situación que dio paso a la intervención judicial. En ese marco, el Ministerio Público de la Acusación impulsa la pesquisa para establecer de qué manera se produjo la muerte y si de las actuaciones surgen responsabilidades penales.
De acuerdo con lo publicado por Somos Jujuy, la investigación está a cargo del fiscal Aldo Lozano, de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas. Junto con la ayudante fiscal Ana Laura Eliazarian, ordenó medidas destinadas a reconstruir la secuencia de lo ocurrido en el centro de salud.
La fiscalía también mantuvo contacto con los familiares de la mujer y con sus representantes legales para informarles sobre el avance de las actuaciones, dentro de los límites que impone la confidencialidad propia de la instrucción.
Los imputados no declararon, pero la fiscalía ya activó nuevas medidas
Durante las audiencias recientes, a ambos médicos imputados se les comunicó el hecho atribuido y las pruebas reunidas hasta este momento. Los dos resolvieron no declarar, en ejercicio de su derecho constitucional. Sin embargo, hicieron saber que están dispuestos a colaborar con el avance de la causa.
Entre las medidas ya ordenadas figura una autopsia, considerada central para precisar la causa de muerte y aportar elementos objetivos al análisis judicial. A la vez, se dispuso la toma de testimonios al personal médico que trabajó en los turnos vinculados con el hecho investigado.
Además, la fiscalía autorizó la apertura, el análisis y la extracción de datos de los teléfonos celulares de los imputados. Ese procedimiento quedará a cargo de la Dirección de Evidencia Digital del Poder Judicial, y los resultados serán incorporados al expediente una vez que concluyan.
En paralelo, también se ordenó revisar las cámaras de seguridad internas de la institución sanitaria. Ese material se suma al estudio de la documentación clínica y de otras pruebas técnicas reunidas durante la instrucción.
La maternidad quedó bajo análisis judicial mientras sigue la instrucción
La revisión de los registros internos de la maternidad forma parte del conjunto de diligencias que busca establecer con mayor precisión qué ocurrió el día del fallecimiento. Por ahora, la investigación sigue centrada en reconstruir los hechos y en incorporar nuevas pruebas al expediente.
Según se informó, continúan bajo análisis la autopsia, la historia clínica, los testimonios del personal médico, la evidencia digital extraída de los celulares y las imágenes de las cámaras de seguridad. Todo ese material será evaluado para determinar si hay elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal en la muerte de la paciente.
La calificación legal elegida hasta este momento es la de homicidio culposo. Mientras avanzan los peritajes y se agregan nuevos testimonios, los dos profesionales continúan imputados dentro de la causa en trámite.


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