La dueña del geriátrico clandestino que funcionaba en el barrio Nuevo Horizonte, en Santa Fe, se entregó este martes ante la Justicia luego de permanecer casi una semana prófuga. La mujer se presentó voluntariamente en la sede de la Policía de Investigaciones, acompañada por su abogado Claudio Torres del Sel. El caso salió a la luz tras un incendio ocurrido el 29 de julio, cuando los residentes denunciaron falta de alimentos, maltrato y abandono.
La identidad de la propietaria no fue difundida. Tras su presentación, quedó a disposición judicial y está previsto que el próximo viernes se realice la audiencia imputativa en los Tribunales de Santa Fe. La acusación estará a cargo del fiscal Manuel Cecchini, mientras que la audiencia será dirigida por la jueza Rosana Carrara.
En el expediente también permanece detenido un empleado del asilo, identificado por las iniciales R. A. H. El hombre será imputado este miércoles en una causa vinculada al presunto maltrato de los adultos mayores que estaban alojados en la residencia ilegal.
Filmaron a un enfermero golpeando e insultando a dos abuelas en un geriátrico
El fuego reveló las condiciones dentro del geriátrico clandestino
La investigación comenzó el 29 de julio, cuando se produjo un incendio intencional dentro del inmueble. De acuerdo con la reconstrucción difundida por Aire de Santa Fe, una de las ocho personas alojadas reconoció haber iniciado el fuego “para llamar la atención”, porque, según manifestó, “no los alimentaban hacía cuatro días”.
Luego del aviso, los Bomberos Zapadores llegaron al lugar y apagaron las llamas. No hubo heridos graves, aunque la intervención permitió conocer las condiciones en las que vivían los residentes y recoger sus testimonios.
Según se informó durante la investigación, los adultos mayores habrían sufrido maltrato y abandono. También relataron que no tenían alimentos, que les retenían la documentación y que no podían mantener contacto con personas del exterior.
Héctor, uno de los hombres alojados, contó que había llegado al lugar con promesas de atención y comida que, según dijo, no se cumplieron. “Me dijeron que acá iba a estar bien, que no me iba a faltar nada, que iba a comer bien y me iban a atender. Fue todo al revés”, expresó.
Las imágenes tomadas tras el incendio mostraron que los residentes permanecían hacinados en una habitación. En ese espacio había varias camas en condiciones precarias, poco mobiliario y pertenencias acumuladas.
Los residentes denunciaron falta de comida y retención de tarjetas
Durante las actuaciones se conoció que cada persona abonaba 300.000 pesos mensuales por su estadía. Ese dinero era retirado de las tarjetas de cobro de los jubilados por los encargados del geriátrico, según trascendió en el marco de la causa.
Miguel Ángel, otro de los residentes, relató que le habían quitado su tarjeta de cobro. Por su parte, Luis César Arriola, de 80 años, denunció que permaneció dos años sin documentación y sin poder comunicarse con personas fuera del establecimiento.
“Me tienen secuestrado”, afirmó Arriola. Además, describió la falta de provisiones y señaló: “hace cuatro días que no comemos. No hay azúcar, no hay yerba, no hay pan, no hay nada”.
7 adultos mayores fueron trasladados tras el rescate
Después de la intervención en el geriátrico clandestino, siete adultos mayores fueron retirados del lugar. El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo, informó que esas personas quedaron alojadas en la Casa Beata Clara, donde reciben atención integral.
“La Municipalidad sabe que la Justicia tiene una intervención activa. Desde el Ejecutivo nos hicimos cargo de los siete adultos y los tenemos alojados y asistidos en Casa Beata. La situación es de emergencia”, afirmó Mastropaolo.
El funcionario indicó que el municipio pondrá a disposición de la investigación la información y las pruebas que sean solicitadas para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades penales.
Sobre la detección del lugar, Mastropaolo explicó que no se había realizado una auditoría porque nunca se presentó un pedido de habilitación. Según señaló, las autoridades entendían que el inmueble era una vivienda privada.
“Quiero ser claro: lo que es ilegal e irregular, salvo denuncias de vecinos, para nosotros es un domicilio privado. Nosotros no podemos entrar a una casa, no tenemos esa potestad; debe haber una intervención para poder actuar”, aclaró.
Un vecino relató que su hija había prestado dinero a uno de los empleados para comprar alimentos y otros recursos para quienes vivían allí. También identificó a Ricardo como el trabajador que “salía a hacer las compras, los cuidaba y hasta los bañaba cuando hacía falta”.