Un proyecto presentado en la Legislatura por el diputado Guillermo Kripper busca meterle presión a los organizadores de cualquier fiesta clandestina en Salta y el norte provincial, endureciendo multas y arrestos, sumando a los dueños de los inmuebles al combo de responsables y apuntando directo a quienes cobran entrada o lucran con estos encuentros que vienen dejando un fuerte rastro de violencia, abusos, intoxicaciones y accidentes en distintos barrios.
Fiestas clandestinas en la mira: el proyecto que agita la Legislatura
Las reuniones tipo fiesta clandestina que se repiten en barrios de la ciudad de Salta y en localidades del norte volvieron a encender la alarma en la política local. A raíz de esas movidas, el diputado provincial Guillermo Kripper presentó en la Cámara un proyecto para meter mano al Código Contravencional y pegarle más fuerte a quienes arman estos eventos por fuera de toda norma.
La iniciativa apunta de lleno al artículo 124 del Código, con la idea de actualizar las faltas y subir el nivel de las sanciones. El foco está puesto en las personas que organizan o permiten estas fiestas ilegales, donde, según advierten, ya no se trata solo de ruidos molestos, sino de situaciones mucho más pesadas que vienen repitiéndose sin freno.
Kripper justificó la presentación marcando que en los últimos años “se ha verificado un incremento sostenido de fiestas clandestinas generando situaciones de violencia, abusos, accidentes e intoxicaciones que el Estado no puede desatender”. Sobre esa base, planteó que hay huecos legales que terminan jugando a favor de los responsables, que muchas veces logran salir bien parados y sin castigos reales.
En ese sentido, el proyecto se mete de lleno en esos vacíos normativos que, según detalló el legislador, permiten que quienes montan estas fiestas terminen “zafando” con sanciones mínimas o directamente sin ninguna consecuencia. La propuesta busca que cada intervención oficial termine con una respuesta concreta y registrada, y no solo con un operativo que se pierde en el tiempo.
El texto ingresado a la Legislatura no se queda en una declaración de intenciones, sino que define una nueva escala de multas y abre la puerta al arresto, según la gravedad del caso. La meta central es que armar una fiesta clandestina deje de ser visto como una simple travesura y pase a tener un costo real para quienes la organizan.
Multas, arrestos y responsabilidad compartida por las fiestas clandestinas
El proyecto de Kripper redefine qué se considera contravención cuando se trata de una fiesta clandestina o un evento armado por fuera de las reglas. De esta manera, se incluye a todas las reuniones que se hagan en inmuebles sin habilitación o que no cumplan con las exigencias marcadas por las normas vigentes, tanto en la capital salteña como en el interior.
Entre las conductas alcanzadas se detalla la presencia de menores de edad fuera del horario permitido, el ingreso de personas en evidente estado de ebriedad y la venta de alcohol a quienes ya están intoxicados. Estos puntos se suman a la falta de habilitación del lugar, convirtiendo el combo en una serie de faltas que, acumuladas, podrían disparar sanciones todavía más duras.
En cuanto a los castigos, la iniciativa fija un esquema con multas que van de 30 a 80 días, graduadas según cada situación concreta. Además, se incorpora la opción de arresto, que también se evaluará caso por caso. La idea es que la pena se ajuste al riesgo real y a las consecuencias que pudo haber tenido cada fiesta clandestina, sin aplicar el mismo criterio a todos los episodios por igual.
Uno de los puntos que más ruido promete generar es el que se refiere al lucro. El texto marca que, si se detecta cobro de entradas o cualquier forma de ganancia económica ligada al evento ilegal, la sanción se incrementará en un tercio respecto de la pena base. Es decir, quien haga negocio con la fiesta clandestina deberá enfrentar un castigo bastante más pesado.
Otro cambio fuerte es la incorporación de la responsabilidad solidaria entre quienes organizan y los dueños del inmueble. Con esta modificación, los propietarios de casas, galpones, quintas o salones donde se haga la fiesta ya no podrían quedar al margen si se comprueba que el lugar fue usado para ese fin. La responsabilidad deja de ser solo del organizador visible y se extiende también al titular del espacio.
Cómo se definirá la pena en cada caso de fiesta clandestina
El proyecto también marca parámetros claros para que la autoridad de aplicación resuelva qué sanción corresponde en cada situación vinculada a una fiesta clandestina. Según el texto, se deberán tener en cuenta el tamaño del lugar, la cantidad de asistentes y si hay o no reincidencia por parte de los mismos organizadores o propietarios.
Kripper remarcó que la modificación “fortalece la capacidad de prevención del Estado y aporta un marco sancionatorio proporcionado al riesgo real que estas prácticas generan”. En ese punto, se apunta a que cada intervención oficial quede respaldada por una norma precisa y medible, tanto para la ciudad de Salta como para las localidades del interior donde estas fiestas se vienen multiplicando.