El propietario de Cerdo Negro fue imputado en una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación laboral agravada. La causa judicial involucra a un empresario gastronómico de Salta vinculado con una finca dedicada a la producción porcina y a trabajos de cultivo y cosecha de tabaco y aceitunas. El imputado mantiene su estado de inocencia mientras avanza el proceso.
El expediente comenzó a partir de una comunicación anónima recibida por la línea 145, destinada a recibir reportes sobre posibles situaciones de trata y explotación de personas. A partir de ese aviso, se realizó un procedimiento en el establecimiento relacionado con la firma gastronómica.
Durante la audiencia se expusieron las condiciones laborales y de alojamiento detectadas en la finca. La acusación se concentró en siete presuntas víctimas, aunque durante el operativo fueron relevados 20 trabajadores.
La denuncia por trata de personas activó un operativo en la finca
En el procedimiento intervinieron la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, conocida como PROTEX, junto con agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA. Los organismos inspeccionaron el lugar y relevaron la situación de las personas encontradas allí.
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Según lo informado durante la audiencia, algunos trabajadores residían en habitaciones con piso de tierra. También se indicó que dormían en camas improvisadas con palets y que utilizaban letrinas como sanitarios.
Además, se expuso que calentaban agua en recipientes para poder asearse. Las actuaciones sumaron fotografías tomadas en el establecimiento, las cuales quedaron incorporadas al expediente judicial.
La imputación al dueño de Cerdo Negro alcanza a siete presuntas víctimas
La pesquisa analiza la situación de 20 trabajadores localizados durante la inspección. Sin embargo, la imputación formulada contra el empresario se refiere de manera específica a siete personas que, de acuerdo con la investigación, habrían sido sometidas a explotación laboral.
También se habría advertido la existencia de remuneraciones bajas y falencias relacionadas con la registración laboral. De acuerdo con lo detallado por Fiscales Penales, algunos empleados habrían tenido dificultades para cubrir su alimentación.
La Justicia fijó seis meses para profundizar la investigación
La calificación atribuida al imputado es trata de personas con fines de explotación laboral. Según la información difundida sobre el caso, la figura fue agravada por la cantidad de personas presuntamente afectadas, su condición de vulnerabilidad y porque la explotación habría sido consumada.
La resolución judicial estableció un plazo de seis meses para reunir nuevas pruebas. En ese período deberán realizarse medidas para determinar las circunstancias en las que trabajaban y vivían las personas encontradas en la finca.
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Entre las medidas coercitivas dispuestas, al empresario se le prohibió salir del país. Además, no podrá mantener contacto con determinados empleados mientras continúe el proceso judicial.