El Gobierno argentino puso en marcha un concurso nacional e internacional para incorporar inversionistas privados a Fabricaciones Militares, bajo un esquema en el que el Estado conservará el 49% de participación y el socio privado deberá tener al menos el 51%. La convocatoria fue difundida en el Boletín Oficial y, según lo informado, no implica venta de activos ni una privatización accionaria. En este modelo, Fabricaciones Militares aporta plantas y capacidad productiva, mientras que los privados deberán sumar inversión, gestión y apertura de mercados para distintas áreas del negocio.
La medida apunta a elevar la productividad, reactivar la industria de defensa en la Argentina y atraer inversiones por cifras millonarias. Además, el diseño oficial busca responder a la demanda local e internacional de insumos estratégicos por medio de una asociación público-privada que, de acuerdo con la explicación difundida, se diferencia de una privatización total evaluada en otros momentos. A la vez, el Estado percibirá un canon anual y fijó condiciones precisas para quienes quieran participar.
Entre los requisitos aparecen la experiencia en el sector, la solvencia económica y la capacidad de operar en alguno de los cuatro segmentos en los que se reorganizó el negocio de Fabricaciones Militares: químicos, explosivos, defensa y metalmecánica. En cada caso, las exigencias de inversión mínima cambian según la planta y el rubro involucrado. También se estableció el pago de 30 mil dólares para acceder a la documentación técnica y una garantía de 2 millones de dólares para competir.
Fabricaciones Militares tendrá socios privados, pero el Estado mantendrá el 49%
El concurso abierto por el Gobierno establece una participación mayoritaria privada, aunque conserva una presencia estatal dentro de la estructura societaria. De acuerdo con lo comunicado oficialmente, el Estado no venderá los activos de Fabricaciones Militares, ya que las plantas y las capacidades productivas seguirán bajo su órbita, mientras que el futuro asociado deberá aportar fondos, administración y llegada comercial.
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Sobre ese punto, el analista especializado en defensa Andrei Serbin Pont explicó en Infobae en Vivo que la propuesta no equivale a una privatización. Según indicó, la compañía estatal mantiene el 49% y también retiene los activos, mientras que el privado asume el compromiso de invertir, gestionar y abrir mercados. En ese marco, sostuvo que la idea apunta a que la firma recupere parte de la capacidad productiva que perdió en las últimas décadas.
Dentro del esquema también se prevé que el Estado reciba un canon anual. A eso se suma un sistema de filtros para el ingreso de oferentes, ya que quienes se presenten deberán demostrar por lo menos quince años de experiencia en operaciones similares, además de respaldo financiero suficiente. Según se explicó, esos requisitos buscan evitar propuestas especulativas y asegurar que los futuros socios tengan idoneidad comprobable.
La convocatoria se da en una etapa inicial, por lo que todavía debe definirse qué empresas seguirán en carrera dentro de las negociaciones. Sin embargo, el formato ya deja planteados sus ejes centrales: mayoría accionaria privada, control estatal del 49%, obligación de inversión y mantenimiento de los activos en manos públicas. De esa forma, el Gobierno avanzó con un modelo distinto al de una privatización plena.
El Gobierno dividió el negocio en cuatro áreas y fijó inversiones mínimas
Uno de los rubros definidos dentro del nuevo esquema es el de químicos básicos. Allí se incluyen ácido sulfúrico, ácido nítrico y nitrato de amonio en solución. Según la explicación difundida, este frente está orientado a reducir la dependencia de fertilizantes importados, en un contexto que se profundizó después de la guerra en Ucrania y que también llevó a otros países de la región, entre ellos Brasil, a buscar alternativas de abastecimiento.
Otro segmento es el de explosivos y energéticos. En esa categoría figuran pólvoras, explosivos industriales y TNT, insumos considerados relevantes tanto para la minería como para la defensa. Para esta rama, el plan prevé una inversión mínima de 70 millones de dólares en las plantas de Villa María, en Córdoba, y Azul, en Buenos Aires, con el objetivo de ampliar la producción y atender la demanda interna junto con posibles mercados externos.
La tercera rama es la de defensa. En ese punto se contempla la fabricación de municiones de bajo y alto calibre, armamento y chalecos balísticos. La planta de Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, aparece como destino de una inversión mínima de 40 millones de dólares para reactivar su capacidad productiva. Dentro de esta línea, los compradores señalados son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y las policías provinciales.
El cuarto componente corresponde a la metalmecánica. Ese apartado incluye material rodante, cañones, envueltas y vainas, y tiene a la planta de Río Tercero, en Córdoba, como sede prevista para la inversión. En su análisis, Serbin Pont remarcó que la mención específica a cañones aparece como un rasgo diferencial del proyecto, ya que consideró que la capacidad de producirlos es escasa a escala global.
Las exigencias de acceso al concurso también están atadas a esta reorganización por segmentos. Además de la experiencia mínima y la solvencia económica, el pago de 30 mil dólares por la documentación técnica y la garantía de 2 millones de dólares forman parte del diseño para seleccionar empresas con capacidad real de operar en las áreas definidas por el Estado.
Los inversionistas deberán aportar fondos, gestión y acceso a mercados
La búsqueda de inversionistas se apoya, además, en un escenario internacional marcado por la guerra en Ucrania y por la escasez de insumos militares. Ese contexto generó una mayor demanda y una suba de precios, factores que impulsaron al Gobierno argentino a buscar socios con capacidad de sumar tecnología, capital y acceso a canales globales de comercialización. El planteo oficial también contempla primero la atención de la demanda interna y, en una etapa posterior, la posibilidad de exportar productos con valor agregado.
En esa línea, Serbin Pont indicó que la demanda local de productos de defensa supera la capacidad disponible en la actualidad, por lo que la Argentina recurre a importaciones de municiones para cubrir ese faltante. Según señaló, esa situación aparece como uno de los argumentos operativos para incorporar un socio que pueda ampliar la producción y reforzar la provisión local. También sostuvo que una participación internacional podría contribuir a reducir los costos de adquisición de insumos para el Estado argentino, que hoy enfrenta valores elevados en el mercado global.
En paralelo, durante los últimos años circularon versiones sobre el interés de firmas extranjeras en asociarse con Fabricaciones Militares. De acuerdo con Serbin Pont, hubo dos compañías, una de la República Checa y otra de Alemania, que manifestaron su intención de invertir y ampliar la capacidad productiva en el campo militar. Según el analista, ambos países buscan expandir su industria de defensa y observan en la Argentina una oportunidad estratégica.
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El recorrido reciente de la empresa también aparece entre los antecedentes de la decisión. Fabricaciones Militares atravesó, según lo expuesto, años de desorden y falta de inversión. Serbin Pont señaló que, de acuerdo con testimonios relevados por él, “la empresa llegó a acumular depósitos con armas sin ensamblar” y sufrió un deterioro en su capacidad de gestión. También recordó que en distintos momentos de su historia la compañía logró fabricar bienes que no existían en el resto de la región, aunque agregó que la falta de modernización tecnológica y de recursos terminó frenando ese desarrollo y afectó el funcionamiento industrial de la firma.