El Gobierno de Javier Milei anunció un plan para bloquear líneas e inutilizar códigos IMEI de celulares no autorizados que sean detectados dentro de cárceles. La medida será instrumentada por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) junto con la cartera de Seguridad, con el objetivo de impedir comunicaciones ilegales y limitar delitos coordinados desde complejos penitenciarios.
El esquema prevé intervenir sobre los equipos usados por internos, sin afectar los canales de contacto formalmente habilitados. Además del bloqueo de líneas y aparatos, la estrategia incluye inhibidores de señal y auditorías de antenas ubicadas cerca de los penales.
ENACOM deberá actuar sobre líneas y equipos
El plan establece que las empresas de telecomunicaciones recibirán instrucciones para bloquear líneas vinculadas a celulares no autorizados. También deberán desactivar los identificadores IMEI de los dispositivos que operen dentro de establecimientos penitenciarios.
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La iniciativa apunta a dejar sin funcionamiento a los teléfonos móviles utilizados de manera ilícita en pabellones y celdas. Según el esquema oficial, la intervención combinará la restricción de los servicios de telefonía con la inutilización de los aparatos detectados.
La coordinación estará a cargo de la cartera de Seguridad y del organismo regulador de las comunicaciones. Las acciones alcanzarán a equipos que no cuenten con autorización para operar en los complejos carcelarios.
Los delitos que busca limitar la medida
La restricción de celulares en cárceles busca interrumpir maniobras como estafas virtuales, extorsiones telefónicas y robos de cuentas bancarias. El anuncio también menciona secuestros virtuales, phishing y casos de suplantación de identidad en redes sociales.
El Gobierno nacional señaló que esas prácticas son utilizadas desde los penales para coordinar delitos remotos. El plan se orienta a restringir el uso ilegal de dispositivos móviles dentro de los establecimientos penitenciarios.
Inhibidores y controles cerca de las cárceles
La estrategia contempla trabajo conjunto con los ministerios de Seguridad de las provincias para revisar la señal celular alrededor de los penales. Esa tarea incluirá auditorías sobre las antenas emplazadas en las cercanías de las instituciones penitenciarias.
Además, se prevé el despliegue de inhibidores de señal de última generación en los recintos del servicio penitenciario. La medida busca reducir la capacidad operativa de bandas que actúan desde los complejos carcelarios.
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El esquema mantendrá los mecanismos oficiales de contacto y la telefonía fija regulada según los protocolos judiciales. Esas vías serán diferenciadas de los celulares empleados de forma ilícita dentro de los establecimientos.