La Fiscalía Penal de Rosario de Lerma pidió llevar a juicio a nueve personas en una causa por presunto abigeato y comercialización ilegal de carne en el Valle de Lerma. El requerimiento fue presentado por el fiscal Daniel Escalante, que les atribuyó el rol de coautores del delito de asociación ilícita y, además, dos hechos de abigeato doblemente agravado por uso de fuerza y por la intervención de más de tres personas. La acusación sostiene que el grupo habría actuado con tareas repartidas, logística definida y un circuito armado para sustraer animales, faenarlos de manera clandestina y vender la carne.
Según lo incorporado al expediente, la investigación reunió escuchas telefónicas, análisis de celulares, informes de geolocalización, testimonios, tareas de inteligencia criminal, allanamientos y secuestro de restos animales. Para la fiscalía, ese material permitió reconstruir cómo se habría movido la organización y cuál era la ruta de comercialización del producto obtenido de manera ilegal.
El pedido de juicio por abigeato apunta a una presunta organización
Entre los acusados aparece Mario Martiniano Aramayo, alias “Chivero”, de 51 años, señalado por la hipótesis fiscal como el presunto jefe de la estructura. De acuerdo con esa línea de investigación, habría sido quien daba directivas y coordinaba las maniobras atribuidas al grupo.
También fueron imputados Mario Rodrigo Aramayo, de 19 años; Martín Leandro Aramayo, de 30; y Bruno Facundo Aramayo, de 26. A los tres se les atribuye intervención en la sustracción de ganado, en la faena clandestina y en la logística posterior, siempre según la acusación presentada por la fiscalía.
En la misma causa figuran José Abel Pastrana, Joaquín Matías Burgos y Jorge Maximiliano Prieto, identificados como supuestos partícipes en el traslado de la carne y en su posterior venta. A la vez, Gastón Emanuel Esquite y Alan Ezequiel Suárez habrían cumplido tareas de acopio, distribución y apoyo logístico, de acuerdo con el requerimiento fiscal.
Uno de los puntos centrales del expediente está puesto en la forma en que se habría colocado la carne en el mercado. La fiscalía sostiene que parte del producto era ofrecido en carnicerías de la zona a precios más bajos que los del circuito formal, lo que, según la acusación, permitía su ingreso sin controles sanitarios ni trazabilidad.
La causa por juicio se apoya en dos hechos investigados durante 2025
El primer episodio fue ubicado el 18 de septiembre de 2025 en la Finca El Molino, sobre la Ruta Provincial 36. Allí, durante la madrugada, los imputados habrían cortado el alambrado perimetral para llevarse una vaca Jersey preñada. La hipótesis oficial indica que después el animal habría sido trasladado y faenado de forma clandestina.
La investigación tuvo un avance clave el 11 de noviembre de 2025. Ese día, en un control vehicular realizado en un camino alternativo hacia Finca Las Peras, personal policial interceptó un vehículo en el que se transportaban restos cárnicos. Luego, según la causa, los análisis permitieron vincular ese material con el animal denunciado por el productor damnificado.
A partir de ese procedimiento se ordenaron allanamientos. En esas medidas fueron encontrados el cuero, restos del animal y la cría sin vida, en coincidencia con las características aportadas por el denunciante. Esos elementos quedaron incorporados como parte de la prueba reunida por la fiscalía.
El segundo hecho incluido en el requerimiento de elevación a juicio ocurrió el 17 de noviembre de 2025 en la Finca Quijano. En ese lugar, siempre según la investigación, habría sido sustraído un novillo de raza Holando Argentino. La mecánica descripta en el expediente fue similar a la del caso anterior: ingreso violento al predio, extracción del animal, faena clandestina y distribución posterior de la carne.
Allanamientos, informes oficiales y otra línea abierta en la pesquisa
Dentro de las medidas sumadas al expediente también aparecen allanamientos realizados en diciembre de 2025. En esos procedimientos se secuestraron sierras, cuchillos y otros elementos considerados por la fiscalía como herramientas típicas de faena. Todo ese material fue agregado a la causa como indicio del presunto funcionamiento del grupo investigado.
Además, la fiscalía incorporó informes del Registro de Marcas y Señales y del SENASA. De acuerdo con esa documentación, los imputados no contaban con habilitación para desarrollar actividad ganadera. Para la acusación, ese dato refuerza la hipótesis de un circuito ilegal vinculado tanto a la sustracción de animales como a la venta de la carne obtenida.
El análisis de los dispositivos secuestrados también abrió otra línea de investigación. Según lo informado en la causa, de ese examen surgieron elementos que dieron lugar a una pesquisa paralela por la posible organización de riñas de gallos.
Abigeato en el Valle de Lerma: piden llevar a juicio a 9 acusados
Con ese conjunto de evidencias, el fiscal Daniel Escalante sostuvo que, para esta etapa del proceso, estaría acreditada la existencia de una organización con tareas diferenciadas, logística y coordinación interna. Sobre esa base pidió que el expediente avance a juicio oral y público, instancia en la que un tribunal deberá definir la responsabilidad penal de los nueve acusados.