La defensa de Cristina Kirchner presentó el 29 de julio de 2026 una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, un Tribunal Internacional al que recurrieron sus abogados para cuestionar la inhabilitación perpetua que le impide competir por cargos electivos. El escrito pide revisar las condiciones de su prisión domiciliaria y reclama completar la Corte Suprema. Entre los letrados está Rafael Valim, quien participó de la defensa de Lula da Silva. El planteo vincula la discusión sobre la libertad política de la expresidenta con la condena de la causa Vialidad.
El equipo jurídico informó que la presentación ingresó ante el organismo de Naciones Unidas a mediados de julio. La comunicación fue anunciada durante una conferencia de prensa realizada en un hotel del centro porteño.
La representación de Fernández de Kirchner está integrada por Carlos Beraldi, de Argentina; Rafael Valim, de Brasil, y Javier Borrego, de España. Los abogados explicaron que eligieron esta vía tras el rechazo de un recurso de queja por parte de la Corte Suprema.
El posteo de Cristina Kirchner que lleva su defensa a la ONU
El reclamo ante la ONU por la inhabilitación de Cristina
La presentación busca suspender la prohibición de por vida para ser candidata que pesa sobre Cristina Kirchner. Esa restricción se desprende de la condena dictada por el Tribunal Oral Federal 2 en el expediente conocido como causa Vialidad.
Beraldi señaló que la decisión de acudir a instancias internacionales llegó luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso de queja. Según su explicación, esa resolución cerró la posibilidad de mantener el reclamo dentro de la jurisdicción judicial argentina.
La denegatoria del Máximo Tribunal, producida en junio de 2025, dejó firme en los hechos la condena resuelta por el Tribunal Oral Federal 2. De ese modo, Fernández de Kirchner no pudo postularse como diputada bonaerense en las elecciones legislativas de 2025, una candidatura que había manifestado como intención.
La carta de la expresidenta y las posibles medidas cautelares
Horas antes de la conferencia, la expresidenta publicó una carta abierta donde afirmó: “La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria. Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas”.
Durante el encuentro, los representantes explicaron que el Comité de Derechos Humanos de la ONU podría disponer medidas cautelares sobre uno o todos los aspectos incluidos en el escrito. También indicaron que una definición sobre el fondo del caso puede demorar años.
Valim sostuvo que el mecanismo elegido está contemplado por la Constitución. “La comunicación individual presentada ante la ONU no es una agresión al Estado argentino sino que es un mecanismo jurídico previsto en la Constitución. No queremos un tratamiento de excepción. Queremos que una ciudadana argentina sea tratada como corresponde”, afirmó.
Los abogados también pidieron revisar la prisión domiciliaria y la Corte Suprema
El escrito ante el organismo internacional incluye un pedido para revisar las condiciones de la prisión domiciliaria de Fernández de Kirchner. Borrego destacó que la expresidenta debe desplazarse con tobillera electrónica incluso dentro de su vivienda.
La defensa cuestionó además la actual integración de la Corte Suprema. El tribunal funciona con tres jueces desde diciembre de 2024, aunque la ley establece que debe contar con cinco integrantes. Por eso, los abogados reclamaron que se complete de manera inmediata el número previsto.
Sobre la decisión de ir al Comité de Derechos Humanos de la ONU y no a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes indicaron que consideraron que el Comité “tiene mayor efectividad”. La defensa afirmó que sus resoluciones son vinculantes para los Estados parte, entre ellos Argentina.
Los cuestionamientos de la defensa por el trámite de la causa Vialidad
La Corte Suprema estableció en 2017, al resolver la causa Fontevecchia y D’Amico vs Argentina, que los organismos internacionales no conforman “una cuarta instancia de revisión”. En ese fallo, el entonces juez Juan Carlos Maqueda expresó una disidencia.
Borrego, quien integró el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sostuvo ante los periodistas: “Queremos que el Comité sepa que hubo fraude en el procedimiento”. Además, planteó una presunta hostilidad del Poder Judicial local hacia Fernández de Kirchner por su condición de mujer.
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En relación con la condena, Beraldi indicó que a la expresidenta se le atribuyó responsabilidad por haber dictado el decreto 54/2009, que incluyó a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria de un fideicomiso. El abogado remarcó que los presidentes no administran fondos de ese organismo y que el decreto continúa vigente.