Un abogado constitucionalista cuestionó el alcance jurídico del proyecto presentado en la Cámara de Diputados de Salta para establecer aranceles en la educación superior pública a extranjeros que no tengan residencia permanente o temporaria. La propuesta fue impulsada por el diputado Alejandro Esper y alcanza a universidades, UPATecO e institutos terciarios estatales. Sebastián Aguirre Astigueta sostuvo que la iniciativa no podría aplicarse en la Universidad Nacional de Salta por su carácter nacional y mencionó normas constitucionales, migratorias e internacionales como parte de la discusión.
El proyecto incluye además un apartado sobre salud pública, con una propuesta para recuperar costos de atención a residentes transitorios o precarios. Esper defendió el texto como un criterio de equidad, mientras que Aguirre Astigueta afirmó que el universo de alumnos alcanzados sería reducido debido a los requisitos de residencia y DNI para cursar y recibir títulos.
El abogado cuestionó que Salta pueda fijar condiciones para la UNSa
La iniciativa presentada por Esper contempla el cobro a estudiantes extranjeros sin residencia permanente o temporaria que cursen carreras de pregrado, grado o posgrado en instituciones públicas. Entre los espacios nombrados figuran las universidades nacionales, la Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios, conocida como UPATecO, y los institutos terciarios estatales.
Para Aguirre Astigueta, el punto referido a la Universidad Nacional de Salta presenta un límite institucional. El especialista fue secretario de Asuntos Jurídicos de la UNSa y participó de la Asamblea Universitaria de 2022. Según explicó, una ley provincial no puede determinar reglas de funcionamiento para una universidad nacional.
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“Claramente no puede ser una normativa de aplicación en la Universidad Nacional de Salta”, afirmó el abogado al ser consultado sobre la posibilidad de que una norma sancionada por la Provincia imponga pagos a alumnos de esa casa de estudios. También indicó que el Estatuto de la UNSa dispone la gratuidad de las carreras de grado, según señaló, sin distinciones.
La educación universitaria y las normas que mencionó el especialista
El constitucionalista sostuvo que el debate no se reduce al valor que podría fijarse para el arancel. De acuerdo con su planteo, primero debe definirse si la Legislatura salteña tiene competencia para regular sobre una institución de alcance nacional. “Llama la atención esta cuestión en donde se cree que con un simple proyecto de ley provincial se puede avanzar sobre otras normas que claramente son de aplicación específica y no la ley provincial”, expresó.
Aguirre Astigueta enumeró el Estatuto universitario, la Ley de Migraciones, la Constitución Nacional, la Constitución de Salta y los tratados internacionales como normas a considerar. “No solamente está el Estatuto de la UNSa. Está también la Ley de Migraciones, la Constitución Nacional, la Constitución de Salta y tratados internacionales que protegen a los extranjeros”, afirmó.
El abogado también recordó el Preámbulo de la Constitución Nacional, donde se alude a “todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”. Desde esa referencia, consideró que una restricción de las características propuestas requeriría una reforma constitucional. “Toda esta nueva intentona se encuentra con una protección jurídica que no puede modificarse salvo mediante una reforma constitucional”, manifestó.
El proyecto sobre extranjeros prevé aranceles y excepciones
Esper planteó que los estudiantes extranjeros sin residencia permanente o temporaria abonen por cursar en los establecimientos alcanzados. El legislador argumentó que la medida busca contemplar los costos de los servicios educativos. “Buscamos equidad, tal como se empezó a hacer tiempo atrás en el departamento Orán con el tema de la salud que nos cuesta a todos los salteños, dado que los impuestos son nuestros y había un uso indiscriminado por parte de extranjeros que no hacían ningún tipo de aporte”, afirmó.
El diputado rechazó que el proyecto tenga un carácter discriminatorio. “Esto no es discriminación, es equidad. Es lo mismo que nos pasa cuando nosotros vamos al extranjero y tenemos que pagar por los servicios que se nos brindan”, expresó. Además, señaló que el costo anual de un alumno argentino en la UNSa varía entre 2 y 10 millones de pesos, según la carrera, y sostuvo que cada casa de altos estudios definiría el valor conforme al costo de cada estudiante.
Durante la presentación, Esper afirmó que en 2025 había alrededor de 3.800 estudiantes extranjeros sin residencia cursando estudios superiores en Salta. El proyecto establece que los recursos obtenidos permanezcan en cada institución, con administración autónoma y mecanismos de auditoría, según la información aportada por el legislador.
El texto exceptúa del cobro a refugiados, estudiantes con becas y personas que participen de programas de intercambio o convenios de reciprocidad. También incorpora una propuesta para recuperar costos de atención médica a residentes transitorios o precarios en el sistema de salud pública, aunque mantiene la gratuidad en urgencias, emergencias, vacunación y control de enfermedades transmisibles.
Sobre el posible alcance práctico, Aguirre Astigueta sostuvo que los extranjeros deben contar con DNI para continuar estudios de grado y recibir un título en la Universidad de Buenos Aires y en la UNSa. “Para continuar los estudios de grado hay que ser residente porque se tiene que contar con DNI. Solamente se inscribe extranjero con DNI y luego el título solamente se entrega con el mismo”, indicó.
El abogado consideró que la cantidad de personas que podría quedar alcanzada sería limitada y cuestionó el efecto financiero previsto. “¿Cuánto aportaría un extranjero no residente tomando esos cursos? No movería para nada el amperímetro en el sostenimiento del sistema educativo”, manifestó. Sobre UPATecO y los terciarios provinciales, reconoció una mayor intervención de Salta, aunque advirtió que una ley de este tipo podría discutirse frente a normas de rango superior.
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“Nuestro ADN constitucional es abrir las puertas a quienes quieran habitar el suelo argentino. Si existe algún problema migratorio debe resolverlo la Nación, porque esa es una competencia estrictamente federal, no de las provincias”, indicó Aguirre Astigueta.