La Ley Penal Juvenil entrará plenamente en vigencia este sábado 5 de septiembre en Salta y en todo el país. La norma alcanzará a adolescentes que tengan 14 años o más y todavía no hayan cumplido 18, quienes podrán enfrentar procesos penales por delitos. La nueva legislación contempla penas de hasta 15 años en los hechos de mayor gravedad, aunque también incluye respuestas socioeducativas. En la previa, una crítica del abogado Federico Vanni puso el foco en los lugares de alojamiento, los equipos técnicos y los recursos necesarios para aplicar el régimen.
La Ley Nacional 27.801 fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero y luego se publicó en el Boletín Oficial el 9 de marzo. Con su entrada en vigencia, quedará establecido un nuevo Régimen Penal Juvenil para adolescentes acusados de delitos.
El texto legal dispone que los jóvenes privados de libertad no podrán compartir espacios con personas adultas. Además, prevé que las medidas se cumplan en establecimientos especializados, con educación, capacitación, acompañamiento social y abordajes de distintos profesionales.
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Ley Penal Juvenil: qué cambia desde este sábado
Desde el sábado 5 de septiembre, los adolescentes desde los 14 años podrán ser incorporados al sistema penal bajo las reglas de la Ley Nacional 27.801. El régimen comprenderá a quienes tengan esa edad y no hayan llegado todavía a los 18 años.
Federico Vanni explicó que, antes de la nueva norma, los menores de esa franja etaria estaban excluidos de la responsabilidad penal. Sin embargo, aclaró que la responsabilidad civil podía recaer sobre los padres.
El abogado sostuvo que la vigencia de la legislación no está condicionada por las discusiones que continúan sobre su contenido. “¿Esto se puede implementar? No hay nada que esté frenando la implementación. La normativa entra en vigencia y se va a aplicar”, indicó durante una entrevista en Que Pasa a la Mañana.
La ley habilita la aplicación de penas de hasta 15 años para delitos considerados de mayor gravedad. A la vez, contempla medidas alternativas y respuestas socioeducativas que deberán adecuarse a las particularidades de cada caso.
La separación de adultos será una condición obligatoria
Uno de los puntos expresos del nuevo régimen establece que los adolescentes no podrán ser alojados junto a personas adultas. Por ese motivo, una cárcel común con mayores no figura como alternativa legal dentro de la normativa.
La legislación determina que las medidas de privación de libertad deberán llevarse adelante en espacios especializados. Esos lugares deberán incorporar escolarización, capacitación, reinserción social y equipos interdisciplinarios para el abordaje de cada joven.
También se prevé que, cuando una persona alcanzada por el régimen cumpla 18 años, se realice una evaluación de su situación. Esa instancia deberá definir las condiciones posteriores para quienes hayan estado sometidos al sistema juvenil.
La crítica en Salta por la infraestructura y los equipos técnicos
Vanni cuestionó si existen las condiciones materiales suficientes para cumplir con lo que dispone la Ley Penal Juvenil. Su planteo se concentró en la disponibilidad de establecimientos específicos, profesionales y programas destinados a adolescentes alcanzados por medidas penales.
“Van a estar alojados en un lugar especial, por una cuestión obvia, y recién a los 18 años se realizará una evaluación. Pero ahora, ¿qué obras se han inaugurado para incorporar a los chicos al sistema penal? ¿Cuáles son los pasos que van a hacer los abordajes para tratarlos?”, cuestionó.
En Salta, autoridades judiciales vienen señalando que los menores no deben compartir lugares de detención con adultos. Además, se informó que existen equipos profesionales para desarrollar abordajes territoriales y que se vienen adecuando procedimientos ante la aplicación del nuevo esquema.
Sin embargo, el letrado puso en duda la disponibilidad real de espacios para adolescentes y vinculó esa inquietud con la sobrepoblación del sistema penitenciario. Según expuso, el funcionamiento del régimen deberá considerar las condiciones de encierro, la educación, la contención y el acompañamiento de los jóvenes.
“El sistema penal tiene una idea central y la solución no siempre es punitiva. Se los quiere reinsertar para que no sigan cometiendo delitos”, expresó Vanni.
El abogado advirtió que una condena sin un abordaje educativo adecuado durante su cumplimiento podría contrariar los objetivos de reinserción previstos en la legislación. En ese sentido, planteó la necesidad de contar con herramientas y recursos para quienes atraviesen una pena desde los 15 hasta los 18 años.
“Si voy a los niños y digo no hay herramientas o recursos, donde una pena menor pase a los 15 a los 18 años, ese chico que no le di el abordaje adecuado va a ser esto que termina siendo una escuela criminal y va a salir a la calle a seguir cometiendo delitos porque no lo abordé como debí abordar. No deja de ser un niño que debo escolarizar, lo tengo que educar, al que tengo que acompañar y entender la problemática que tiene”, sostuvo.
Desde el 5 de septiembre, Salta aplicará cambios en la Ley Penal Juvenil
La Ley Nacional 27.801 dispone intervenciones relacionadas con educación, capacitación y reinserción social, además de la prohibición de alojar adolescentes junto a personas adultas.