Topper al borde del cierre en Tucumán, Lácteos Verónica paralizada y con sueldos caídos en Santa Fe, y Electrolux vaciando puestos en Rosario con un plan de retiros masivo: tres crisis distintas que muestran, de golpe, cómo se está desarmando la industria nacional y cómo el derrumbe del consumo, la recesión y las deudas empiezan a pegar de frente en los trabajadores y en las familias de todo el país, incluso las de Salta, que ven cómo se achica el empleo formal, se frenan las ventas y se complica llegar a fin de mes.
Electrolux: retiros voluntarios a la corrida y fábrica en plena crisis
En Rosario, la multinacional Electrolux encendió todas las alarmas al largar un plan de retiros voluntarios para achicar personal en la planta de línea blanca. El objetivo inicial era recortar al menos 100 puestos, pero la jugada se desbordó en tiempo récord. En menos de 48 horas más de 130 trabajadores pidieron sumarse al retiro, superando el cupo que había fijado la empresa, según se informó desde la propia firma.
El plan incluye el pago de la indemnización completa más un plus extra que equivale a varios sueldos, algo que, de acuerdo con el gremio metalúrgico de la zona, terminó tentando a muchos empleados que vienen cargados de deudas, tarjetas al rojo y cuotas atrasadas. La posibilidad de cobrar todo junto y en efectivo se volvió una salida rápida para conseguir liquidez en medio de una economía paralizada, con recesión, inflación acumulada y consumo en caída.
La compañía remarcó que, por ahora, el mecanismo es opcional y que no hay despidos directos ni compulsivos en esta etapa. La explicación oficial es que necesitan achicar la dotación porque la producción viene bajando y el mercado interno se retrajo fuerte: se venden menos heladeras, cocinas y lavarropas, y no tiene sentido, dicen, sostener los mismos niveles de personal con la línea de montaje trabajando mucho menos horas que antes.
Sin embargo, puertas adentro el clima es de preocupación. Los sindicatos de la metalurgia advierten que este puede ser solo el primer paso de un recorte más grande si las ventas no repuntan en los próximos meses. Señalan que la empresa ahora tiene que decidir qué hace con las más de 30 solicitudes que se presentaron por encima del cupo original, y que esa “avalancha” de anotados muestra el miedo extendido a un futuro cierre o a una ola de despidos sin el mismo tipo de compensación económica.
En Rosario ya se habla de un escenario de crisis en la línea blanca, con talleres que se quedan sin trabajo derivado y proveedores que dependen de lo que pase con esta planta. Si Electrolux sigue achicando su estructura, el efecto puede llegar a otros sectores relacionados, mientras el consumo interno continúa retraído y el crédito casi no aparece para las familias que antes se animaban a comprar electrodomésticos en cuotas.
Lácteos Verónica: sueldos impagos, plantas frenadas y riesgo concreto de cierre
Mientras en Rosario se negocian retiros, en Santa Fe la situación de Lácteos Verónica es mucho más dura. La organización sindical ATILRA denunció que la empresa tiene sin pagar los salarios de enero y febrero de 2025 y tampoco depositó la segunda parte del aguinaldo del año anterior. Los trabajadores llevan meses sin cobrar y, encima, la firma paró totalmente la producción.
Según el gremio, desde el 8 de enero la compañía empezó a bajar el ritmo en las plantas, reduciendo de a poco la actividad. El 16 de febrero directamente dejó de recibir leche de los tambos, frenó por completo la elaboración y cerró los ingresos en las instalaciones, bloqueando la entrada del personal. De esa forma, las plantas quedaron prácticamente paralizadas, sin producción y con los empleados afuera, dependiendo solo de lo que marque la justicia y las negociaciones gremiales.
En medio de este conflicto, Verónica mandó cartas documento avisando que la jornada laboral y los sueldos se iban a reducir a la mitad. Para ATILRA, ese movimiento equivale a una “suspensión encubierta”, porque de hecho el trabajo no se realiza de manera normal y los obreros quedan en una especie de limbo: ni despedidos con indemnización ni activos cobrando su salario completo.
De acuerdo con los cálculos del sindicato, hay alrededor de 700 puestos de trabajo en juego. La situación golpea con fuerza en la provincia de Santa Fe, donde la empresa tiene plantas en Lehmann, Suardi y Clason, dentro de una de las cuencas lecheras más importantes del mundo. Allí, empleados de esas localidades aseguran que hace tiempo que se dejó de procesar leche y que se está desarmando la operatoria en las fábricas, con equipos parados y estructuras cada vez más vacías.
El problema no es solo laboral: el agujero financiero también es enorme. El cuadro de la láctea incluye cheques rechazados por cerca de 14.000 millones de pesos y deudas pesadas tanto con proveedores como con los tambos que le entregaban la materia prima. Esa montaña de pasivos terminó frenando la actividad diaria de plantas que supieron procesar hasta 600.000 litros de leche por día, arrastrando también a los productores que dependían de esa demanda para sostener sus campos.
