La condena contra tres integrantes de una familia de barrio Castañares quedó firme en una audiencia donde admitieron su responsabilidad por comercialización de estupefacientes. La causa apuntó a una vivienda donde, según la investigación, funcionaba un punto de venta de droga. En los procedimientos se secuestraron más de 350 dosis de cocaína, dinero en efectivo, celulares y elementos de fraccionamiento. Sergio David Alluza recibió cinco años de prisión efectiva, mientras que Verónica Beatriz Alluza y Silvia Liliana Alluza fueron condenadas a cuatro años de prisión efectiva.
La audiencia se realizó con la intervención del fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Gustavo Torres Rubelt, en representación del Ministerio Público Fiscal. Tras conocer las pruebas reunidas durante la pesquisa, los tres acusados admitieron su participación en el delito, por lo que se arribó a un acuerdo de juicio abreviado. Ese entendimiento fue homologado por la jueza Mónica Alejandra Mukdsi.
La investigación se había iniciado por denuncias anónimas presentadas en la pestaña de denuncias de la web del Ministerio Público Fiscal. Esas presentaciones señalaban que miembros de la familia Alluza vendían droga desde una vivienda ubicada en barrio Castañares, y a partir de eso se ordenaron tareas investigativas a cargo de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta.
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La condena se apoyó en una pesquisa con vigilancias y controles
Durante la investigación, los efectivos identificaron a los sospechosos y reconstruyeron el movimiento que había en el domicilio señalado. Según lo expuesto en la causa, las tareas de vigilancia permitieron observar de manera reiterada intercambios de dinero por pequeños envoltorios entre los acusados y personas que llegaban hasta el lugar.
Además, en varios de esos episodios, los compradores fueron demorados cuando se retiraban del inmueble. En esos controles se verificó que llevaban envoltorios con pasta base, un dato que se sumó a otros elementos reunidos por los investigadores durante el avance del expediente.
También se incorporaron filmaciones y controles de comprador. Con ese material, la investigación sostuvo que en la vivienda funcionaba una boca de expendio de estupefacientes. A eso se agregó la constatación de un movimiento constante de personas en distintos horarios del día, mientras que, según se informó, los integrantes del grupo familiar permanecían la mayor parte del tiempo en la casa y no registraban actividades laborales formales.
La familia Alluza quedó involucrada por dos allanamientos en 2025
Con las pruebas obtenidas, la Fiscalía solicitó el allanamiento del inmueble investigado. Ese procedimiento se concretó el 11 de noviembre de 2025 y, de acuerdo con lo informado, allí se secuestraron más de 350 dosis de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga.
En esa primera intervención fueron detenidos Sergio David Alluza y Verónica Beatriz Alluza. Sin embargo, la causa siguió avanzando y, posteriormente, con nuevos elementos incorporados al expediente, se dispuso un segundo allanamiento.
Ese nuevo operativo se realizó el 27 de diciembre de 2025. En esa oportunidad se incautaron más dosis de cocaína y fue detenida Silvia Liliana Alluza, quien luego también quedó alcanzada por la acusación que se sostuvo en la audiencia.
La cocaína, los antecedentes y el acuerdo abreviado
En el desarrollo del caso también surgieron antecedentes penales de dos de los acusados. Según se informó, Verónica Beatriz Alluza registraba antecedentes por infracción a la Ley 23.737 y estaba en libertad condicional desde noviembre de 2024. Sergio David Alluza, por su parte, también tenía antecedentes por el mismo delito y registraba detenciones previas en 2013 y 2025.
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De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, las filmaciones, los testimonios, los procedimientos realizados con compradores y el material secuestrado permitieron sostener la acusación por comercialización de estupefacientes contra los tres condenados. Luego de que admitieran su responsabilidad, se alcanzó el acuerdo de juicio abreviado que finalmente fue homologado por la jueza Mónica Alejandra Mukdsi.