El Gobierno nacional avanza a toda máquina con un proyecto para retocar la Ley de Salud Mental que impacta de lleno en miles de pacientes en Argentina, y que ya empieza a levantar polvareda por la posibilidad de más internaciones obligadas. La iniciativa busca cambiar puntos clave de la actual Ley de Salud Mental, sancionada en 2010, y será enviada al Congreso en los próximos días, con especial foco en los casos de adicciones y en cómo se define el “riesgo” para decidir una internación. El borrador apunta a reforzar la aplicación de la ley en todo el país y a sumar nuevas herramientas de intervención médica y judicial.
El eje del proyecto pasa por el régimen de internaciones, tanto voluntarias como involuntarias, y por cómo se maneja a las personas con consumos problemáticos que hoy no quieren o no pueden aceptar ayuda. En ese marco, se mete de lleno en la discusión sobre hasta dónde se puede avanzar sobre la voluntad de los pacientes, en nombre del cuidado de su salud y de la seguridad de terceros.
El texto en preparación se trabaja dentro del Poder Ejecutivo nacional y, según adelantaron fuentes oficiales, la idea es presentarlo primero en el Senado, para luego abrir el juego en Diputados. La jugada promete una discusión picante en todo el país y también en Salta, donde el tema de las adicciones viene golpeando fuerte a las familias y al sistema sanitario.
El giro más polémico: internar pacientes con adicciones sin su consentimiento
Uno de los puntos que más ruido mete en el proyecto es el que abre la puerta a que personas con adicciones puedan ser internadas sin dar su consentimiento explícito, siempre bajo determinadas condiciones médicas y con control judicial. Este cambio toca de lleno el corazón de la Ley de Salud Mental, que hoy exige que el propio paciente acepte recibir asistencia, salvo en situaciones muy puntuales de riesgo inmediato.
Con la modificación propuesta, los equipos de salud podrían pedir internaciones involuntarias en casos de consumos problemáticos, aun cuando la persona no diga que quiere ser internada. El Ejecutivo nacional sostiene que muchas crisis que se ven en la calle, en las guardias y en los barrios no están bien cubiertas por la redacción actual de la ley, y que eso limita la capacidad de reacción del sistema sanitario frente a episodios graves.
El médico y diputado Bernardo Biella, con fuerte trayectoria en temas sanitarios en el norte del país, salió a ponerle palabras a esa postura. Según planteó, en los consumos problemáticos de drogas la voluntad del paciente está seriamente afectada. “Una persona con problemas de adicciones no tiene voluntad, su cerebro está tomado por las drogas. Por eso hay que permitir que los familiares puedan intervenir sin necesidad de judicializar”, afirmó Biella, marcando la línea de quienes empujan por cambios más duros.
El Gobierno nacional, en esa misma sintonía, insiste en que la norma de 2010 quedó desfasada frente al escenario de 2026, con más violencia, más crisis en la vía pública y más casos de descompensaciones ligadas al consumo. Según su lectura, la Ley de Salud Mental vigente no contempla con suficiente amplitud el contexto social, familiar y urbano en el que hoy se disparan muchas de esas crisis, y eso deja a los médicos atados de manos.
Nuevo criterio de “riesgo” y más poder para psiquiatras en decisiones sobre pacientes
Otro de los cambios fuertes del borrador es la redefinición del criterio que habilita las internaciones involuntarias de pacientes, uno de los puntos más discutidos de la Ley de Salud Mental en toda Argentina. Hoy, la legislación solo permite ese tipo de internación cuando hay un “riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”, mirando básicamente cómo está la persona en el momento exacto de la evaluación.
El proyecto nuevo considera que esta fórmula deja afuera muchos casos en los que el paciente viene acumulando episodios peligrosos, pero justo en la consulta no muestra un riesgo tan evidente. Por eso se plantea incorporar lo que llaman un “criterio situacional” de valoración del riesgo, que obliga a los equipos de salud a mirar el cuadro completo y no solo el minuto a minuto.
Con ese criterio, los médicos deberán tener en cuenta los antecedentes cercanos de conductas riesgosas, las descompensaciones previas y la evolución previsible de la persona si no accede a un tratamiento. La idea declarada es ampliar el margen de intervención antes de que se llegue a un daño inmediato, y evitar que las guardias queden atadas a esperar que pase algo más grave para recién ahí poder internar.
Además, el proyecto mete mano en la conformación de los equipos que deciden una internación involuntaria. El texto establece que al menos uno de los profesionales que participe en esa determinación deberá ser médico psiquiatra. Hoy la Ley de Salud Mental no exige que siempre haya un psiquiatra firmando esa clase de decisiones, lo que, según los impulsores del cambio, puede llevar a confundir problemas orgánicos (por ejemplo, neurológicos o metabólicos) con cuadros puramente de salud mental.
El objetivo oficial, en este punto, es que haya una mirada clínica más amplia y especializada al momento de encerrar a una persona contra su voluntad, sumando el peso específico del psiquiatra en el análisis. Con esto se busca reducir errores de diagnóstico que después terminan en internaciones injustificadas o mal encaradas.
Urgencias, relojes apretados y nuevos plazos para avisar a la Justicia
El borrador también detalla cómo se movería el sistema en las urgencias, cuando los tiempos son muy cortos y hay que decidir rápido qué hacer con un paciente. En esos casos, el médico que recibe a la persona podría ordenar de entrada una internación involuntaria inmediata, sin esperar a todo el equipo interdisciplinario. Esa decisión, sin embargo, tendría que ser revisada y confirmada por un equipo completo en un máximo de 24 horas, como una especie de segunda mirada interna obligatoria.
En paralelo, se tocan los plazos de aviso a la Justicia. La redacción en análisis propone ampliar el tiempo disponible para notificar las internaciones involuntarias: se pasaría de las actuales 10 horas a un máximo de 24 horas para comunicar el caso a la autoridad judicial. Según los argumentos oficiales, este cambio apunta a ordenar los pasos administrativos que vienen después de la decisión clínica, sin cortar la intervención médica por presión de los tiempos de escritura y envío de informes.
En el capítulo de las internaciones voluntarias, el proyecto también hace ajustes. Cuando un paciente internado de manera voluntaria pide el alta, se deberá evaluar formalmente su capacidad de decisión. Si los profesionales concluyen que esa capacidad está afectada, la internación podría cambiar de categoría y pasar a ser considerada involuntaria, con la obligación de informar esa modificación al juzgado correspondiente.
A pesar de todos estos cambios, el texto oficial remarca que la internación seguirá definida como un recurso “excepcional”, reservado solo para episodios que, según el criterio de los equipos tratantes, representen un riesgo relevante y requieran una intervención intensiva. Desde el Ejecutivo nacional se indicó que estas reformas apuntan a incrementar la capacidad de respuesta del sistema de salud mental, mejorar la coordinación entre los distintos dispositivos de atención y favorecer intervenciones consideradas más oportunas y efectivas frente a escenarios de riesgo. En los comunicados se enmarca el proyecto dentro de una política sanitaria que pretende fortalecer las capacidades del sistema de salud con herramientas concretas para actuar frente a problemáticas complejas.