Lali Espósito difundió en sus historias de Instagram la frase “Argentina no está en venta” para amplificar una convocatoria frente al Congreso. La movilización fue anunciada para el 6 de agosto, cuando el Senado tiene previsto retomar el debate de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto incluye cambios en la Ley de Tierras, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
La imagen compartida por la cantante llama a concentrarse bajo el lema “No a la Ley de Extranjerización”. La pieza había sido difundida previamente por el Observatorio de Tierras y también fue replicada por la actriz Dolores Fonzi.
Espósito no agregó un mensaje propio a la publicación. Sin embargo, al compartirla en sus redes, hizo llegar la convocatoria a un público más amplio en la previa de la sesión legislativa prevista para agosto.
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La frase de Lali acompañó el llamado frente al Congreso
“Argentina no está en venta” fue la consigna que Lali publicó en sus historias. El mensaje se vincula con el rechazo de distintas organizaciones al proyecto que volverá a ser tratado en la Cámara alta.
La movilización reúne a organizaciones sociales, ambientales, territoriales y sindicales, además de referentes de diferentes sectores. Quienes convocan buscan impedir la aprobación de la iniciativa y cuestionan los cambios incluidos en el texto.
Durante la semana previa al 6 de agosto, las organizaciones anunciaron actividades en distintas provincias. Entre las acciones previstas figuran instancias de difusión, clases públicas, radios abiertas y encuentros para explicar los alcances de la propuesta.
El reclamo apunta a los cambios sobre tierras y recursos
Uno de los puntos señalados por los convocantes es la reforma de la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Esa norma fue creada para fijar límites a la compra de campos por parte de personas y empresas extranjeras.
La legislación vigente establece que los titulares extranjeros no pueden concentrar más del 15% de las tierras rurales del país. El mismo límite rige en cada provincia y municipio, mientras que una persona o firma extranjera no puede adquirir más de 1.000 hectáreas en la zona agrícola más productiva, o su equivalente en otras regiones.
La Ley de Tierras que impulsa Milei elimina los límites vigentes
El proyecto promovido por Milei elimina los topes actuales para la propiedad extranjera de tierras rurales. Si se aprueba, no habría un porcentaje máximo de campos en manos de titulares extranjeros ni un límite de hectáreas para una misma persona o empresa.
El Gobierno sostiene que las modificaciones buscan brindar mayor seguridad jurídica y atraer inversiones. En cambio, las organizaciones que impulsan la marcha plantean que la quita de restricciones podría facilitar la concentración de tierras en manos de grandes capitales extranjeros y reducir controles sobre recursos naturales y territorios considerados estratégicos.
La iniciativa también contempla cambios en la ley de expropiaciones. Según el proyecto, se modificaría la norma para dificultar que el Estado recupere un bien cuando sea declarado de utilidad pública, un aspecto que forma parte de los cuestionamientos de los sectores convocantes.
El proyecto incluye desalojos y la Ley de Manejo del Fuego
Otro punto de la reforma se relaciona con los desalojos. El texto plantea acelerar esos procedimientos, mientras que las organizaciones opositoras advierten que las modificaciones favorecerían a grandes propietarios y fondos de inversión. El Gobierno presenta esa medida como parte de un paquete para resguardar la propiedad privada y ofrecer seguridad a quienes invierten en el país.
Además, la propuesta busca eliminar una parte de la Ley de Manejo del Fuego. La norma actual impide, por un período determinado, modificar el uso de tierras afectadas por incendios para evitar que campos, bosques o humedales sean incendiados con fines inmobiliarios, agropecuarios o comerciales.
El tratamiento legislativo había quedado suspendido semanas atrás por falta de acuerdos políticos. El 6 de agosto, el oficialismo intentará reunir los votos necesarios en el Senado para avanzar con el proyecto, que ya había buscado impulsar mediante el DNU 70/2023.