Los movimientos sociales definieron nuevas medidas contra el Gobierno, con una agenda que incluye cortes de ruta, una marcha federal y la posibilidad de un paro general antes de fin de año. La UTEP, el Bloque Piquetero y Territorios en Lucha resolvieron el esquema tras asambleas realizadas en distintas sedes del país. Además, incorporaron una movilización para el 26 de junio en el Puente Pueyrredón, donde participarán del acto por el aniversario de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, ocurridos el 26 de junio de 2002.
La actividad en el Puente Pueyrredón forma parte de una agenda más amplia, donde confluyen reclamos por programas sociales, ingresos, alimentos para comedores barriales y cuestionamientos a la política social y económica del gobierno de Javier Milei. Las organizaciones también prevén recorrer comercios y supermercados en los próximos días para pedir alimentos, en medio de planteos por la situación de los comedores en barrios populares.
Según el texto original, esas entidades ya habían impulsado acciones para denunciar la falta de mercadería destinada a esos espacios. Ese planteo fue desmentido por el Gobierno. La discusión aparece dentro de un marco más grande, que incluye reclamos laborales, alimentarios y salariales, además de reuniones con centrales obreras y agrupaciones sindicales.
Cortes de ruta y reclamos por el programa Volver al Trabajo
Uno de los puntos centrales del plan aprobado por la UTEP y las agrupaciones piqueteras está vinculado al programa Volver al Trabajo, que continuó luego del Potenciar Trabajo. De acuerdo con lo informado, su funcionamiento se sostiene desde hace dos meses por una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
Esa resolución judicial obligó al Gobierno a sostener los pagos mientras avanza la discusión de fondo. El fallo fue apelado y el expediente quedó bajo análisis de la Cámara Federal de San Martín. La cautelar frenó el cierre del programa que impulsaba el Ejecutivo y forzó al Ministerio de Capital Humano a mantener las transferencias a más de 926.000 beneficiarios, que perciben $78.000 mensuales.
Ese monto permanece congelado desde el inicio de la gestión libertaria. Por eso, la UTEP resolvió que, ante un eventual incumplimiento de la medida judicial, activará cortes de rutas en todo el país, con la posibilidad de que algunos se extiendan por tiempo indeterminado. Desde la cartera conducida por Sandra Pettovello sostienen que no dejarán de cumplir la cautelar.
Si el pago se mantiene, la organización definirá en los primeros días de julio el alcance de una jornada de protesta. La modalidad de esa medida quedará condicionada por esa situación. En paralelo, el planteo de las organizaciones sociales incluye un aumento del salario atado al salario mínimo vital y móvil, vinculado con los ingresos de quienes integran programas sociales.
Movimientos sociales y centrales obreras ajustan una agenda común
La definición de las medidas surgió de las asambleas del 9 de junio, convocadas frente a las sedes de las secretarías de Trabajo en todo el país. Allí, la UTEP coincidió con expresiones de izquierda y con el Bloque Nacional Piquetero bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”.
En ese marco, el secretario general de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, Alejandro Gramajo, caracterizó el cuadro como “una emergencia social desbordante”. La frase fue parte de la lectura realizada por la organización ante el escenario económico y social descripto en las asambleas.
La estrategia no quedó solamente en manos de los movimientos sociales. El 18 de junio, en la sede histórica de la Confederación General del Trabajo, ubicada en Azopardo al 800, el triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello recibió a Gramajo. Después, mantuvo un encuentro con los titulares de las dos ramas de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky y Hugo Godoy.
También participaron confederaciones como la COSITMECOS, la CATT, CASIA, CSIRA y la CATHEDA, junto con gremios docentes universitarios. En ese espacio se compartió un diagnóstico sobre el rumbo económico. Los participantes señalaron debilitamiento del entramado industrial, pérdida de puestos de trabajo y caída del poder adquisitivo.
Medidas escalonadas antes de una posible huelga general
La coincidencia entre las centrales y las organizaciones sociales quedó orientada a construir un plan de lucha sostenido y gradual, con participación de las entidades confederadas. La CGT buscó moderar las expectativas sobre una huelga general inmediata y se inclinó por un formato escalonado.
Dentro de ese esquema, algunas voces plantean acelerar la presencia en la calle. Entre quienes insisten en aumentar las manifestaciones en la vía pública figuran Roberto Baradel y Daniel Catalano, junto con Yasky y Godoy. La UTEP, por su parte, proyecta que las distintas acciones confluyan en una marcha federal que recorra provincias y cierre en un lugar emblemático de las luchas populares.
Desde la UTEP sostienen: “La idea es hacer la mayor cantidad de acciones posibles que confluyan en un plan de lucha común de todos los sectores afectados por la crisis económica”. Esa formulación acompaña la coordinación con sindicatos, organizaciones territoriales y sectores que vienen incorporando reclamos laborales, alimentarios y salariales.
