Diputados podrían tratar este martes 12 de mayo un proyecto de ley del bloque Todos por Salta que apunta a cambiar el funcionamiento del Observatorio de Violencia contra las Mujeres y del Comité de Prevención de la Tortura. La iniciativa propone que los representantes del Estado en esos organismos cumplan sus tareas ad honorem, es decir, sin cobrar una remuneración estatal adicional. Además, plantea modificar las leyes 7.863 y 8.024, en un esquema que, según el texto, busca optimizar el gasto público en Salta.
La propuesta alcanza a las personas designadas por los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo dentro de esos espacios vinculados a los Derechos Humanos. A la vez, el proyecto indica que no se modificaría la participación de representantes de organizaciones no gubernamentales, por lo que ese sector seguiría dentro del Observatorio de Mujeres y del Comité contra la Tortura.
Diputados analizarían un proyecto que cambia el rol estatal en el Observatorio de Violencia
El proyecto fue impulsado por el bloque Todos por Salta y podría ser tratado este martes 12 de mayo. El eje central de la propuesta es que los representantes estatales en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y en el Comité de Prevención de la Tortura pasen a ejercer sus funciones sin percibir un pago extra del Estado.
Según el texto, la modificación alcanzaría a quienes lleguen a esos organismos por designación institucional de los tres poderes del Estado. De ese modo, la función quedaría bajo carácter ad honorem, aunque seguirían cumpliendo tareas dentro de entidades vinculadas con la prevención de la violencia y la tortura.
También se propone modificar las leyes 7.863 y 8.024. Esa reforma forma parte de una iniciativa que, de acuerdo con la fundamentación presentada, se encuadra en una política de optimización del gasto público.
La iniciativa ad honorem también prevé eliminar incompatibilidades actuales
Entre los cambios incluidos aparece la derogación de las incompatibilidades hoy vigentes. Con esa modificación, quienes integren esos cuerpos por representación institucional podrían mantener al mismo tiempo actividades privadas o académicas remuneradas.
El proyecto vincula esa medida con un criterio de austeridad administrativa frente al escenario económico actual y la disponibilidad limitada de recursos. En ese marco, la fundamentación sostiene: “Es fundamental coadyuvar al equilibrio de los recursos públicos sin descuidar la invaluable labor de estos organismos en la prevención de la violencia y la tortura”.
De acuerdo con el texto, la propuesta no alcanzaría a los representantes de organizaciones no gubernamentales. Por eso, la participación civil seguiría sin cambios dentro del Observatorio de Mujeres y del Comité contra la Tortura.
Qué organismos quedarían alcanzados por la propuesta
La iniciativa menciona de manera puntual al Observatorio de Violencia contra las Mujeres y al Comité de Prevención de la Tortura. En ambos casos, el cambio previsto está enfocado en los representantes del Estado y no en la totalidad de sus integrantes.
Así, si el proyecto avanza, la modificación recaería sobre las designaciones hechas por los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo. En cambio, los lugares ocupados por organizaciones no gubernamentales continuarían bajo el esquema actual, tal como lo aclara el propio proyecto.