La salud mental volvió al centro de la escena en Salta este lunes, con un fuerte debate en el Senado por una posible declaración de emergencia sociosanitaria y una Ley especial, tras un aumento del 35 % en las consultas en el sistema público durante 2025. La discusión, que encendió todas las alarmas por el peso de los consumos problemáticos, enfrentó a funcionarios y legisladores en la Legislatura salteña, donde se expusieron números oficiales, se habló de presupuesto y se planteó cómo impacta la crisis económica en miles de familias.
Suba del 35 % en salud mental y un proyecto de Ley que sacudió el Senado de Salta
El eje de la polémica fue un proyecto de Ley presentado en el Senado de Salta por la senadora Alejandra Navarro, que propone declarar la emergencia sociosanitaria con foco en salud mental y consumos problemáticos. La iniciativa nació al calor de un dato que duele: la demanda de atención en salud mental en el sistema público saltó un 35 % durante 2025, según un informe oficial mostrado en la Cámara.
Navarro sostuvo ante sus pares que la estructura actual no da abasto con la cantidad de gente que hoy busca ayuda. Planteó que la infraestructura, los recursos humanos y la red de servicios se quedaron cortos frente al volumen de la demanda, en especial en los casos donde aparecen consumos problemáticos de sustancias.
El informe clave lo presentó el secretario de Salud Mental, Martín Teruel, quien fue convocado al Senado para dar precisiones sobre el escenario real en los hospitales y centros de salud de la provincia. El funcionario llevó estadísticas oficiales de 2025 y detalló número por número frente a los legisladores, como insumo directo para la discusión de la Ley impulsada por Navarro.
Teruel explicó que el aumento de consultas no se debe a una sola causa, sino a una mezcla de factores económicos y sociales. Habló del deterioro de las condiciones de vida y lo describió como un golpe directo al bienestar psicológico de la población. También señaló que muchas personas que antes se atendían en el sector privado pasaron al sistema público, arrastradas por la pérdida del poder adquisitivo.
Consumos problemáticos, guardias saturadas y un presupuesto que no llega
En su exposición, Teruel marcó otro punto clave: la incorporación de nuevas y nuevos profesionales de salud mental dentro del Estado permitió ofrecer más turnos y, como consecuencia, aumentó el número total de atenciones. El propio secretario remarcó que al abrir más espacios de consulta se hizo visible una demanda que ya estaba, pero que antes no entraba al sistema.
Las cifras que puso sobre la mesa salieron de los registros de SAFESA de 2025. Allí se cuentan 88.074 consultas externas en salud mental, de las cuales el 1,96 % estuvo directamente vinculada a consumos problemáticos. En paralelo, se registraron 10.234 atenciones por guardia, y en ese ámbito el 14,93 % de los casos tuvo relación con consumo de sustancias, un porcentaje mucho más alto que en la consulta programada.
El mismo informe sumó otro dato que encendió la discusión: durante 2025 hubo 3.460 internaciones en el área de salud mental, y el 35,14 % de esas hospitalizaciones se relacionó con consumos problemáticos. Es decir, el consumo de sustancias aparece concentrado en los cuadros más graves, los que terminan en internación y requieren el mayor nivel de complejidad.
Cuando el tema pasó al terreno del dinero, la tensión subió. En la reunión se recordó que la salud mental representa solo el 1,4 % del presupuesto sanitario actual, muy por debajo del 10 % que figura como referencia en la normativa vigente para financiar adecuadamente el área. Desde distintos espacios políticos se habló de la necesidad de subir los fondos para salud mental y acercarse a ese número.
Discusión por la plata y las advertencias desde el área sanitaria
Mientras algunos legisladores presionaban por un incremento presupuestario específico para salud mental dentro de la futura Ley, representantes del área sanitaria pusieron un freno y lanzaron una advertencia. Plantearon que mover plata de un sector a otro, sin recursos nuevos, puede recargar todavía más a un sistema de salud que ya viene exigido en otros niveles de atención.
En ese marco, se remarcó que la discusión no pasa solo por declarar o no la emergencia sociosanitaria, sino por cómo se va a financiar cualquier medida que surja de la nueva Ley en Salta. La definición quedó en manos del Senado, que continuará analizando el tema con los datos oficiales de 2025 sobre la mesa y con el aumento sostenido de la demanda de servicios de salud mental en el sistema público como telón de fondo.
“Guardianes comunitarios” y una prueba piloto en Tartagal
En la misma reunión legislativa tomó la palabra Alba Quintar, coordinadora de la CIPAC, que llevó propuestas concretas para el abordaje de los consumos problemáticos dentro del marco de una posible Ley provincial. Quintar subrayó la necesidad de trabajar de forma coordinada entre salud, educación y otros organismos estatales para enfrentar una problemática que atraviesa a barrios enteros.
Entre las líneas de acción mencionadas, detalló la idea de formar “guardianes comunitarios” para detectar de manera temprana situaciones de riesgo, sin caer en la estigmatización de las personas con consumos problemáticos. También habló del diseño de estrategias de comunicación específicas y de programas educativos y recreativos dirigidos a jóvenes.
Además, la coordinadora de la CIPAC destacó la implementación de planes de inclusión laboral para jóvenes como una pata clave de la respuesta estatal. Señaló que ya se está probando una experiencia piloto de este esquema en Tartagal, pensada como ensayo de políticas que podrían extenderse más adelante a otras zonas de la provincia.
Fuente:Que Pasa Salta