La Municipalidad de Cerrillos atraviesa un escándalo institucional tras quedar al descubierto una red de cobros clandestinos y habilitaciones irregulares que se arrastraban desde gestiones anteriores. La contadora Gabriela Juárez, actual jefa de Rentas, denunció amenazas personales y una campaña de difamación en su contra luego de iniciar auditorías que destaparon graves irregularidades en más de un centenar de comercios locales.
La polémica escaló a raíz de una protesta convocada por tres comercios recientemente clausurados, cuyos propietarios alegaron persecución política. Sin embargo, detrás de esa movilización emergieron antecedentes judiciales y administrativos que pintan un escenario mucho más complejo. Según la propia Juárez, las medidas de control y ordenamiento que impulsa el municipio chocaron con fuertes resistencias de comerciantes irregulares y de sectores políticos vinculados a gestiones anteriores.
Una trama de corrupción que salió a la luz
De acuerdo con la funcionaria, las auditorías internas revelaron que durante años operó un sistema paralelo de recaudación dentro del municipio. Empleados infieles cobraban “por izquierda” los derechos de habilitación y otros pagos, que nunca ingresaban a la caja oficial. Como resultado, decenas de comercios funcionaban sin registro legal, d con expedientes incompletos y habilitaciones que nunca fueron asentadas en el sistema.
“Había comercios que mostraban un número de padrón, pero sus expedientes tenían apenas dos o tres hojas. Otros habían pagado sumas importantes, pero sus habilitaciones nunca se registraron. Ese dinero iba a una cartera privada, no a Rentas”, explicó Juárez en declaraciones televisivas.
Los documentos recopilados y los testimonios de afectados respaldan la existencia de esta red clandestina, que permitía a locales operar “de palabra” y bajo la protección política del poder de turno. De esta manera, algunos negocios permanecieron abiertos durante años sin cumplir con controles sanitarios ni tributarios.
Comercios cerrillanos clausurados y antecedentes oscuros
La convocatoria a protestar por el cierre de tres locales derivó en un cruce público entre la Municipalidad y un grupo de comerciantes. No obstante, entre los manifestantes sobresale un referente con antecedentes judiciales por usurpación de locales, venta de carne en mal estado y evasión de controles.
En uno de los episodios más graves, el hombre fue denunciado por ocupar ilegalmente un comercio en barrio Los Pinares, donde se decomisaron 148 kilos de carne en condiciones deplorables. Aun así, el comerciante busca instalar la idea de ser víctima de una persecución política, pese a que las causas penales abiertas y los decomisos reiterados muestran lo contrario.
Juárez denunció que, desde que comenzaron los controles, ella y su familia son blanco de amenazas y ataques mediáticos. “Cada vez que intentamos ordenar algo, aparecen las campañas sucias. No soportan que les exijamos cumplir con la ley”, sostuvo.
Controles y resistencias en los barrios
En los últimos meses, Rentas realizó relevamientos en más de 240 comercios de Cerrillos. Como resultado, la mitad de los locales ya regularizó su situación y cuenta con habilitaciones en regla. Sin embargo, las inspecciones en barrios como Los Pinares, Santa Rita y Paraíso generaron fuertes reacciones por parte de los comerciantes.
El municipio insiste en que no se trata de persecuciones políticas, sino de ordenar una situación marcada por el “vale todo” de gestiones pasadas. Aun así, el costo institucional y personal es alto. “Ahora no solo me difaman a mí, también se meten con mi familia. Pero yo cumplo con mi trabajo y no pienso dar un paso atrás”, expresó la funcionaria.
El reclamo de los comerciantes autoconvocados
Paralelamente, un grupo que se presenta como “Comerciantes Autoconvocados” difundió un cartel en redes sociales convocando a una manifestación para hoy, jueves 9 de octubre, en la plaza principal de Cerrillos. Allí denuncian lo que consideran “atropellos” de la actual gestión municipal por clausuras indebidas y multas ilegales que, según afirman, dejan sin trabajo a varias familias.
En el volante, reclaman que se les exigen requisitos “imposibles de cumplir por los altos costos” y llaman a expresarse “sin ningún signo político”.
Avance judicial y resistencias internas
Las actuaciones ya fueron elevadas a la Justicia, que investiga las responsabilidades en los cobros ilegales y en las habilitaciones fantasmas. Paralelamente, algunos empleados involucrados fueron cesanteados, aunque persisten resistencias dentro de la estructura administrativa.
La revelación de esta red de irregularidades no solo expone la fragilidad de los controles en gestiones anteriores, sino también la profundidad del problema que afronta la actual administración municipal. Mientras tanto, el equipo actual debe lidiar con un doble frente: ordenar el sistema de habilitaciones y enfrentar las quejas provenientes de sectores que cuestionan las medidas tomadas por el municipio.