Gobierno, comedores y pedidos de alimentos
En paralelo al esquema de protestas, algunas organizaciones prevén recorrer comercios y supermercados para pedir alimentos. Esa acción aparece vinculada a los reclamos por la situación de los comedores en barrios populares, una demanda que ya había sido planteada mediante otras actividades públicas.
El calendario también incluye el 7 de agosto, día del Patrono del Trabajo. Ese día se conmemorarán los 10 años de la primera marcha de San Cayetano realizada bajo el gobierno de Mauricio Macri y que contó con el apoyo del fallecido Papa Francisco. Para esa fecha se prepara una jornada multisectorial con convocatoria a sectores gremiales, estudiantiles, del feminismo y del movimiento de Derechos Humanos.
La organización mantiene conversaciones con la Iglesia, que históricamente acompañó la marcha de los trabajadores de la economía popular desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo. Esa movilización aparece dentro del mismo trazado de protestas que incluye las asambleas, las acciones por alimentos, la actividad del 26 de junio y la coordinación con las centrales obreras.
Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP y uno de los dirigentes que realizó una semana de ayuno frente a la Casa Rosada, formuló un diagnóstico ante una consulta de Infobae: “El Gobierno no para de ajustar, no hay límite para el ajuste. Los salarios siempre van abajo de la inflación”. También vinculó el deterioro de los ingresos con el aumento de tarifas y el encarecimiento de los productos básicos.
Castro agregó: “La mejor estrategia para que el salario te rinda es tener la comida barata y, por supuesto, tarifas accesibles. Son todas las cosas que no tiene nuestro pueblo”. En la misma línea, describió la precarización laboral con otra frase: “Tenes que hacer dos, tres, cuatro trabajos para poder vivir”.
Datos sociales que las organizaciones incorporaron a sus planteos
Los reclamos sociales aparecen acompañados por datos relevados en barrios populares de la provincia de Buenos Aires. Una encuesta de Libres del Sur indicó que el 86% de los hogares atraviesa una situación de estrés económico. El mismo trabajo señaló que el 77% de las familias dejó de consumir lácteos, carnes, verduras y cereales por falta de dinero.
El relevamiento también consignó que 4 de cada 10 familias comen menos para pagar deudas y que el 66% de los hogares suprime comidas. En el caso de los jubilados, el informe reportó que 8 de cada 10 afirman que su jubilación no alcanza para alimentarse. Esos datos fueron incorporados por las organizaciones sociales al cuadro de demandas que sostienen ante el Gobierno.
La coordinación entre las centrales obreras tuvo además un capítulo internacional. En la reciente reunión de la Organización Internacional del Trabajo realizada en Suiza, las delegaciones argentinas actuaron de manera conjunta y cuestionaron lo que describen como intentos del Gobierno de desmantelar el sistema vigente de relaciones laborales.
Situación de calle y problemas habitacionales en el informe citado
Las movilizaciones de la UTEP también se inscriben en un escenario social abordado por un informe técnico sobre situación de calle en Argentina, publicado este mes por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral. El documento relevó cambios en el perfil de quienes llegan a vivir en la calle.
Según ese informe, aunque históricamente predominaban los varones adultos solos, referentes territoriales consultados informaron una ampliación de los casos hacia otros grupos. El documento incluye familias enteras de varias generaciones, adultos mayores jubilados sin ingresos, mujeres víctimas de violencia y jóvenes desvinculados de sus entornos familiares.
La causa más frecuente señalada en el documento es la imposibilidad de pagar alquileres en un contexto de desocupación y falta de oportunidades laborales. Los movimientos sociales aseguran que aumentó la cantidad de personas sin techo, incluidas familias con niños.
La radiografía laboral y educativa citada en el informe indica que solo el 14,75% de las personas en situación de calle terminó el secundario, que el 61,5% no recibe asistencia económica estatal y que cerca del 54% sufrió violencia desde que está en la calle. El mismo trabajo agrega que 1 de cada 2 hogares en Argentina presenta algún tipo de problema habitacional, y que dentro de ese universo el 14,19% registra déficit compuesto, cuantitativo y cualitativo.
El documento también menciona la Ley Nacional 27.654 de “Situación de calle y familias sin techo”, sancionada por el Congreso de la Nación el 9 de diciembre de 2021, como un avance por reconocer a esas personas como sujetos de derecho. A la vez, advierte que su implementación es débil por la falta de lineamientos operativos homogéneos y de financiamiento.
En relación con el Decreto 373/2025, el informe señala que trasladó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gran parte de las responsabilidades de ejecución, y sostiene que esa decisión generó mayores riesgos de profundizar desigualdades territoriales.