Un exfuncionario de Urtubey y también de Juan Carlos Romero está detenido en una cárcel de Salta, acusado de gravísimos delitos sexuales contra un chico de 13 años, y ahora espera una audiencia clave donde la Justicia va a resolver si le mantiene la prisión preventiva o le permite irse a su casa con arresto domiciliario. El apuntado es el abogado Juan Carlos Subirada, conocido en la administración pública salteña, que trabajó en distintas áreas del Estado y que hoy enfrenta una causa por grooming y corrupción de menores que sacude a la provincia.
El exfuncionario de Urtubey preso por delitos sexuales contra un menor
El protagonista del caso es el abogado Juan Carlos Subirada, un exfuncionario de Urtubey y de la gestión de Juan Carlos Romero, que terminó tras las rejas en Salta por una denuncia estremecedora: lo acusan de haber mantenido comunicaciones de contenido sexual con un adolescente de 13 años. Desde el 16 de enero permanece privado de la libertad a la espera de que se defina su situación procesal.
La causa está en manos de la Fiscalía de Ciberdelincuencia, que le imputó los delitos de grooming y corrupción de menores. En este contexto, el Ministerio Público pidió que se le dicte la prisión preventiva, medida que ya se viene cumpliendo en una cárcel salteña. La defensa, a cargo del abogado Ricardo Belbruno, adelantó que va a pelear para que esa prisión preventiva se caiga o, al menos, se cambie por arresto domiciliario.
La fecha que todos miran es el 20 de marzo, día fijado para la audiencia donde un juez de garantías deberá decidir si hace lugar al planteo de la fiscalía o al pedido de la defensa. Hasta que eso pase, Subirada seguirá alojado en un establecimiento penitenciario de la provincia de Salta, mientras se siguen produciendo pruebas y pericias ordenadas por la Fiscalía de Ciberdelincuencia.
La denuncia en Vaqueros y el material sexual que encendió las alarmas
El expediente se abrió a partir de una presentación realizada en la comisaría de Vaqueros el 31 de diciembre del año pasado. Ese día, una mujer llegó hasta la dependencia policial y, según consta en la causa, contó que había vivido una situación desesperante al revisar el celular de su hijo de 13 años y encontrar audios y mensajes de tono sexual enviados por un adulto.
La denunciante entregó el teléfono del menor a la Policía y pidió que se iniciaran de inmediato las actuaciones correspondientes. Con ese aparato como punto de partida, la Fiscalía de Ciberdelincuencia ordenó las primeras medidas, entre ellas el análisis completo de los mensajes que luego fueron sumados al expediente penal. A partir de ese estudio, los investigadores concluyeron que el contenido de las conversaciones era netamente sexual.
Los pesquisas no solo detectaron los chats con el adolescente de 13 años, sino que en las actuaciones se incorporaron indicios de que el sospechoso también habría intentado entablar contacto con otro hermano menor de la misma familia. Ese dato encendió todavía más alarmas dentro de la fiscalía especializada, que decidió avanzar con medidas más fuertes sobre el abogado ahora detenido.
Allanamientos, detención y secuestro de computadoras en Salta
Con los mensajes y audios ya incorporados a la causa, la investigación apuntó primero a un barrio privado de la villa veraniega de San Lorenzo, donde se presumía que vivía Subirada. En ese lugar se montaron tareas de observación y vigilancia, pero luego se comprobó que el abogado prácticamente no concurría más a esa vivienda y que su residencia efectiva estaría en otro punto de la provincia.
Después de nuevas averiguaciones, los investigadores ubicaron un domicilio vinculado al imputado en la zona oeste de la ciudad de Salta. En ese contexto, el 15 de enero se concretó un allanamiento ordenado por la Justicia, a pedido de la Fiscalía de Ciberdelincuencia. En ese procedimiento se detuvo a Juan Carlos Subirada y, además, se secuestraron su teléfono celular, computadoras y distintos dispositivos electrónicos considerados clave para la causa.
