La política salteña se sacude con un proyecto que apunta de lleno a las fiestas clandestinas: la Cámara de Diputados tratará una fuerte suba de sanciones contra quienes organizan eventos sin habilitación en toda la provincia, iniciativa firmada por el diputado Guillermo Kripper. La propuesta, que ingresó al temario de la próxima sesión, modifica el Código Contravencional y pone bajo la lupa tanto a organizadores como a dueños de los inmuebles donde se hacen estos encuentros. El texto busca ordenar un fenómeno que se repite en barrios, fincas y galpones de distintos puntos de Salta.
Fiestas clandestinas bajo fuego: más sanciones y responsabilidad compartida
El proyecto de Guillermo Kripper propone retocar el artículo 124 del Código Contravencional para pegar más fuerte sobre quienes arman fiestas clandestinas sin ninguna habilitación, ya sea en casas particulares, quintas o salones improvisados. La idea central es que cada baile, juntada paga o evento de acceso público que se haga por fuera de las normas deje de pasar “por debajo del radar” de los controles oficiales.
Según se detalla en la letra del expediente, las nuevas sanciones apuntan especialmente a aquellos eventos que cobran entrada, venden alcohol o publicitan por redes sociales, pero que igual se organizan sin permisos ni medidas básicas de seguridad. El planteo es que, al no estar autorizados, estos espacios quedan por fuera de las revisiones formales de controles de sonido, salidas de emergencia, capacidad del lugar y demás requisitos legales.
Uno de los cambios más fuertes es la incorporación de la figura de “responsabilidad solidaria”. Eso significa que, si se detecta una de estas fiestas clandestinas, no solo deberá responder el organizador visible del evento, sino también el dueño o poseedor del inmueble donde se hace. La apuesta del proyecto es que nadie pueda “lavarse las manos” cuando caiga un operativo, y que ya no se pueda desligar la culpa diciendo que el dueño “no sabía nada”.
En el texto se explica que este esquema de responsabilidad compartida busca cerrar el juego a las maniobras habituales donde, cuando llega la Policía o los inspectores, nadie se hace cargo de quién montó el evento o quién prestó el lugar. De esta manera, se pretende que propietarios y organizadores piensen dos veces antes de alquilar o ceder espacios para fiestas sin papeles.
El mapa caliente: dónde explotan las fiestas y qué justifican las nuevas sanciones
En los fundamentos, Guillermo Kripper pone el foco en lo que viene pasando en varios puntos de la provincia: menciona municipios del Valle de Lerma, distintas zonas del área metropolitana y localidades del interior donde se multiplican las fiestas clandestinas y eventos sin control. Allí se describe un crecimiento “sostenido” de reuniones nocturnas que se organizan sin la habilitación que exige la normativa vigente.
El proyecto resalta que, en muchos de estos lugares, no hay supervisión alguna sobre la venta de bebidas alcohólicas, ni límites claros de aforo ni revisión previa de condiciones mínimas de seguridad. Se señala que estos encuentros funcionan como verdaderos huecos negros donde todo pasa sin control: música alta hasta cualquier hora, consumo de alcohol sin registro y espacios muchas veces cerrados, sin ventilación ni vías de escape adecuadas.
Además, la iniciativa advierte sobre los efectos que pueden dispararse en este tipo de contextos: peleas, episodios de violencia, posibles abusos, accidentes dentro o fuera de los predios y situaciones de intoxicación por el consumo excesivo de alcohol. También se menciona el impacto sobre vecinos que se ven rodeados por ruidos, autos mal estacionados y circulación constante de gente durante toda la madrugada.
Cómo se graduarán las nuevas sanciones y qué mirarán los jueces contravencionales
El proyecto no solo sube la vara de las sanciones, sino que también incorpora parámetros para definir cuán grave es cada infracción vinculada a fiestas clandestinas o eventos sin habilitación. Para eso, se establece que la autoridad encargada de juzgar los casos deberá fijarse en distintos factores antes de decidir el monto de la multa u otras medidas.
Entre esas variables, el texto menciona la capacidad o tamaño del lugar donde se hizo el evento, la cantidad de personas que efectivamente había en el sitio al momento del control y si los responsables ya habían caído con infracciones similares antes. Con esos datos, se busca que las sanciones no sean “a ojo” sino con un criterio más parejo, de acuerdo a la dimensión real de cada caso.
Según se remarca en el proyecto, este esquema pretende que, cuando se apliquen multas u otras respuestas contravencionales, se haga con reglas claras y previsibles, y no solo con decisiones puntuales. De esa forma, cada fiesta o actividad recreativa de acceso público que funcione sin habilitación quedará alcanzada por un nivel de castigo directamente proporcional a su magnitud y antecedentes.
El tratamiento del texto en la Cámara de Diputados de Salta quedó enmarcado en la discusión por reforzar las herramientas de prevención y control sobre los eventos recreativos abiertos al público que hoy se mueven por fuera de la normativa provincial.