“Hay un abandono real de la empresa”, afirmó Domingo Possetto, secretario general de ATILRA Rafaela y representante de los trabajadores de la planta de Lehmann. El dirigente comparó lo que se vive en la región con otros casos industriales y aseguró que “es peor que el caso Fate en Buenos Aires”, por la combinación de sueldos impagos, plantas paradas, deudas, conflictos internos y falta de una salida clara a corto plazo.
A esto se suman versiones de una pelea fuerte entre los socios de la compañía. Lácteos Verónica está en manos de un grupo familiar con alrededor de veinte integrantes entre hermanos, primos y sobrinos, y trascendió que hay disputas internas por quién toma las decisiones y cómo se maneja la firma. Esas diferencias habrían trabado la reacción frente a la crisis y complicaron las posibilidades de acordar un plan de salvataje o reestructuración ordenada.
La tormenta también llegó a los tribunales. En el Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se tramita una denuncia por presunta apropiación indebida de recursos y posible lavado de activos vinculado a la empresa. Paralelamente, en la Fiscalía de Criminalidad Económica y Compleja de Rafaela avanza otra causa por supuesta estafa. Ambos expedientes suman incertidumbre sobre el futuro de la firma y refuerzan el mal clima entre los empleados, proveedores y productores.
Ante el agravamiento del cuadro, ATILRA pidió la intervención urgente del gobierno nacional para garantizar el pago de los salarios y preservar los puestos de trabajo. Referentes del sector lácteo advierten que, si la empresa no consigue algún tipo de auxilio financiero o acuerdo con acreedores en el corto plazo, el escenario de un cierre definitivo se vuelve cada vez más posible. Este conflicto se da al mismo tiempo que la industria lechera en general enfrenta un consumo en baja de leche, yogures y quesos, con costos pegados a la inflación y subas constantes en energía, transporte y logística.
Impacto de la crisis láctea y el consumo por el piso
El parate de Lácteos Verónica no solo deja en vilo a 700 familias ligadas directamente a la empresa. También golpea a cientos de tambos, transportistas y comercios que dependen de ese circuito productivo, en una cadena que involucra pueblos enteros donde la planta es uno de los principales motores económicos. En localidades chicas, cuando una fábrica de este tamaño se apaga, se resiente todo: desde el almacén del barrio hasta el taller mecánico o el remis.
En provincias como Salta, si bien Verónica no tiene plantas directas, los efectos de la recesión láctea se sienten en la góndola: menos promociones, productos que desaparecen, precios que suben más rápido que los sueldos y familias que eligen estirar la leche, bajar el consumo de yogur o cambiar quesos por opciones más baratas. La crisis nacional del sector se traduce en changuitos más vacíos y en menos movimiento para kioscos, almacenes y supermercados de barrio.
Topper al límite: despidos, reducción horaria y amenaza concreta de cierre total
En el rubro del calzado e indumentaria deportiva, el caso de Topper encendió todas las luces rojas en el norte del país. Su planta de Aguilares, en Tucumán, es la única fábrica que la marca mantiene en Argentina. Allí se hace tanto el calzado como la ropa deportiva, por lo que la operación local entera depende de ese establecimiento. Si esa planta se cae, la marca prácticamente se queda sin producción en el país.
Desde la asunción de Javier Milei, la empresa fue achicando personal de manera sostenida. En total se desvincularon unos 150 trabajadores, entre despidos y retiros. El golpe más fuerte se dio durante 2024, cuando echaron a 120 operarios, y el ajuste siguió en febrero de 2025 con la cesantía de otros 23 empleados, completando así la cifra de puestos de trabajo que se perdieron en este proceso.
Frente a la caída de la demanda y las ventas, la compañía y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) acordaron en junio del año pasado un esquema excepcional de jornada reducida. Ese convenio sacó de la grilla laboral los sábados, recortó las horas de los viernes y hasta estableció que cada dos semanas directamente no se trabajara ese día. La idea era tratar de evitar más despidos, repartiendo la baja de producción entre todos.
Daniel Gordillo, operario de la planta y delegado de UTICRA, explicó que este acuerdo implicó resignar unas 15 horas de salario por quincena. En plata, eso significó una pérdida de entre 150.000 y 200.000 pesos, según la categoría de cada trabajador. Hoy, detalló, la mayoría de los operarios está cobrando alrededor de 700.000 pesos mensuales, y remarcó: “No hay bolsillo que aguante con la inflación que hay”.
Ese acuerdo de emergencia tuvo fecha de vencimiento: dejó de regir el 28 de febrero. Cuando los trabajadores volvieron a la fábrica después de esa fecha, con la expectativa de recuperar la jornada completa y sumar horas para recomponer algo de ingreso, se encontraron con otra mala noticia. La empresa les informó que no tenía insumos suficientes para trabajar toda la semana y que la producción seguiría muy por debajo de lo normal.
