Patricia Bullrich minimizó los cuestionamientos por la reforma de la Ley de Tierras y defendió en el Senado el proyecto que flexibiliza la compra de campos por parte de extranjeros. El oficialismo asegura haber reunido 36 votos para aprobar el dictamen, luego de semanas de negociaciones y cambios. La propuesta mantiene el límite de 25% de la superficie rural de cada provincia en manos extranjeras, aunque elimina otros controles previstos en la norma vigente desde 2011.
La iniciativa llegará a la Cámara alta con el respaldo que La Libertad Avanza dice haber conseguido. Además, el escenario podría favorecer al oficialismo si hubiera un empate, ya que la sesión será conducida por Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, quien podrá definir una igualdad.
Victoria Villarruel no encabezará el debate porque quedará a cargo del Poder Ejecutivo durante la gira internacional de Javier Milei por Ecuador y Colombia. Su ausencia tomó relevancia debido a que la vicepresidenta había expresado diferencias con algunos puntos del proyecto y advertido que no estaba dispuesta a “rifar el país”.
Qué cambia con la Ley de Tierras y los límites a extranjeros
El dictamen conserva el tope general: hasta 25% de la superficie rural de cada provincia podrá estar en manos extranjeras. También establece que las empresas con participación estatal de otros países deberán conseguir autorización de la Nación y de las provincias si buscan adquirir tierras rurales.
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Sin embargo, la reforma deroga ocho artículos de la Ley 26.737, sancionada en 2011. Entre los puntos que dejarían de regir figura el artículo 10, que fijaba una extensión máxima de hectáreas para cada comprador extranjero. La referencia para ese cálculo era de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, aunque podía modificarse según la productividad de cada región.
Con la eliminación de ese artículo, ya no seguirá vigente el límite individual de hectáreas contemplado por la ley actual. De acuerdo con la nueva redacción, un extranjero podría comprar una extensión mayor a la que antes se permitía, siempre que la propiedad extranjera no supere el 25% de la superficie rural de la provincia correspondiente y se cumplan las condiciones del proyecto.
El artículo que quitaba el tope por nacionalidad
También quedaría eliminado el artículo 9 de la legislación vigente. Esa disposición señalaba que una misma nacionalidad no podía concentrar más de 30% de las tierras habilitadas para propiedad extranjera. Si se aprueba la derogación, esa restricción específica dejará de aplicarse.
El tope provincial continuará, pero ya no habrá un límite por nacionalidad. Así, se mantendrá el máximo general de 25% de tierra rural extranjera por provincia, aunque no seguirá el mecanismo que repartía esa superficie entre compradores de distintos países.
La defensa de Bullrich y los votos que busca el oficialismo
Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, defendió la reforma junto con Nadia Márquez y Agustín Coto. La senadora presentó los cambios introducidos al dictamen como una apertura a las inversiones y rechazó que la compra de propiedades o la instalación de empresas extranjeras implique una pérdida de soberanía territorial.
“Es ridículo pensar que porque un extranjero tenga dos departamentos o dos fábricas perdemos soberanía. Propiedad no es soberanía”, afirmó Bullrich. En esa línea, sostuvo que sería un “disparate” decir que el país pierde soberanía por una compra privada o por la inversión de una compañía extranjera en territorio argentino.
La legisladora también mencionó que, si un propietario privado impidiera el acceso a un paso o a una zona estratégica, “alguien va a tener que hacer un camino”, en referencia a las facultades que conserva el Estado. Como ejemplo, citó a la bodega Chandon, de origen francés y ubicada en Mendoza: “Nadie piensa que Chandon hace francesa a Mendoza”.
El artículo 3 del nuevo dictamen modifica el criterio general de la ley. La normativa vigente permite compras de tierras rurales por parte de extranjeros dentro de un conjunto de límites orientados a evitar concentraciones. En cambio, la propuesta establece de forma expresa cuáles son las prohibiciones y restricciones que continuarán en vigencia.
El proyecto conservará cuatro restricciones principales para la adquisición de tierras rurales. Los Estados extranjeros no podrán comprar campos; las empresas con participación estatal extranjera necesitarán autorización; se mantendrá el máximo de 25% por provincia, y seguirán los controles en las zonas de frontera.
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Fuera de esos cuatro puntos, el dictamen elimina los demás controles de la Ley 26.737. Las objeciones al proyecto se concentran en la supresión de los límites por propietario y por nacionalidad, mientras que el oficialismo sostiene que los cambios negociados permitieron reunir los votos necesarios para avanzar con la reforma en el Senado.