El Gobierno nacional decidió reactivar, después de más de dos años de parate total, la Comisión de Juicio Político de Diputados y, en esa maniobra, poner al frente a la diputada Lilia Lemoine, una de las caras más alineadas con la conducción de La Libertad Avanza. Al mismo tiempo, el oficialismo moverá otra ficha clave en el Congreso: impulsar al senador Sebastián Pareja para manejar la Comisión Bicameral de Inteligencia. Los dos pasos forman parte de un reordenamiento político más grande, que busca reforzar el control parlamentario en un momento en el que la Casa Rosada dejó atrás su etapa de mayor debilidad.
La movida llega en un contexto de tensión, internas expuestas y causas judiciales que salpican a figuras centrales, mientras el oficialismo intenta cambiar el clima político en Buenos Aires y en todo el país. En ese tablero, la decisión de colocar a una legisladora como Lemoine al frente de un organismo tan sensible, y a Pareja en el área de inteligencia, marca un cambio de estrategia: de aguantar los golpes, a intentar tener dominio total de las comisiones que pueden generar más ruido.
La Comisión de Juicio Político había quedado congelada desde el inicio de la gestión, justamente para evitar que se transformara en un canal institucional contra el Presidente. Ahora, con un bloque más robusto y acuerdos con aliados, La Libertad Avanza se siente con fuerza suficiente para abrirla, pero dejando la llave en manos propias. La diputada Lilia Lemoine aparece ahí como pieza central de este giro, mientras a su alrededor se acumulan antecedentes de peleas internas, como el caso de Marcela Pagano y las tensiones por el armado opositor dentro del mismo espacio libertario.
La comisión que nadie quería abrir ahora queda en manos de Lilia Lemoine
Durante más de dos años, la Comisión de Juicio Político directamente no se constituyó. Desde los primeros meses del gobierno, el kirchnerismo había presentado pedidos para avanzar con procesos contra el Presidente, y eso encendió todas las alarmas dentro de La Libertad Avanza. Con un bloque que ni siquiera alcanzaba un tercio propio en la Cámara baja, el oficialismo tomó una decisión calculada: no completar la integración formal de la comisión y dejarla dormida.
La lógica era simple: si se ponía en marcha ese organismo, quedaba abierta la puerta para que la oposición se organizara y empujara un intento de remoción del Presidente. En ese momento, la oposición podía armar mayorías circunstanciales, así que la comisión se transformó en una especie de escudo: mejor que no exista, antes que quede manejada por otros. Durante todo ese tiempo, mientras el Gobierno acumulaba derrotas legislativas y complicaciones para sostener vetos presidenciales, el Juicio Político siguió cerrado de hecho, usado como herramienta de autoprotección.
Hubo un solo intento serio de activarla, y terminó mal. La disputa por la presidencia de la comisión, con la diputada Marcela Pagano en el centro de la escena, chocó de frente con la conducción de La Libertad Avanza y con el propio Presidente. Ese conflicto frustró la conformación del cuerpo y derivó en una de las primeras fracturas formales dentro del bloque. Desde ahí, la relación interna se fue tensando cada vez más.
Con el tiempo, esa ruptura no se cerró, sino que se profundizó. El episodio más reciente que alimentó la bronca interna fue el caso de Agostina Páez, la abogada detenida en Brasil por gestos de violencia racial. Pagano se metió en el tema por su cuenta, sin pasar por los canales diplomáticos, se ofreció como garante en el expediente y tejió contactos paralelos, incluso con el ex presidente Alberto Fernández. Esa jugada pegó fuerte dentro del oficialismo.
Desde el Gobierno, la reacción llegó rápido. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a cuestionar la intervención de Pagano, la leyó como un intento de sacar rédito político propio y respaldó el accionar del canciller Pablo Quirno y del consulado argentino. Para la conducción libertaria, ese episodio dejó de ser una diferencia de criterio y se convirtió en señal de confrontación abierta entre sectores.
En el oficialismo asocian esa secuencia con el armado de un espacio opositor interno más amplio, donde señalan a Franco Bindi, pareja de Pagano, como partícipe de varios capítulos que, según plantean, generaron costos políticos al Gobierno en estos dos años. Bajo esa lectura, la reactivación de la Comisión de Juicio Político ahora es algo totalmente distinto: deja de ser una amenaza externa y pasa a ser un terreno que se busca controlar desde adentro, con alguien de absoluta confianza. Por eso el oficialismo apuesta a que la diputada Lilia Lemoine asuma la presidencia de un organismo que supo ser un riesgo y ahora quieren transformar en trinchera.
Lilia Lemoine, carta fuerte de LLA en un órgano sensible
El escenario cambió después de la elección de octubre. El oficialismo logró ampliar su base parlamentaria y consolidar un esquema de más de 110 votos entre diputados propios y aliados. No llega a la mayoría absoluta, pero ese número le alcanza para bloquear ofensivas opositoras y, a la vez, rediseñar su estrategia dentro del Congreso. En esa línea, la Comisión de Juicio Político deja de ser un foco de peligro y pasa a ser un lugar donde el objetivo es mandar.
La propuesta de colocar a Lilia Lemoine al frente de la comisión se enmarca en esa lógica de control. La diputada de La Libertad Avanza, alineada de manera plena con la conducción libertaria, será propuesta para la presidencia del cuerpo, que igual deberá ser ratificada por el pleno para que quede formalmente constituido. No es un movimiento meramente administrativo ni un simple recambio de nombre: implica ubicar al mando de un organismo institucional delicado a una legisladora con un perfil distinto al de los negociadores tradicionales.