Desde la firma insistieron en que la caída de las ventas, sumada al impacto de la apertura de importaciones, había desarmado el negocio. La competencia con productos asiáticos, mucho más baratos por costos laborales y fiscales, habría dejado a la planta local en una situación complicada para competir en precio. “Topper continúa aduciendo la baja estrepitosa de las ventas y el impacto negativo de la apertura de las importaciones”, sostuvo Gordillo al describir la posición de la empresa.
En este contexto empezaron a circular versiones de que se lanzaría un plan de retiros voluntarios, pero con una modalidad que encendió aún más el malestar: el pago en cuotas. Es decir, el trabajador aceptaría irse pero no cobraría todo junto, sino en tramos, algo que genera temor entre los operarios, por el riesgo de quedar sin empleo y, al mismo tiempo, depender de que la empresa mantenga los pagos en el tiempo.
Las negociaciones para extender el esquema de jornada reducida y sostener así los puestos de trabajo están trabadas. El sindicato busca una reunión urgente con el gobierno de Tucumán, encabezado por Osvaldo Jaldo, para estudiar alternativas de asistencia o alguna mediación que habilite otro tipo de salida que no sea el cierre definitivo de la fábrica ni una ola de retiros en cuotas.
Durante los últimos meses, tanto la administración provincial como el municipio de Aguilares habían brindado ayuda a la firma para sostener la actividad, pero, según señaló el delegado de UTICRA, ese apoyo ya llega a su límite temporal. “La provincia y el municipio venían ayudando a la empresa, pero este mes se termina esa ayuda”, advirtió Gordillo, marcando un nuevo punto de tensión en una crisis que no afloja.
La única planta de Topper en Argentina y el fantasma del apagón total
Gordillo remarcó el tamaño del riesgo que se corre si esta situación no se revierte. “Esta es la única planta de producción de Topper en Argentina. La planta fabrica calzado e indumentaria de la marca Topper. Si la planta cierra, la marca Topper desaparecería”, señaló. Eso significa que no hay otra fábrica en el país que pueda absorber a los despedidos ni mantener la línea local de productos.
Topper nació en Argentina en 1975, dentro de Alpargatas S.A.I.C., y se consolidó durante décadas como una de las marcas deportivas más reconocidas del país. Con el tiempo, la estructura se fue reacomodando y, en 2007, la marca quedó en manos de la subsidiaria brasileña, separada de la casa matriz argentina. Esa subsidiaria forma parte del conglomerado Camargo Corrêa y comercializa productos en varios países de Sudamérica, con foco en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
En 2018, se dio otro cambio fuerte: Alpargatas Brasil vendió Topper a “BRS Comercio e Industria de Material Esportivo SA” por un monto total de R$ 40 millones. BRS es un holding de inversores liderados por el predicador y empresario brasileño Carlos Wizard Martins. El contrato incluyó también la licencia para usar la marca en Estados Unidos y China. Sin embargo, pese a todos estos movimientos internacionales, la base productiva argentina quedó concentrada en Aguilares, cargando ahora con el riesgo de un apagón total.
Consumo desplomado y fábricas contra las cuerdas
Los casos de Topper, Lácteos Verónica y Electrolux no son hechos aislados. Se suman a problemas que ya se ven en otras empresas como Fate, Whirpool y la propia Stellantis, donde también hubo versiones de ajustes, suspensiones o planes de retiro. En todos los rubros aparece el mismo combo: caída del consumo interno, apertura de importaciones y suba de costos fijos que no se pueden trasladar del todo a precios porque la demanda está muy floja.
En este contexto, referentes empresariales y sindicales describen un escenario donde cada semana aparece algún ejemplo nuevo de fábrica que reduce turnos, suspende personal o directamente baja la persiana. La palabra “cierre” dejó de ser una amenaza lejana y empezó a ser parte del vocabulario cotidiano en muchas plantas, desde la metalurgia hasta la industria alimenticia, pasando por calzado, textiles y línea blanca.
Para provincias como Salta, estos movimientos nacionales no pasan de largo. Cuando empresas grandes ajustan en Santa Fe, Rosario o Tucumán, eso se termina notando en menos pedidos a proveedores, menos transporte de carga, menos turismo de negocios y menos plata circulando en los comercios. Además, los salteños que trabajan en firmas con casa matriz en otras provincias miran estos casos como un espejo de lo que podría pasar en sus propios lugares de trabajo si la recesión se estira.
Gordillo, el delegado de UTICRA en la planta de Topper, resumió una sensación que dice escuchar en fábricas de distintos rubros: “Todos los días vemos cierres de fábricas y compañeros despedidos a los que les pagan la indemnización en cuotas”. Esa frase, en medio de retiros voluntarios, salarios atrasados, plantas frenadas y marcas históricas al borde de la cornisa, grafica el momento industrial que atraviesa el país.