El defensor del Pueblo de Salta, Federico Núñez Burgos, encendió una señal de alarma al contar que cada vez más familias salteñas de clase media llegan a la Defensoría desesperadas porque ya no les alcanza para pagar las tarifas y comprar comida. Según detalló, durante 2025 y en lo que va de 2026 se dispararon los reclamos por el costo de los servicios y de los alimentos, al punto de que muchas personas reconocen que tienen que elegir entre llenar la olla o abonar la boleta de luz.
En una entrevista con el programa Agenda Abierta, el titular de la Defensoría del Pueblo describió que la combinación de aumentos en servicios públicos, inflación y cambios en los subsidios está pegando de lleno en los bolsillos de quienes hasta hace poco se consideraban “clasemedia firme” en Salta.
De acuerdo con Núñez Burgos, la foto que llega a su oficina es clara: presupuestos familiares detonados, sueldos que no acompañan y reclamos que ya no vienen solo de los sectores más vulnerables, sino sobre todo de asalariados formales que no logran hacer rendir el mes.
La frase brutal que sacude a la clase media
Al describir lo que escucha todos los días en la Defensoría del Pueblo, Federico Núñez Burgos fue tajante: “la clase media en Salta tiene que elegir si comer o pagar la luz”. Con esa frase resumió los dilemas que llegan en forma de boletas impagables, changas que se caen y changuitos del súper cada vez más vacíos.
Según contó, muchas familias se ven obligadas a ordenar de cero sus gastos: dejan de comprar ciertas marcas, estiran al máximo el uso de los electrodomésticos, recortan salidas, frenan tratamientos médicos y, aun así, siguen llegando a la Defensoría con deudas acumuladas de luz, agua y otros servicios básicos.
Núñez Burgos detalló que, hasta mediados de 2025, la mayor parte de las consultas que recibían tenían que ver con problemas de obras sociales nacionales: prestaciones que no se cumplían, demoras y autorizaciones trabadas. Ese era el tema fuerte de la demanda ciudadana que entraba a diario en la sede de la Defensoría en Salta.
Sin embargo, con el correr de los meses, el panorama cambió. El defensor del Pueblo explicó que, a partir de agosto, comenzaron a crecer los pedidos relacionados con subsidios, facturas y el enojo por el precio de los servicios esenciales, que empezaron a comerse gran parte del ingreso mensual.
Del reclamo por obras sociales al estallido por tarifas y comida
En este nuevo escenario, las consultas por luz, agua y otros servicios básicos se llevaron por delante a los reclamos antiguos por obras sociales. De acuerdo con Núñez Burgos, desde agosto en adelante se multiplicaron las solicitudes de acompañamiento para entender los cambios en subsidios, revisar facturas y presentar notas para buscar algún tipo de alivio.
El defensor del Pueblo señaló que hoy, en la agenda diaria de la Defensoría del Pueblo de Salta, pesan mucho más los pedidos de ayuda para afrontar boletas que llegaron con montos inesperados y las quejas por los aumentos que se repiten mes a mes, sumados al encarecimiento constante de los productos básicos de la canasta familiar.
Subsidios recortados, boletas por las nubes y heladeras vacías
En medio de esta ola de reclamos, Núñez Burgos recordó que en la provincia siguen existiendo mecanismos de ayuda para usuarios de menores ingresos, tanto en energía eléctrica como en servicios sanitarios, gestionados a través de los esquemas vigentes. El problema que ahora ven con más fuerza es el de los sectores de ingresos medios, que quedaron en una especie de tierra de nadie.
“Lo que vemos es una mayor dificultad de sectores de ingresos medios para afrontar el pago regular de los servicios”, remarcó el defensor del Pueblo, al describir a empleados públicos, privados, cuentapropistas y jubilados que ya no entran en los requisitos de los subsidios más altos pero tampoco llegan holgados a fin de mes.
Al hablar de los cambios normativos, Núñez Burgos explicó que el sistema de segmentación de subsidios energéticos, que antes dividía a los usuarios según el nivel de ingresos, fue modificado y en muchos casos directamente eliminado. Según indicó, esa reconfiguración dejó afuera de los beneficios a usuarios que antes tenían algún apoyo y ahora pagan tarifa plena.
“Ese sector medio que tenía apoyos hoy directamente pasó a no estar subsidiado”, señaló, y agregó que a eso se suma el encarecimiento de los alimentos. Sobre este punto, el defensor del Pueblo de Salta fue contundente al advertir que “la inflación en alimentos nos está llevando de las narices”, marcando la presión adicional que se siente en cada compra del súper, el ferián o el almacén del barrio.
Núñez Burgos sostuvo que la pérdida de poder adquisitivo frente al aumento de las tarifas y de los productos esenciales está obligando a muchas familias salteñas a tomar decisiones difíciles para llegar a fin de mes, con recortes en consumos básicos y reestructuración permanente de sus gastos diarios.