En Cafayate, el incendio rural volvió a avanzar y la ruta 68 quedó cortada el 17 de junio de 2026, mientras Greenpeace presentó un pedido para que se ejecute la restauración de bosque nativo perdido por un desmonte ilegal de casi 12 mil hectáreas en el norte de Salta. Las llamas se reactivaron por el viento zonda, cruzaron la calzada según testigos locales y obligaron a retomar tareas en una zona que ya venía bajo guardia de cenizas, con intervención de bomberos voluntarios, Defensa Civil y un avión hidrante.
La presentación de Greenpeace fue dirigida a autoridades provinciales y al procurador general Pedro García Castiella, con el objetivo de que se cumpla el acuerdo firmado en 2018 por el Ministerio Público Fiscal con José y Darío Karlen, titulares de una finca donde se detectó la deforestación. La organización considera ese desmonte ilegal como “el más grande de Argentina” y pidió que el área dañada sea recompuesta en su totalidad, tal como estaba previsto en el convenio homologado por la justicia.
El incendio en Cafayate se reactivó con viento zonda
El fuego en Cafayate llevaba dos semanas desde su inicio y no había logrado apagarse por completo. Aunque el siniestro había sido contenido y permanecía bajo guardia de cenizas, el viento zonda que afectó la ciudad vallista y otras zonas de la Puna volvió a empujar las llamas. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta amarilla y había previsto ráfagas de entre 30 y 60 kilómetros por hora.
Con esas condiciones, el incendio se propagó de nuevo y obligó a cortar el tránsito sobre la ruta nacional 68. De acuerdo con testimonios locales citados en la información original, las llamas atravesaron la calzada y alcanzaron otros sectores de bosque nativo. El área afectada ya había registrado más de 50 hectáreas quemadas en la primera etapa, dentro de la categoría amarilla del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques de la provincia.
El avance del fuego se vinculó con una condición que especialistas ya habían advertido: en el lugar quedaba combustible bajo la superficie, especialmente raíces de algarrobos y chañares. Ese subsuelo de bosque nativo seguía caldeado y terminó por encenderse cuando las ráfagas intensificaron la combustión. Por eso, el cuerpo de 29 bomberos voluntarios de Cafayate volvió a trabajar en la zona, después de haber operado durante 8 días sin interrupción hasta el 15 de junio de 2026.
La ruta 68 fue afectada por el avance del fuego
En el operativo también participaron integrantes de Defensa Civil de la provincia y continuó el aporte de un avión hidrante. La reactivación cambió el panorama que se mantenía bajo control y extendió el área alcanzada por las llamas más allá de las hectáreas quemadas inicialmente. La interrupción de la circulación sobre la ruta nacional 68 fue una de las consecuencias directas del avance del incendio en la zona vallista.
La coordinadora de Bosques de Greenpeace, Noemí Cruz, fue consultada por los incendios registrados en Cafayate y mencionó denuncias de habitantes de la zona sobre el posible origen de los focos. En ese punto, sostuvo: “Es una zona que estaría destinada a un futuro loteo”. También señaló que, hasta ahora, no se conoce que en el país “haya sido recompuesta alguna zona incendiada”, y que cuando hubo recuperación del bosque fue “por acción de la naturaleza”.
La denuncia por los incendios en Cafayate se encuentra radicada en la Fiscalía Penal local, a cargo de Sofía Fuentes. Cruz además recordó que el área ya había sufrido otros episodios similares: “No es la primera vez que se produce un incendio en ese lugar, también se quemó el año pasado y hace dos meses se inició un incendio en el mismo sitio”, dijo a Salta/12.
Greenpeace pidió aplicar el acuerdo por el bosque nativo
El pedido ambiental apunta al cumplimiento del acuerdo firmado en 2018 con José y Darío Karlen, luego de una deforestación detectada en 2014 en una finca del norte provincial. Según la información citada por Greenpeace, la tala había sido denunciada desde 2012, aunque en ese período no se logró constatar la presencia de máquinas en el lugar. La detección del desmonte se produjo durante una inspección realizada por la ex AFIP.
En ese procedimiento, además, se comprobó que dentro de la finca había personas en situación de esclavitud laboral. De acuerdo con lo señalado por los ambientalistas, la pérdida de bosque nativo en el norte de Salta estuvo relacionada con una actividad ilegal orientada a producir monocultivos destinados a la exportación. Tras 8 años de incumplimiento del acuerdo de restauración, la administración de justicia provincial accedió a imponer a los finqueros una multa de 21.800 millones de pesos, equivalente a 15 millones de dólares.
Greenpeace pidió que se active el mecanismo previsto para los casos de incumplimiento y que la recomposición se realice a costa de los responsables. El convenio de 2018 estableció que “en caso de un incumplimiento de Karlen a alguna obligación del marco de restauración… se decretará la inmediata intervención de un Cuerpo de Administradores Judiciales compuesto por un abogado, un profesional de las ciencias ambientales y un profesional de las ciencias económicas propuestos por la Procuración General de la Provincia a requerimiento de Tribunal, con amplias facultades para abrir un proceso de ejecución de sentencia forzada del marco de restauración a costa y cargo de Karlen y con garantía sobre los inmuebles del área en recomposición”.
El convenio prevé una reserva natural privada
Una vez conformado ese cuerpo, el paso siguiente previsto en el acuerdo es inscribir el área como Reserva Natural de Uso Múltiple Privada “en los términos de los artículos 25 y 53 de la Ley 7107, pudiendo tramitar los beneficios que el Sistema Provincial establece”. La organización ambientalista vinculó ese planteo con la obligación de recomponer ambientes dañados y con la aplicación de herramientas que ya fueron homologadas por la justicia.
Noemí Cruz sostuvo que la recomposición ambiental es “una obligación constitucional de las provincias y del Estado Nacional… no es algo que puedan hacer si quieren o no. Además, se debería cobrar a los responsables”. En la carta también se repasó el contenido del acuerdo homologado el 3 de diciembre de 2018, donde se dejó asentado que en la finca afectada por el desmonte habitan 12 familias criollas.
El texto citado por Greenpeace indicó que “en la zona norte de las matrículas desmontadas, las comunidades de Corralito y Cuchuy realizaban en el antiguo bosque recorridos de caza y recolección, así como venta de productos y realización de changas a los puesteros criollos residentes en la finca. Las comunidades wichi de la zona sur también realizaban recorridos en la finca en busca de chaguarales y otros recursos importantes para su subsistencia”.
La presentación incluyó datos sobre fauna registrada cerca de la finca. Respecto de los mamíferos, los ambientalistas señalaron que “se encontraron 31 especies en zonas aledañas a la finca, de las cuales nueve se encuentran categorizadas a nivel nacional como vulnerables. Dos especies protegidas son endémicas de la región: cabasú chaqueño y chancho quimilero”. Según ese relevamiento, esas especies “requieren áreas poco intervenidas por actividades humanas”.
El documento también marcó que dos especies son “consideradas monumentos naturales provinciales (decretos Nº 1660/00 y 4625/11): Jaguar y Tapir, especies cada vez menos frecuentes en la región chaqueña” y que, por su gran tamaño, “se ven afectadas directamente y de manera negativa por la pérdida y fragmentación de hábitat debido a sus mayores requerimientos territoriales”.