Seis hombres fueron condenados por estafas mediante cheques electrónicos contra tres empresas, tras una investigación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC). Dos de los condenados recibieron penas de 5 años de prisión efectiva, mientras que otros tres fueron sentenciados a 3 años de prisión condicional y un sexto recibió 1 año condicional. El juez Leonardo Feans homologó el acuerdo de juicio abreviado presentado entre las partes.
La causa se originó por denuncias de firmas afectadas por operaciones de compra en las que se entregaban cheques electrónicos sin fondos. Según lo establecido en la investigación, las maniobras se habrían realizado entre septiembre de 2022 y abril de 2023.
La audiencia contó con la intervención de la fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio, en representación de la UDEC. Los representantes de las tres compañías perjudicadas dieron su conformidad al acuerdo presentado ante el magistrado.
Las penas por las estafas con cheques electrónicos
Héctor Rubén Jiménez y Juan Carlos Sacarías recibieron las condenas más altas del caso. Ambos fueron sentenciados a 5 años de prisión de ejecución efectiva como coautores de asociación ilícita, en calidad de jefes u organizadores, además de estafas vinculadas a la operatoria investigada.
Cristian Ignacio Illescas, Fabricio Isaías Sacarías Galindo y Marcos Damián Ruiz fueron condenados a 3 años de prisión de ejecución condicional. En sus casos, se consideró su participación como miembros de asociación ilícita y coautores de estafas.
Emanuel Nolberto Álvarez recibió 1 año de prisión de ejecución condicional por el delito de estafa. Durante la misma audiencia, a pedido del Ministerio Público Fiscal, se resolvió el sobreseimiento de Leandro Nicolás Lozano.
La modalidad detectada por la UDEC
La investigación determinó que el grupo realizaba compras y pagaba con instrumentos que no serían acreditados. De acuerdo con la pesquisa, Jiménez y Sacarías habrían dirigido una organización con funciones distribuidas previamente entre sus integrantes.
La modalidad consistía en presentarse en distintos comercios y aparentar solvencia económica para comprar productos por cifras millonarias. Como pago, entregaban cheques electrónicos aun cuando conocían que las cuentas bancarias asociadas no tenían fondos suficientes.
Las empresas afectadas y el destino de los bienes
Las denuncias fueron realizadas por tres compañías perjudicadas por las operaciones. Entre ellas figuraban una firma que comercializa elementos de seguridad industrial, una empresa de lubricantes y un comercio dedicado a la venta de artículos para el hogar.
La Fiscalía estableció que los organizadores incorporaban a personas jóvenes sin antecedentes financieros negativos. A cambio de una retribución económica, les proponían abrir cuentas bancarias y gestionar chequeras que luego eran utilizadas para las compras.
Según lo reunido por la UDEC, tras las operaciones las sumas obtenidas eran transferidas a cuentas de los organizadores o de personas vinculadas con ellos. La Fiscalía también solicitó el decomiso de los bienes secuestrados durante la investigación, mientras que las partes desistieron de los plazos para impugnar la sentencia.