El presidente Javier Milei confirmó que la eventual derogación de la Ley del Libro no será presentada ni enviada al Congreso. La iniciativa, elaborada desde el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, buscaba eliminar el sistema de precio fijo para la venta de libros. La definición llegó después de cuestionamientos planteados por sectores editoriales y libreros, que defendieron la continuidad de la norma. Patricia Bullrich también había señalado que el bloque legislativo priorizaría otros cambios considerados estructurales.
“La Ley del Libro no entró ni va a entrar” al Congreso, indicó Milei al confirmar la decisión. El mandatario sostuvo además que no existen diferencias internas sobre la agenda legislativa y explicó que las iniciativas se resuelven en la mesa política.
La Ley de Defensa de la Actividad Librera establece que cada libro debe venderse al precio determinado por su editor. Dentro del rubro, ese mecanismo es conocido como Ley de Precio Fijo y alcanza a las librerías, editoriales y otros canales de comercialización.
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La Ley del Libro quedó afuera de los proyectos legislativos
La propuesta de eliminar esa regulación había sido preparada en las oficinas del Ministerio de Desregulación. Su objetivo era habilitar a las librerías a competir mediante descuentos, promociones y otras herramientas comerciales, una posibilidad que actualmente está limitada por el precio fijado para cada obra.
Desde esa cartera habían explicado que la modificación apuntaba a reducir el valor que pagan los lectores. “El proyecto tiene como objetivo principal que los libros sean más accesibles para los lectores. Para lograr esto, lo que hace es eliminar una restricción que hoy impide que las librerías compitan en precios mediante descuentos, promociones u otras estrategias comerciales”, señalaron.
El ministerio también afirmó: “Está claro que cuando hay más competencia, los consumidores tienen más opciones y mejores precios. La experiencia internacional respalda ese enfoque. No existe evidencia en el mundo de que el precio fijo sea necesario para preservar la bibliodiversidad”.
En otra explicación, desde Desregulación rechazaron que la reforma implicara la desaparición de sectores vinculados al libro. “La reforma que se está trabajando no elimina editoriales, librerías, derechos de autor ni políticas culturales. Lo que elimina es una prohibición para competir en precios”, plantearon.
Milei afirmó que la decisión se resolvió en la mesa política
Al ser consultado sobre el recorrido del anteproyecto, Milei descartó desacuerdos internos. “La agenda legislativa se decide en la mesa política. La mesa política determina cuál es la mejor estrategia de implantación”, afirmó el presidente.
También sostuvo que “Hay perfecta consonancia en el proceso decisorio”. Con esa definición, confirmó que la derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera no integrará los proyectos previstos para debate parlamentario.
Patricia Bullrich había anticipado que el bloque buscaría avanzar con otros cambios. “Avanzar hacia medidas más estructurales”, fue la definición que utilizó para describir la orientación de la agenda. En ese marco, afirmó: “Farmacias y librerías no lo son”.
El jueves 13 de agosto de 2026, la senadora reiteró que el foco estaría puesto en medidas consideradas más estructurales y volvió a diferenciar a las farmacias y librerías de ese conjunto. De esa manera, la derogación de la Ley de Precio Fijo no quedó incorporada a los proyectos previstos para tratamiento en el Congreso.
Las librerías y editoriales cuestionaron la desregulación
Antes de la confirmación presidencial, voceros del Ministerio de Desregulación habían dicho que “no hay nada definido” sobre la norma. Desde las oficinas de Sturzenegger interpretaron de manera acotada las declaraciones de Bullrich: la iniciativa no formaba parte de un expediente disponible para ser debatido en ese momento por el Parlamento.
Bullrich había expresado que la derogación “en este momento no está ni en el Congreso ni está en ningún proyecto que podamos debatir”. Finalmente, Milei precisó que el proyecto no ingresaría al Congreso.
El martes 11 de agosto de 2026, integrantes de la Cámara Argentina de Librerías Independientes expusieron ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados sus razones para rechazar la eliminación de la ley. La presentación se sumó a los contactos que representantes del rubro editorial intentaron mantener con autoridades desde julio, cuando empezó a conocerse la iniciativa.
Parte de la actividad editorial y librera objetó la posible eliminación del precio único. Según esa postura, la norma evita que compañías de mayor tamaño financien rebajas sobre los títulos más vendidos para atraer compradores y desplazar a comercios pequeños.
Quienes respaldan la continuidad de la ley advirtieron que una competencia basada principalmente en descuentos podría afectar a locales que ofrecen, además de libros masivos, obras de tiradas reducidas. También señalaron que esa situación podría llevar al cierre de librerías y a una menor variedad de títulos disponibles.
El debate incluyó distintas posturas dentro del sector editorial
La defensa del precio fijo reunió a librerías independientes y a empresas de gran volumen. Adolfo de Vincenzi, CEO del grupo ILHSA, propietario de las librerías Yenny y El Ateneo, describió en una entrevista con la revista Forbes su mirada sobre una competencia centrada en rebajas.
“Para los supermercados el libro debe ser el 0,5% de las ventas. Lo pueden regalar sin ningún problema. Este país, que se caracteriza por tener muchas librerías, pasaría a tener un negocio que agonizaría. Me imagino a los supermercados o a Mercado Libre jugando en este mercado y rompiéndolo en dos segundos. Hoy ya tenemos problemas con Mercado Libre, porque su plataforma está hecha para favorecer el precio más barato”, declaró De Vincenzi.
Juan Pablo Armenio, integrante de la Cámara Argentina de Librerías Independientes, había mencionado el caso de Inglaterra. Según relató, la desregulación en ese país terminó con el cierre de 500 librerías, una menor participación de mercado de los comercios pequeños y un aumento del precio de los libros, salvo los best sellers, cuyos valores bajaron.
Sin embargo, las críticas a la propuesta no fueron idénticas en todo el sector. Libreros y editores que hablaron sin difundir sus nombres señalaron que la Ley del Libro quedó rezagada frente a cambios tecnológicos y que su cumplimiento es parcial. Esas fuentes distinguieron entre actualizar la norma y eliminar completamente el régimen de precio fijo.
Víctor Malumián, responsable de la editorial Godot y organizador de la Feria de Editores, expresó: “¿Podemos pensar una actualización? Sin lugar a dudas. Pero desregularla no es la forma de hacerlo”. La Feria de Editores terminó con un récord de casi 40.000 visitantes en 4 días.
Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, también señaló diferencias dentro de la actividad. “Hay quienes entienden que la ley debe seguir como está y otros que creen que sería beneficiosa una modernización de la ley actual, ya que desde su implementación han aparecido nuevos formatos y cambios en los hábitos de consumo”, manifestó.
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La derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera no integra ningún proyecto que pueda debatirse en el Congreso.