La oposición llevó a la Justicia y al Congreso sus cuestionamientos por los fondos destinados a rutas nacionales. La diputada Victoria Tolosa Paz denunció al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, por el manejo de recursos del Sistema Vial Integrado, conocido como Sisvial. La presentación sostiene que $1,038 billones recaudados mediante el impuesto a los combustibles, previstos para obras y conservación vial, habrían sido usados en inversiones financieras. Además, distintos bloques impulsan pedidos para que Caputo explique el destino de esos recursos.
La denuncia penal presentada por la legisladora de Unión por la Patria plantea, de manera presunta, los delitos de malversación de fondos públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Tolosa Paz vinculó el planteo judicial con el estado de la infraestructura vial nacional y con trabajos que, según expuso, no avanzaron. La diputada bonaerense cuestionó que recursos vinculados al mantenimiento de caminos fueran destinados a otro uso.
La denuncia por los recursos del Sisvial
El Sistema Vial Integrado recibe una parte de la recaudación del impuesto a los combustibles. Según la presentación, esos ingresos tienen una asignación relacionada con la conservación, la rehabilitación y el mejoramiento de las rutas nacionales.
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De acuerdo con el escrito judicial de Tolosa Paz, los recursos alcanzados por la investigación suman 1,038 billones de pesos. La denuncia pone el foco en el destino que habrían tenido esos fondos y en su eventual utilización en inversiones financieras.
“Cada vez que cargamos combustible, pagamos un impuesto destinado a mantener y recuperar las rutas nacionales. Pero mientras nuestras rutas se deterioran y se pierden vidas, esa plata termina en la timba financiera para sostener un superávit fiscal armado a costa del abandono vial, como por ejemplo el de las rutas nacionales 3 y 5. No falta plata, falta decisión política. Por eso presentamos un amparo colectivo”, afirmó la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires como parte de su denuncia.
La iniciativa judicial se sumó a reclamos parlamentarios sobre la administración de los fondos del Sisvial. Legisladores de diferentes espacios promueven proyectos de interpelación e informes para que el titular de Economía brinde detalles ante la Cámara de Diputados.
El pedido para que Caputo vaya a Diputados
Uno de los proyectos fue presentado por Marina Salzmann, también diputada de Unión por la Patria. La iniciativa surgió después de que el vocero presidencial Adrián Ravier reconociera que la mayor parte de los recursos involucrados se dirige a sostener el equilibrio fiscal, en vez de aplicarse a la finalidad específica prevista para el mantenimiento de rutas nacionales.
El texto solicita que Caputo concurra a la Cámara baja junto al administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy. La participación de Campoy fue planteada para “complementar con precisión técnica las respuestas” que deba brindar el ministro de Economía.
Además, el proyecto pide “el cese inmediato de la utilización de fondos de asignación específica para maquillar el superávit fiscal y la reactivación urgente de las obras viales paralizadas en todo el país”. El pedido de interpelación fue acompañado por el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
Entre quienes respaldaron la propuesta también figuran Cecilia Moreau, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Karen Tepp, además de otros integrantes de esa bancada. El planteo busca conocer cómo se administraron los ingresos que provienen del impuesto aplicado a los combustibles.
Más proyectos por los fondos y las rutas nacionales
En los fundamentos de su propuesta, Salzmann sostuvo que la discusión no se limita a la disponibilidad de recursos estatales, sino al cumplimiento de las normas que establecen el destino de lo recaudado. “No se trata de un problema de caja, es un problema de legalidad. La ley dice para qué es esa plata y el propio Gobierno admitió que no la usa para eso. Eso no es equilibrio fiscal, es un curro con el asfalto que necesitan millones de argentinos”, expresó la legisladora.
Antes de ese reconocimiento oficial, la diputada había solicitado informes por la Autopista Presidente Perón. Esa vía, junto con la autopista Camino del Buen Aire, integra un tercer cordón vial que comunica el norte y el sur del conurbano. Según el pedido, el trazado conecta 12 municipios y beneficiará a 12 millones de personas.
