El uso de celulares en cárceles de Salta volvió a quedar bajo análisis por un proyecto de ley que será debatido en la Cámara de Diputados y que propone bloquear la tenencia y utilización de dispositivos móviles. En ese contexto, el Servicio Penitenciario advirtió que la restricción ya existe dentro de la reglamentación vigente. Desde el organismo señalaron que el Reglamento Interno de las unidades penitenciarias y la Resolución N° 159/02 de la Secretaría de Justicia regulan la cuestión desde hace más de dos décadas.
La propuesta fue presentada por legisladores de La Libertad Avanza y apunta a convertir esa limitación en una prohibición integral por ley. Además, incorpora medidas para ordenar las comunicaciones de las personas privadas de la libertad mediante equipos institucionales.
El proyecto busca bloquear celulares y otros dispositivos
La iniciativa legislativa plantea impedir por completo la tenencia y el uso de teléfonos móviles por parte de internos alojados en establecimientos penitenciarios provinciales. Según el texto, el objetivo es reforzar los mecanismos de control en las unidades y evitar comunicaciones realizadas con equipos personales.
El alcance no se limita a los teléfonos celulares tradicionales, ya que también incluye smartphones, tablets, computadoras portátiles con conectividad y cualquier aparato que permita hacer llamadas, mandar mensajes o ingresar a internet. De ese modo, la restricción abarcaría distintos equipos con capacidad de comunicación.
En la misma línea, el proyecto propone dejar sin efecto las disposiciones administrativas que habiliten, bajo cualquier modalidad, el uso de teléfonos personales dentro de los penales de la provincia. Ese punto aparece vinculado con la intención de establecer una regla expresa mediante una norma legal.
Las llamadas quedarían bajo control institucional y con límite diario
El texto también prevé un esquema alternativo para que los internos puedan comunicarse con el exterior. De acuerdo con la propuesta, esos contactos deberían realizarse únicamente por teléfonos fijos o equipos institucionales administrados por el Servicio Penitenciario.
Las llamadas, según la iniciativa, tendrían un límite de 40 minutos por día, deberían hacerse en horarios establecidos previamente y quedarían registradas bajo supervisión. Así, el sistema planteado separa el uso de dispositivos personales de las comunicaciones autorizadas por vías controladas.
La propuesta distingue un caso particular: las conversaciones entre personas detenidas y sus abogados defensores. Para esos contactos, el proyecto mantiene el carácter confidencial y no los equipara al resto de las llamadas autorizadas mediante equipos institucionales.
También se prevén videollamadas con registro audiovisual
Dentro del sistema planteado, la iniciativa incorpora la posibilidad de habilitar videollamadas. Sin embargo, esas comunicaciones deberían realizarse con equipos del sistema penitenciario y en espacios acondicionados para ese fin.
El proyecto señala además que esas videollamadas quedarían sujetas a registro audiovisual. Esa modalidad forma parte del esquema de comunicación institucional previsto para reemplazar el uso de aparatos personales dentro de las unidades.
Los inhibidores de señal deberían pasar por estudios técnicos
Otro punto central del proyecto es la instalación de sistemas destinados a inhibir la señal celular y el acceso a internet en los establecimientos penitenciarios. La medida abarcaría pabellones, módulos y perímetros de las cárceles provinciales.
Para avanzar con esa implementación, la iniciativa dispone que el Poder Ejecutivo coordine acciones con el Ente Nacional de Comunicaciones, conocido como ENACOM. También establece la realización de estudios técnicos antes de aplicar los bloqueos.
Según el texto, esos estudios buscarían evitar que las interferencias de los inhibidores afecten comunicaciones de vecinos o servicios de emergencia. Desde el Servicio Penitenciario, en tanto, remarcaron que la restricción sobre celulares no es nueva y mencionaron como antecedentes vigentes el Reglamento Interno y la Resolución N° 159/02 de la Secretaría de Justicia.