La Unidad de Delitos Económicos Complejos presentó una acusación formal contra dos médicos que trabajaban en Neonatología del Hospital Público Materno Infantil de Salta. La Fiscalía los señaló como coautores del delito de peculado en una causa por la presunta sustracción de equipos neonatales. Según la investigación, los aparatos habrían sido retirados del Materno y luego usados en una clínica privada vinculada a una empresa de la que los acusados eran socios. En el expediente aparecen Livio Jesús Ubal y Noemí Verónica Murúa, mientras que la presentación fue realizada por la fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, ambos médicos habrían aprovechado su función dentro del hospital y el acceso al equipamiento público para sacar bienes estatales. Siempre según la causa, esos elementos habrían sido incorporados después al circuito operativo de una empresa privada de neonatología, de la que obtenían un beneficio económico.
La acusación fue presentada ante la Oficina Judicial y se apoyó en distintas medidas reunidas durante la pesquisa. Entre ellas figura una constatación en una terapia neonatal privada y también el secuestro de aparatos que luego fueron restituidos al hospital por orden judicial.
Qué sostuvo la Fiscalía sobre los médicos y los equipos neonatales
Los acusados son Livio Jesús Ubal y Noemí Verónica Murúa. La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio los señaló como coautores del delito de peculado, una figura prevista en el artículo 261 del Código Penal para quienes, por razón de su cargo, administran, perciben o custodian bienes públicos y presuntamente se apropian de ellos o permiten su sustracción.
Según la acusación, los dos médicos habrían sustraído seis equipos neonatales del Hospital Público Materno Infantil para utilizarlos en una empresa privada de neonatología. La Fiscalía indicó además que la conducta investigada habría afectado no solo el patrimonio de la administración pública, sino también el funcionamiento del sistema público de salud.
En esa misma línea, el Ministerio Público Fiscal agregó que se trata de bienes destinados a un área especialmente sensible como Neonatología, donde el equipamiento resulta clave para la atención de recién nacidos. También señaló que los hechos atribuidos habrían vulnerado deberes de fidelidad, probidad y transparencia en el ejercicio de funciones públicas.
La presentación ante la Oficina Judicial incluyó, además, un pedido de sobreseimiento para otras dos personas que habían sido imputadas en esta causa. Ese planteo se basó en que, según la Fiscalía, no fue posible acreditar su intervención en el hecho investigado.
La pista que llevó a una clínica privada
La pesquisa incluyó una constatación en la terapia neonatal Neofénix, ubicada en el segundo piso de una clínica privada de calle Alvarado 858. Allí, personal de la Unidad de Investigación UDEC-CIF detectó seis equipos médicos cuyos números de serie coincidían con los informados por el hospital denunciante.
Después de ese procedimiento, los aparatos fueron secuestrados y restituidos por orden judicial al Hospital Materno Infantil. Ese hallazgo quedó incorporado como uno de los elementos centrales de la investigación que impulsó la acusación formal.
El expediente se había iniciado a partir de una denuncia presentada por el director general del Hospital Público Materno Infantil. Más adelante, una inspección del Ministerio de Salud Pública advirtió la posible presencia de equipamiento perteneciente a ese hospital en el servicio de Neonatología de una clínica privada.
Cómo avanzó la causa desde la denuncia del Materno
A partir de esa advertencia, la Fiscalía dispuso distintas medidas para avanzar con la investigación. En ese marco se realizaron tareas de constatación y verificación sobre los equipos médicos denunciados, mientras se analizaba el circuito en el que habrían sido incorporados.
La hipótesis fiscal sostiene que los bienes estatales habrían sido retirados del ámbito hospitalario y usados luego dentro del funcionamiento de una empresa privada de neonatología. Con esa base, la UDEC formalizó la acusación contra los dos médicos y pidió el sobreseimiento de los otros dos imputados.