La Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas pidió que José Miguel Plaza vaya a juicio oral por el siniestro vial del 5 de abril de 2026 en La Merced, donde murió Tomás, un niño que circulaba en bicicleta junto a su madre. Plaza trabajaba como chofer del intendente local, Javier Wayar. La acusación no plantea que haya existido intención de asesinar, sino un presunto homicidio culposo agravado. También se investigan las lesiones sufridas por la madre.
El requerimiento fue presentado por el fiscal penal Santiago López Soto. Según la investigación, una camioneta conducida por el imputado atropelló a la mujer y a su hijo cuando cruzaban por la senda peatonal de la avenida Hipólito Yrigoyen.
El pedido de juicio por el siniestro en La Merced
De acuerdo con las actuaciones incorporadas al expediente, el niño se desplazaba en bicicleta mientras acompañaba a su madre. Ambos atravesaban la senda peatonal cuando fueron embestidos por el vehículo.
Tras el impacto, Tomás sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladado al Hospital Materno Infantil. Murió horas después como consecuencia de las lesiones recibidas.
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La mujer también resultó lesionada en la colisión. Por ese hecho, Plaza enfrenta además una imputación por lesiones culposas en perjuicio de la madre del niño.
La pericia marcó una velocidad de 72,75 km/h
Uno de los elementos centrales de la acusación es la pericia accidentológica. El estudio determinó que la camioneta circulaba a 72,75 kilómetros por hora en un tramo donde la velocidad máxima permitida era de 30 km/h.
La Fiscalía sostuvo que el vehículo se movía a una velocidad superior al doble del límite establecido para ese sector. También indicó que, si se hubiera respetado la máxima permitida, el conductor habría tenido la posibilidad de frenar antes de llegar al lugar del choque.
El chofer tenía una inhabilitación vigente para conducir
La investigación también relevó la situación administrativa de Plaza al momento del siniestro. La causa determinó que tenía vigente una inhabilitación para conducir, dictada previamente por una sanción administrativa.
La medida se había impuesto luego de que fuera detectado manejando con 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre. Por esa sanción, tenía prohibido conducir cuando ocurrió el hecho del 5 de abril de 2026.
Para pedir la apertura del juicio oral, López Soto incorporó testimonios, registros de cámaras de seguridad, la pericia accidentológica, informe de autopsia, historias clínicas, análisis toxicológicos y otras evaluaciones técnicas. En el debate oral se determinará la responsabilidad penal que pudiera corresponderle a Plaza.