Qué dijo la fiscal sofía cornejo sobre la evidencia digital
La fiscal del área de ciberdelitos, Sofía Cornejo, explicó tiempo después cómo se dio el operativo en el que terminaron arrestando al exfuncionario de Urtubey. Según sus palabras, “la detención se produjo en un allanamiento realizado en la zona macrocentro, donde se secuestró toda evidencia digital”. Ese material fue enviado a pericias específicas para determinar el alcance de las comunicaciones y la posible existencia de otras conductas delictivas.
Al día siguiente de la detención, la fiscalía formalizó la imputación contra Subirada como presunto autor de grooming y corrupción de menores. En esa audiencia, el abogado llegó esposado, estuvo acompañado por su defensor particular y decidió usar su derecho a no declarar. Una vez terminada la imputación, el Ministerio Público reiteró el pedido de prisión preventiva, tomando como base el cuadro probatorio que, según plantea, ya reunieron hasta el momento.
Las penas que arriesga y el pesado prontuario que salió a la luz
De acuerdo a lo que figura en la acusación, la conducta atribuida al exfuncionario de Urtubey y Romero encuadra de manera probable en las figuras de grooming y corrupción de menores. Estos delitos, contemplados en el Código Penal argentino, prevén una escala de entre 3 y 10 años de prisión efectiva, dependiendo de cómo se califiquen los hechos y de lo que se termine probando en el juicio.
Mientras se acerca la audiencia del 20 de marzo, la fiscalía avanzó en pericias sobre los dispositivos secuestrados y en otras medidas de prueba complementarias. Todas esas diligencias deberán estar agregadas al expediente antes de la audiencia en la que se discutirá si Subirada continúa en prisión preventiva o si se le otorga una medida menos gravosa, como podría ser un arresto domiciliario con restricciones.
En paralelo, la Fiscalía de Ciberdelincuencia informó que, al revisar sus antecedentes, encontraron datos personales y laborales de relevancia. Según la documentación oficial analizada, Juan Carlos Subirada es oriundo de Córdoba y se radicó en Salta hace varios años, donde llegó a ocupar distintos cargos en la administración pública provincial, especialmente ligados al área inmobiliaria y a entes estatales.
Cargos públicos, paso por el poder judicial y causas anteriores
El Boletín Oficial de la Provincia de Salta registra que Subirada cumplió funciones como Jefe de Programa Asistencia Jurídica del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas hasta el 24 de noviembre de 2006. Luego fue designado al frente de la Dirección General de Inmuebles de la Provincia, cargo en el que se mantuvo alrededor de 5 años, con fuerte exposición dentro de la estructura estatal.
El mismo Boletín Oficial detalla que, el 23 de diciembre de 2011, el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey lo nombró Liquidador del Ente Residual Instituto Provincial de Seguros de Salta, organismo que dependía de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos. La resolución fijaba para ese puesto una remuneración equivalente a la de un director y marcaba vigencia hasta el 10 de diciembre de 2011.
Además, la propia Fiscalía de Ciberdelincuencia informó que, al momento de su detención, el imputado trabajaba en el Poder Judicial de la provincia, en tareas vinculadas a un juzgado laboral, con el cargo de abogado auxiliar. En el expediente se agregaron también antecedentes penales por hechos de amenazas, violencia de género y otros delitos, punto que, según las actuaciones, fue tenido en cuenta al evaluar su situación procesal actual y el pedido de mantenimiento de la prisión preventiva.
La audiencia del 20 de marzo y el rol de la defensa de Subirada
Respecto del futuro inmediato de la causa, el abogado defensor Ricardo Belbruno insistió en que la audiencia fijada para el 20 de marzo será determinante. En ese acto judicial, un juez de garantías deberá resolver si mantiene la prisión preventiva solicitada por la fiscalía o si hace lugar al planteo de la defensa para que Subirada espere el avance del proceso fuera de la cárcel, posiblemente bajo un esquema de arresto domiciliario y con distintas condiciones.
De acuerdo con lo que surge del expediente, hasta esa fecha seguirán en marcha las pericias sobre la evidencia digital secuestrada y el resto de las medidas de prueba pedidas por la Fiscalía de Ciberdelincuencia, que luego serán evaluadas junto con los antecedentes laborales y penales del exfuncionario imputado por delitos sexuales contra un menor en la provincia de Salta.