Salzmann indicó que los recursos retenidos alcanzarían para intervenir más de 20.000 kilómetros de rutas nacionales. En su planteo, consideró que los fondos deberían utilizarse para completar obras paralizadas en distintos puntos del país.
Por su parte, el diputado mendocino de Unión por la Patria Emir Felix presentó otro proyecto sobre los recursos del Sisvial. Su propuesta plantea suspender de manera transitoria la parte de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono destinada a financiar ese sistema, hasta que se utilicen todos los fondos viales acumulados.
La suspensión impulsada por Felix no incluye los componentes del mismo impuesto vinculados al sistema previsional, al Fondo Nacional de la Vivienda, al transporte automotor y ferroviario ni a las provincias. El proyecto apunta solamente a la porción de la recaudación destinada al Sistema Vial Integrado.
La iniciativa establece que, dentro de los diez días hábiles posteriores a una eventual entrada en vigencia, se determine el “Saldo Vial Acumulado”. Ese cálculo debería contemplar disponibilidades bancarias, inversiones financieras, créditos y otros activos asociados al sistema vial que provengan de recursos ya recaudados.
Según el texto, la medida dejaría de regir cuando la Auditoría General de la Nación certifique que el saldo acumulado y sus rendimientos fueron aplicados de forma efectiva a obras, bienes y servicios del sistema vial. “El Estado no puede continuar exigiendo a los contribuyentes nuevos recursos con una afectación determinada por ley mientras retiene o subejecuta una masa extraordinaria de fondos previamente recaudados para ese mismo objeto”, sostiene Felix en los fundamentos.
Provincias Unidas también pidió información
Las objeciones por el uso de los recursos llegaron además a Provincias Unidas. Gisela Scaglia, titular de la bancada de diputados de ese espacio, presentó un pedido de informes sobre fondos que, por ley, deben dirigirse a la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de rutas nacionales.
El pedido de Scaglia fue realizado luego del reconocimiento oficial sobre el empleo de una parte de esos recursos para contribuir al equilibrio fiscal. La diputada santafesina reclamó que se informe cuánto dinero fue recaudado, cuál fue el nivel de ejecución y qué destino tuvieron los fondos vinculados al Sisvial.
“La iniciativa se presenta en medio del creciente reclamo por el deterioro de la infraestructura vial y la situación de corredores estratégicos para el interior productivo”, señaló la legisladora. Su presentación se sumó a las solicitudes parlamentarias para conocer la situación de los recursos viales.
En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro aceptó el traspaso de la ruta nacional A012. La provincia fue la primera en aceptar ese esquema, mediante el cual la traza, el mantenimiento y las obras de ese camino pasarán a administrarse con fondos propios.
También en Santa Fe, la senadora provincial Leticia Di Gregorio obtuvo una resolución favorable de la justicia federal. El juez Aurelio Cuello Murúa responsabilizó al Estado por una “omisión comunitaria” en el mantenimiento de las rutas 7, 8 y 33, y rechazó las justificaciones presupuestarias expuestas por Vialidad Nacional.
La exdiputada libertaria Lourdes Arrieta, ahora integrante de Provincias Unidas, se incorporó al pedido de explicaciones dirigido a Caputo. Reclamó precisiones sobre los montos asignados al Sisvial, la ejecución efectiva, las obras realizadas, los proyectos demorados o paralizados y la planificación para los corredores mendocinos.
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“Los mendocinos tienen el derecho a saber qué ocurrió con los recursos del Sisvial: cuánto se asignó, cuánto se ejecutó efectivamente, qué obras se realizaron, cuáles permanecen demoradas o paralizadas y qué planificación existe para nuestros corredores. Porque mientras existen recursos nacionales destinados al sistema vial, Mendoza también ha destinado recursos propios para intervenir sobre rutas de jurisdicción nacional. Y eso merece una explicación”.