Según destacan dentro del oficialismo, Lemoine tiene disposición a sostener posiciones sin ceder, algo que consideran clave en un ámbito donde los conflictos pueden escalar rápido y terminar en choques fuertes entre poderes. Con su eventual desembarco en la presidencia, la Comisión de Juicio Político deja de ser vista como un espacio para desactivar tensión y se convierte en un instrumento para blindar al Gobierno frente a las iniciativas opositoras.
El sello libertario no se limita a Diputados. El mismo criterio se quiere trasladar a la Comisión Bicameral de Inteligencia, otro de los puntos más delicados del Congreso. Ahí, el nombre elegido es el del senador Sebastián Pareja, quien será promovido por La Libertad Avanza para manejar el órgano de control parlamentario del sistema de inteligencia. Pareja es el encargado del armado libertario en la provincia de Buenos Aires y uno de los dirigentes de mayor confianza de Karina Milei.
La eventual designación de Pareja en la Bicameral implicaría colocar a un referente directamente identificado con el sector de Karina Milei en un ámbito especialmente sensible. En el oficialismo describen este movimiento como coherente con la etapa actual, en la que buscan asegurar conducción política firme en áreas consideradas estratégicas. Voces con acceso al núcleo de decisiones —donde también se mueve el asesor presidencial Santiago Caputo— explicaron que la candidatura de Pareja responde a la necesidad de garantizar mando político ahí adentro.
Según esas fuentes, “es un hombre de mucha confianza de La Libertad Avanza para estar en un lugar sensible como ese”. En paralelo, el reordenamiento del Congreso avanza mientras el Gobierno intenta pasar de una fase defensiva a una de ofensiva política, después de quedar atravesado por el caso que involucró al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de recibir cuestionamientos públicos por el uso de recursos y contratos vinculados a medios.
El caso Adorni, visitas en la Rosada y el rol silencioso de Santiago Caputo
En medio de esta reorganización, Manuel Adorni quedó bajo la lupa luego de que se conociera su viaje en avión privado junto a Marcelo Grandío, periodista y dueño de la productora ImHouse, que tenía contratos con la TV Pública. Después de que el episodio se hiciera público y levantara ruido, esos vínculos contractuales no fueron renovados, mientras la Justicia empezó a moverse en paralelo al intento del Poder Ejecutivo de cerrar filas en torno al jefe de Gabinete.
En la causa ya declaró el piloto involucrado en la contratación de los vuelos, y el juez Ariel Lijo pidió los contratos de la productora, además de acumular en su juzgado una causa patrimonial que estaba en manos de la jueza María Servini. En ese contexto, se confirmó que Adorni tiene previsto sumar a su declaración jurada, y poner a disposición si la Justicia lo requiere, la documentación que acredita que la compra del departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, se hizo a través de una hipoteca. Mientras esa investigación avanza, el oficialismo buscó mostrar respaldo político explícito al funcionario.
Durante dos días seguidos, Adorni recibió muestras de apoyo coordinadas desde la Casa Rosada. En su despacho lo visitaron los ministros Juan Bautista Mahiques, Sandra Pettovello y Diego Santilli, además de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. Según reconstrucciones internas, esos encuentros formaron parte de una estrategia destinada a mostrar cohesión y a cerrar cualquier versión sobre posibles cambios en el cargo.
El respaldo también se hizo visible en la conferencia de prensa previa, cuando Adorni dio sus primeras explicaciones sobre el caso y protagonizó cruces con periodistas acreditados en la Casa Rosada, en una escena acompañada por otros ministros y por el asesor Santiago Caputo. El rol de Caputo dentro del dispositivo político volvió a quedar expuesto en esos días: se supo que estuvo en la Quinta de Olivos en la mañana de un jueves reciente, donde presumiblemente mantuvo un encuentro con el Presidente, en una jornada en la que la prioridad fue recomponer la iniciativa política del Gobierno, reforzar la defensa de su jefe de Gabinete y ordenar el frente interno tras el impacto del caso.
Según la agenda oficial, la demostración de respaldo continuará cuando está previsto que el jefe de Gabinete acompañe al Presidente en un acto del Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello. No habrá preguntas de la prensa, pero la foto compartida se leerá como una señal más de apoyo al funcionario en medio del escándalo.
Movidas en el PRO, tensión con Villarruel y la mira puesta en los libertarios
Mientras el oficialismo nacional intenta consolidar su estructura y afianzar el control de comisiones clave con figuras como la diputada Lilia Lemoine y el senador Sebastián Pareja, en otras fuerzas políticas también se mueven las fichas. Días atrás, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mantuvo una charla reservada con su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta, donde empezaron a bosquejar un posible plan para el regreso de Larreta al Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires.
Fue un primer contacto, todavía incipiente, atravesado por las diferencias acerca de cómo debería ser la relación del PRO con La Libertad Avanza. La reactivación del PRO que impulsa Mauricio Macri abrió un canal de diálogo entre estos sectores, que confluyen en un objetivo concreto: impedir que los libertarios se impongan electoralmente en la Ciudad. Los traspiés recientes del oficialismo nacional —que en esos espacios consideran reversibles— alentaron estas conversaciones y reordenamientos.
Movimientos en el Congreso y nueva centralidad de Lilia Lemoine como diputada de La Libertad Avanza
En paralelo, la vicepresidenta Victoria Villarruel sostiene una agenda propia. Para el 2 de abril tiene previsto volver a Río Grande para participar del acto por Malvinas, en un contexto donde se incrementó la tensión política con el Presidente. Esa relación quedó marcada por un mensaje que Javier Milei publicó en Instagram, en el que hizo referencia a la “traición”. La suma de estas escenas, internas cruzadas y reacomodos, es el telón de fondo en el que el oficialismo decide liberar el Juicio Político y apostar por Lilia Lemoine y Sebastián Pareja en dos de los puestos más sensibles del Congreso.