La Ley Penal Juvenil tendrá cambios desde el sábado 5 de septiembre de 2026 en todo el país y también alcanzará a Salta. La Ley 27.801 incorporará al régimen nacional a adolescentes que ya cumplieron 14 años y todavía no llegaron a los 18. En la provincia, el cambio incidirá principalmente sobre quienes tienen 14 y 15 años, que hasta ahora eran considerados no punibles por su edad según la legislación nacional.
La norma permitirá que adolescentes de 14 años sean sometidos a un proceso penal juvenil cuando estén acusados de delitos incluidos en el Código Penal o en leyes penales especiales. Sin embargo, el tratamiento no será el mismo que rige para las personas adultas, ya que se estableció un sistema específico para niñas, niños y adolescentes.
El nuevo régimen fue publicado en el Boletín Oficial el 9 de marzo de 2026. La propia ley fijó que comenzaría a aplicarse 180 días después de esa publicación, por lo que entrará en vigencia el sábado 5 de septiembre de 2026 y reemplazará al esquema nacional que se mantuvo durante décadas.
Nuevo régimen penal juvenil: las medidas previstas para adolescentes antes de cumplir 18 años
La ley penal juvenil incluirá a adolescentes desde los 14 años
La Ley 27.801 abarcará a quienes hayan cumplido 14 años y no tengan 18. Por lo tanto, las personas menores de 14 años quedarán fuera de este régimen nacional. Incluso dentro de la franja alcanzada, la normativa contempla mecanismos para establecer posibles situaciones de inimputabilidad.
Para analizar esos casos, se podrán realizar evaluaciones psicológicas, psiquiátricas y ambientales. Además, la ley prevé la participación de organismos especializados en protección de niñas, niños y adolescentes.
El esquema contempla el derecho de defensa y la reserva de los procesos. También dispone medidas orientadas a la educación, la resocialización y la integración social, mientras que cualquier limitación de derechos deberá aplicarse de manera excepcional, ser proporcional al caso y contar con la fundamentación correspondiente.
Otro punto previsto es la protección de la identidad. La normativa prohíbe difundir datos que permitan reconocer públicamente a un adolescente involucrado en una causa penal.
Los cambios en Salta alcanzarán a LOS jóvenes
Salta cuenta con una estructura propia para intervenir en hechos que involucran a menores de edad. La Ley 8.097 creó el Régimen de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes en la provincia, una norma sancionada en 2018.
Luego de prórrogas y modificaciones, el funcionamiento pleno del régimen provincial comenzó el 1° de diciembre de 2023. El sistema incluye la participación de fiscales, jueces, defensores y equipos interdisciplinarios especializados para el abordaje de estos expedientes.
La provincia dispone además de dos Fiscalías Penales Juveniles y de dispositivos específicos destinados a los procesos donde haya personas menores de edad involucradas. La fiscal penal Mercedes de la Cuesta indicó en el programa Pelo y Barba que el sistema penal juvenil salteño recibe actualmente entre 800 y 900 denuncias por año.
Durante 2026, la Provincia comenzó a trabajar en la implementación del nuevo régimen nacional y en capacitaciones vinculadas con la responsabilidad penal juvenil. La ampliación de la edad alcanzada podría demandar una mayor capacidad de intervención de las fiscalías especializadas, los equipos interdisciplinarios, los organismos de protección y los establecimientos para adolescentes.
Las medidas previstas no se limitan a la prisión
La Ley 27.801 no ordena una respuesta única para todos los hechos ni determina que cada proceso deba terminar necesariamente con prisión. Las decisiones judiciales podrán variar según las características y la gravedad del hecho atribuido al adolescente.
Entre las medidas previstas figuran las amonestaciones, la prohibición de acercamiento o contacto y las restricciones para concurrir a determinados lugares. El listado incorpora también tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño.
Los jueces podrán disponer medidas relacionadas con la continuidad educativa, la capacitación laboral, tratamientos de salud y el acompañamiento de equipos especializados. Para determinados delitos, la legislación habilita la sustitución de la prisión por otras sanciones.
La Ley 27.801 fija un tope de 15 años para penas privativas de libertad
El criterio previsto cambia ante hechos de mayor gravedad, especialmente cuando hubiera una muerte o violencia grave contra una persona. Aun en esas situaciones, el régimen establece límites concretos para las sanciones aplicables a adolescentes.
La nueva ley prohíbe de manera expresa la prisión o reclusión perpetua para personas adolescentes. También fija un máximo de 15 años para una pena privativa de libertad, incluso si la escala penal del delito atribuido contempla una sanción superior.
En caso de que se disponga una medida de privación de libertad, los adolescentes no podrán estar alojados junto a detenidos adultos. Cada jurisdicción deberá contar con establecimientos especializados y personal capacitado para su atención.
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La Ley 27.801 invita a las provincias a adecuar sus normas procesales y administrativas para aplicar las garantías y reglas destinadas a adolescentes de entre 14 y 18 años. Su vigencia comenzará en todo el país el sábado 5 de septiembre de 2026.